Más allá de los “otros datos” que se invente nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, o le fantaseen sus asesores, los números fríos revelan lo que especialistas vaticinaron al inicio de la esperanzadora administración de la 4T: en dos años, los programas asistenciales creados o rebautizados por el Gobierno Federal, no han reducido los índices de pobreza. Y no solo es causa de la pandemia.
El Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) ha presentado dos estudios, el primero a finales de marzo, en el que proyectó que la pobreza, como resultado de “La Política Social en el Contexto de la COVID-19 en México”: de 52.4 millones de pobres en 2018, aumentaría a 61 o 62 millones de pobres en 2020, que significa casi la mitad de la población. Mientras el número total de personas en situación de pobreza extrema, cuyos ingresos no les permiten comprar la canasta básica, se incrementaría entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
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A finales de noviembre, el mismo Consejo anunció el índice de la tendencia laboral de la pobreza: en comparación con el año pasado, el ingreso laboral real mostró una disminución de 6.7%, y en 28 de las 32 entidades federativas, el ingreso laboral real tuvo una disminución de 12.3%. Al final, entre cierres y nuevos registros, se perdieron 391 mil 414 empresas y 2.8 millones de empleos en comparación con 2019.
En el caso de Baja California, con 21.6%, la muerte de empresas está por encima de la media nacional de 20.81% y la pérdida de empleos fue de 22.90%.
Esto sucede porque las empresas que dan empleos, las personas productivas, los 19 millones de personas trabajadoras con ingresos precarios y 7.2 millones de población económicamente inactiva, los que no son pobres, no son del interés, no son favorecidos ni becarios de los programas y proyectos prioritarios del gobierno lopezobradorista, como ya lo expuso un estudio de Oxfam México.
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Conforme a la versión oficial, hay entre 21.1 y 22 millones de beneficiarios de los programas sociales, en su II Informe el Presidente habló de 23 millones de familias, 7 de cada 10 familias que reciben algo del presupuesto federal. Y a partir de abril, los funcionarios federales han aseverado que 60 millones de familias están siendo apoyadas durante la pandemia cuando empezaron a repartir despensas.
Son 447 mil 837 millones de pesos presupuestados en 2020 para programas como Apoyo Jóvenes Escribiendo el Futuro; Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Jóvenes Construyendo el Futuro; Atención Médica y medicamentos gratuitos y Becas Benito Juárez para estudiantes de educación básica y media; o 647 mil millones, si se agregan los apoyos del Seguro de Vida para Madres de Familia, Microcréditos al Bienestar o atención a la obesidad, entre otros.
Dinero que sale de los 1.3 billones de pesos ahorrados por las políticas de austeridad.
Aunque los apoyos en este sentido han crecido un 65%, los pulverizan, los convierten en migajas, que ciertamente antes estos sectores y actores de la población no tenían, pero son recursos mínimos, apoyos que van de mil 600, 2 mil 400, 2 mil 550, 3 mil 600 pesos, todos bimestrales; lo que se traduce en 200 a 450 pesos semanales, que de ninguna manera, ni por casualidad, sirven para erradicar la pobreza. Menos cuando el costo estimado de la canasta básica de alimentos en México, es de mil 643 pesos. Caso similar al de los productores, a quienes se les asignan recursos que van de 5 mil, 8 mil y máximo 20 mil pesos, que se les convierten en nada.
Se trata de casi 500 mil millones de pesos erogados en paliativos del hambre, asistencia alimentaria y humanitaria, que no resultan en un mejor nivel de vida. Pero que sí se traducen una inversión en clientelismo electoral, en proselitismo permanente, dirigido directamente a ganar el ánimo de 23 millones o 60 millones de familias a las que convierte en dependientes.
No se trata de que el Presidente deje de apoyar a los 23 millones en pobres a los que ya está ayudando, pero sí que genere políticas para llevarlos a la autosuficiencia. También, que se decida a gobernar para los otros 100 millones de mexicanos que suplican por la generación de empleos y la conservación de los existentes. Y sin otorgar privilegios o engordar sus obesas carteras, abandonar su enfrentamiento político con esos 1.2 millones de ciudadanos de la clase alta del país, encontrar la manera de establecer una relación productiva con los inversionistas locales para generar crecimiento y de verdad erradicar la pobreza.
Porque con más de la mitad de la población en alguna situación de pobreza, no habrá despensa, becas o medias verdades que alcancen si los millones de desamparados siguen en aumento.
