La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos enviados por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, están en manos de los 25 diputados de la Vigésima Tercera Legislatura de Baja California.
De acuerdo con el calendario, los números del Estado serán analizados en sesiones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto los días 18 y 19 de diciembre, para emitir un dictamen que de nuevo será analizado y votado en el pleno el 22 de diciembre; después los legisladores salen de vacaciones.
Como hizo en 2020, ahora en su segundo y último año de gobierno, el ingeniero Bonilla decidió, en medio de la crisis económica agravada por la COVID-19, aumentar costos de impuestos, derechos y aprovechamientos.
El plan de la administración estatal es incrementar los ingresos propios por más de 2 mil 965 millones de pesos: plantean cobrar 711 millones de pesos (13%) más, en impuestos; 678 millones más (51%) en derechos; y mil 596 millones de pesos más (572%) en aprovechamientos.
Esto significa, entre otros aumentos, que las licencias de conducir costarán el doble, también serán más caras las placas, las actas de nacimiento y de defunción, entre otros aumentos. Asimismo, sostendrán los impuestos ambientales creados el año pasado que fueron controvertidos y probablemente el siguiente gobernador sea condenado a regresar lo recaudado.
Además, para no perder los millones que municipios y Estado recaudaron este año al cobrar irregularmente los impuestos locales de Alumbrado Público y a la Educación Media y Superior -que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales-, decidieron ignorar o burlar las sentencias, cambiándoles de nombre y/o disfrazándolos. Si quiere mayores detalles, leer la nota “Ley de Ingresos BC: servicios encarecerán 39.7% en 2021”, publicada en la edición 2437 de ZETA, por mi compañera Julieta Aragón Domínguez.
En cuanto a la forma de gastar el dinero, traen un doble discurso. Uno es el de teoría y el segundo la realidad. De entrada, aseguran que no hay reducción en ninguna área sustantiva, porque el presupuesto 2021 es mayor que el aprobado para 2020, lo cual es real; sin embargo, también es verdad que los gastos con los que van a cerrar el presente año, están por encima del presupuesto votado en diciembre de 2019, al que se han aprobado varias ampliaciones. Y comparados con los presupuestos ejercidos en la vida real, a varias secretarías sí les va a reducir el presupuesto.
Por ejemplo, en su propuesta, dejaron claro que no tienen contemplado invertir en mejorar el Sistema de Salud que en 2021 continuará combatiendo el virus SARS-CoV-2. Un sistema que los gobiernos morenistas han calificado de deficiente e insuficiente, porque así lo heredaron de “las corruptas administraciones panistas”. Sin embargo, los bonillistas decidieron que el próximo año recortarían 756.5 millones de pesos a lo invertido por la Secretaría de Salud este año en Baja California.
La seguridad y combate a la impunidad tampoco serán renglones prioritarios al Poder Judicial, que no tiene los jueces ni Juzgados suficientes para impartir justicia rápida y expedita. Les consideraron un presupuesto de mil millones, igual que el año pasado. Son apenas 200 millones más, que el presupuesto de 802 millones que asignaron a los 25 diputados de un Congreso dedicado a aprobar todas las iniciativas y los caprichos del gobernador, al que por cierto le aumentaron 10 millones de pesos.
Sin embargo, donde sí piensan meterle millones adicionales, es a los programas de asistencialismos alimentario y humanitario, al proselitismo permanente que les permite, mediante la entrega de pocos pesos y despensas a muchas personas en condiciones de pobreza, ganar su favor y ánimo electoral. Esa gente a la que al final de las jornadas, le hacen grabar un video dándole las gracias al gobernador del Estado, como si el dinero hubiera salido de su bolsa o de sus empresas.
De hecho, el 15 de diciembre, en la comparecencia del secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Rodolfo Castro Valdez ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la presidenta Julia Andrea González Quiroz preguntó al respecto: ¿En qué se van a gastar el aumento de 241 millones que propusieron para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social?
El funcionario respondió que continuará “con la distribución en la atención directa durante las Jornadas de la Paz y en la incorporación de obras sociales como el mejoramiento de vivienda, rehabilitación de pozos de riegos, proyectos para incorporación de redes en el agua, entre otros”, sin mayores detalles o explicaciones respecto a los millones.
Conforme a lo plasmado en la propuesta presupuestaria, contemplan gastar 929.1 millones de pesos que quieren destinar para ayudas sociales a personas; o 30.9 millones de pesos etiquetados como Otras Ayudas, ambos programas que se traducen en clientelismo electoral.
Lo deseable en este punto es que el Congreso deje de ser la caja de resonancia de Jaime Bonilla. Que actúen con la independencia que tienen al ser el Poder Legislativo y no obedezcan ciegamente las órdenes de quien palomeó las candidaturas que hoy los tienen en la curul, como lo hicieron el 31 de diciembre de 2019, cuando aprobaron una ola de aumentos sin estudios previos ni análisis de la Auditoría Superior, sin revisión en comisiones, solo por un acuerdo realizado entre el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, con la coordinadora de la mayoría morenista, Monserrat Caballero y Juan Manuel Molina.
El presupuesto fue presentado a su consideración, para que lo estudien, discutan, deliberen y modifiquen de ser necesario, antes de votarlo. Tienen un año en funciones, conocen la comunidad y sus necesidades. No pueden seguir actuando como marionetas, firmando cheques en blanco.
