El pasado 10 de diciembre, se publicó una reforma del Artículo 8 de la Constitución de Baja California, en la cual, se crean nuevos derechos en favor de los habitantes del Estado.
Los nuevos derechos son variados y abarcan distintas materias, como el derecho al acceso gratuito de Internet en edificios públicos, el derecho de vivir en ciudades seguras, el derecho a no ser discriminado, el derecho al libre acceso al agua, etc.
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La verdad de las cosas es que varios de estos “nuevos” derechos han estado vigentes desde hace tiempo en la Constitución Federal. Se trata de una práctica común de nuestros diputados. Piensan que solamente aprobando leyes bonitas o populares se resolverán los problemas, cuando la realidad es otra. Podemos tener un sistema jurídico perfecto en papel, pero en la práctica resulta inoperante.
Un claro ejemplo lo vemos con uno de los derechos recién aprobados, agregado en la fracción X del Artículo 8 de la Constitución Estatal, consistente en el derecho “A tener acceso a una justicia pronta, expedita y eficaz”. Este derecho fundamental a una justicia pronta y expedita se encuentra vigente en la Constitución Federal desde 1987. Incluso, si los diputados de BC hubieran leído la Constitución del Estado en su Artículo 56, se habrían percatado que ahí también se prevé el derecho a recibir una justicia pronta.
Con motivo de la pandemia del virus COVID-19, en Baja California se ha agravado el problema de la administración de justicia. Los juicios civiles, mercantiles y penales, que antes eran lentos, hoy avanzan aún más despacio. Pensamos que el problema no es atribuible a los integrantes del Poder Judicial, sino al sistema procesal que tenemos, el cual resulta prácticamente arcaico. Los juicios no se han modernizado en décadas.
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Si en realidad queremos una justicia pronta y expedita, se debe de reformar a fondo el sistema judicial, actualizándolo con las nuevas tecnologías de información para que se puedan llevar a cabo los juicios en línea, similar a lo que ha hecho el Poder Judicial Federal y otros Estados.
Por ello, en lugar de que nuestros diputados se limiten a decir que tenemos garantizada una justicia pronta y expedita, deberían de analizar la verdadera problemática y proponer soluciones efectivas. De entrada, existen dos sugerencias:
1.- Dotar de un mayor presupuesto al Poder Judicial, a fin de que pueda implementar la tecnología requerida para modernizar los juicios; y
2.- Reformar los códigos procesales y leyes que se requieran, para que los juicios sean en línea, ágiles, y sin tanto formalismo (es verdad que el Congreso de la Unión es el único que puede legislar en materia procesal civil, pero somos de la idea que mientras esto no suceda; el Congreso de BC mantiene su facultad para modificar dichas normas).
Así pues, hacemos un llamado a los diputados de BC, para que en realidad legislen soluciones a los problemas de la administración de justicia. La sociedad lo requiere urgentemente.
El autor es Socio de la firma de abogados en De Hoyos y Avilés S.C., y vicepresidente de Coparmex Tijuana. Es especialista en derecho procesal y amparo.
Correo: ignacio.ochoa@dha.mx
