La solicitud de un crédito por 380 millones de pesos le fue aprobado por mayoría al Ayuntamiento de Tijuana, por parte del Cabildo este lunes 14 de diciembre, con la finalidad de cubrir el adeudo que se tiene con el ISSSTECALI.
Hace unas semanas el alcalde Arturo González Cruz había expuesto ante los regidores que, derivado a varios compromisos incumplidos por parte del gobierno de Jaime Bonilla, se tenía un adeudo con el ISSSTECALI. Su administración había heredado una deuda con el Instituto que se pagaría con las participaciones federales que no había entregado el gobierno estatal, compromiso que quedó asentado en un documento firmado el pasado mes de julio.
En medio del conflicto político que se mantiene entre Bonilla Valdez y González Cruz, el gobierno del estado no cumplió con su parte del compromiso y desde agosto ISSSTECALI ha emitido varios requerimientos al municipio para que pague el adeudo.
Este lunes 14 de diciembre, en sesión de cabildo se solicitó una línea de crédito de cerca de 380 millones de pesos para cubrir el adeudo, de acuerdo con lo detallado en el punto de acuerdo presentado por el alcalde, sería un crédito que se liquidará a más tardar el junio de 2021.
Los votos en contra de este punto de acuerdo fueron de la Síndico Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, y la regidora Mónica Vega. Esta última argumentó que el tema se debe tomar como algo administrativo, no político “donde los tijuanenses no deberían pagar los platos rotos” y puntualizó que el Senado reportó que Tijuana es la ciudad más endeudada del país, superando a Monterrey.
El alcalde por su parte, expuso que las acciones que el Ejecutivo Estatal ha dedicado al municipio, son lamentables y solo quieren asfixiar las finanzas públicas.
“El Gobierno del Estado no ha perdido la oportunidad de fastidiar a esta administración”, expresó y añadió que al momento se le debe al municipio un recurso de cerca de 600 millones de pesos de participaciones federales.
También se aprobó por mayoría un cambio en la concesión de carteleras publicitarias, lo que causó otro roce entre la mayoría de los regidores y la Síndica Procuradora.
La concesión originalmente pertenecía a la empresa Molior Omni, S.A. de C.V., otorgada en 2013. A través de un oficio, la representante legal de dicha empresa expresó que era deseo ceder los derechos a favor de la sociedad Exteriores Publicidad de Baja California.
Este punto de acuerdo fue presentado por el regidor Germán Zambrano, quien argumentó que encontró varias anomalías y por esto se contempló dicho cambió, aunque sin pasarlo a comisiones.
También se aprobaron los cambios de metas del Programa de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal, correspondiente al Fondo III del Ramo 33 para el 2020, ya que algunas obras siguen en desarrollo y otras están iniciándose en las nueve delegaciones del municipio, a fin de que los recursos designados no sean regresados a la federación.
