El presidente del grupo Unidos por Tijuana, Álvaro Montaño Rubio, sostuvo que el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2021 debe contemplar recursos suficientes para adquirir equipo con el que se pueda implementar la consulta remota de los expedientes, así como las audiencias virtuales.
En entrevista con ZETA, remarcó que este jueves 10 de diciembre se presenta proyecto de Presupuesto de Egresos a la XXIII Legislatura de Baja California. De ahí que a nombre de Unidos por Tijuana se pronuncie porque no se desatienda el tema de la justicia electrónica, de manera que el trámite de expedientes y el desahogo de los asuntos puedan agilizarse.
“Ahora con la situación sanitaria tan grave que estamos viviendo, estamos viendo que la justicia en Baja California está detenida, algo que no puede suceder, creemos que el Poder Judicial debe ser aliado de la tecnología y debe implementar los mecanismos necesarios para efectos de estar a la altura de estados como Baja California Sur, Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, como muchos otros en el país, que ya son aliados de la tecnología y permiten que la justicia avance muy rápido”, manifestó.
Montaño Rubio, explicó que ante la contingencia por la propagación del coronavirus COVID-19, la falta de herramientas tecnológicas ha venido a repercutir en el procedimiento judicial, pues con la excepción del sistema de justicia penal oral, no se están llevando a cabo audiencias por el riesgo de contagio, tomando en cuenta que los espacios disponibles para tales efectos “son muy reducidos”. De modo que de contarse con la tecnología adecuada, las sesiones pudieran celebrarse en la modalidad de virtuales.
“Lo que está sucediendo es que no están señalando fechas de audiencia, si no están señalando fechas de audiencia quiere decir que el juicio no avanza, no puede dictarse la sentencia, quiere decir que la justicia está detenida”, indicó.
También dijo que bajo las actuales condiciones “no hay certeza en las transacciones comerciales, existe mucha incertidumbre en virtud de que hay mucho fallecimiento por el tema del COVID y los bienes de personas que están pasando a mejor vida se están quedando sin certidumbre jurídica”, además de que por otro lado “hay mucho divorcio y las pensiones alimenticias pueden detenerse, pueden verse frenadas”.
Según insistió, “tiene que implementarse la partida presupuestal correspondiente, se les ha estado pasando eso, cuando este tema es fundamental y es vital, es imperante que se instrumente la cuestión electrónica en la impartición de justicia en Baja California”.
Ramón Rodríguez García, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas, además mencionó que “el principio de división de Poderes no debe ser vulnerado por un presupuesto inadecuado” y que “el Poder Judicial ha venido funcionando con recursos que no le han sido suficientes para modernizar, actualizar y hacer eficiente la justicia”.
Consultado vía telefónica, el abogado afirmó que “existe la posibilidad de que el presupuesto que se estará solicitando, que es alrededor de mil 700 millones de pesos por parte del Poder Judicial, pretende ser modificado en un momento dado y trabajar con los montos que se vinieron trabajando en este 2020″.
Refirió que de darse ese escenario, ello sería “catastrófico para la impartición de justicia, porque no van a tener la capacidad económica para modernizar la justicia, para que la justicia ante esta nueva realidad que se vive esté llegando a la sociedad”.
Advirtió que “si no tenemos tribunales digitales, estructura física y material (la justicia) no va a poder funcionar”.
Señaló que para 2020 “se pidió una ampliación de 60 millones de pesos, la cual no ha sido entregada todavía”. A su modo de ver, ello implica, que el sistema de justicia no funcionó con el presupuesto inicial (de mil millones de pesos); de ahí que el monto de mil 700 millones para el próximo año “es el adecuado definitivamente”.
De no contarse con un financiamiento de esas proporciones, “vamos a estar con más expedientes rezagados, con más gente que no ha sido atendida de forma justa”, consideró.
De acuerdo con el entrevistado, a nivel estatal el Poder Judicial opera con “menos del 2% del presupuesto para el estado de Baja California”.
A nombre del Colegio de Abogados Constitucionalistas planteó que el financiamiento se eleve a 10%.
Subrayó que “ya es una exigencia que en los tiempos actuales se requiere que la justicia no debe estar suspendida”, por tanto, “una manera de poder actuar los abogados, los justiciables, es a través de los medios electrónicos así que ya es una necesidad, ya va a ser la nueva forma jurídica”.
A partir de esta semana el semáforo de riesgo de contagio de coronavirus volvió a ponerse en rojo en Baja California, en donde los casos de transmisión han venido incrementando desde hace poco más de dos meses, según reportó la Secretaría de Salud federal.
Ante ese panorama Rodríguez García finalmente recalcó: “eso es un indicativo de que no estábamos preparados, así que ya no hay marcha atrás, debemos ir hacia la digitalización de los tribunales”.
