El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aprovechó una vez más la transmisión matutina vía redes sociales para denostar el trabajo hecho por el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz. El motivo de las declaraciones fue para defender la postura de la Síndico, María del Carmen Espinoza, quien se ha negado a firmar la documentación que hace falta para iniciar los trabajos de instalación del elevador en el Ayuntamiento de Tijuana y a quién González Cruz ha responsabilizado.
“Esto es muy típico de alguien que no conoce el funcionamiento de un gobierno –en referencia a González Cruz-, pero ya tiene más de un año en la alcaldía, ya era para que entendiera exactamente el procedimiento. Por mucho tiempo la síndica ha señalado muchas cosas, pero han caído en oídos sordos, no ha habido fuerza en el Ayuntamiento que la respalde, tenemos un cabildo muy cooptado por intereses económicos, que es una verdadera vergüenza y despilfarran el dinero, piden dinero prestado… Es injustificable lo que está pasando ahí, entonces, todo el apoyo a la síndico para que las cosas se hagan perfectamente bien, tiene que haber transparencia en todo”, opinó Bonilla Valdez.
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Además, dijo que en el Club Campestre cuando González Cruz lo presidía, violaron la Ley de Ingresos en la que se hizo un contrato con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) que es considerado violatorio a la Ley, además, que como alcalde en funciones, le condonó una gran cantidad de impuestos de predial.
La secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, que también opinó al respecto, explicó que el trabajo de los órganos de control como el que ella representa y el de la Sindicatura Municipal, tienen la responsabilidad de verificar todos los procesos por adjudicación directa, licitación, compra o donación que se haya generado.
“Que se haga un trámite que quizá tenga que soltarse mucho recurso, se tenga que ejecutar esta obra para poder habilitar el elevador, pero que desafortunadamente, no le han mandado la información completa con todas las documentales que prueben que hubo una licitación, una adjudicación, que hubo proveedores que verdaderamente llevaron sus propuestas y que hubo una participación por parte de la Sindicatura que es el representante legal y de los asuntos jurídicos y finanzas del municipio.”
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“La responsabilidad va a recaer en todas aquellas personas que tengan una firma, pero en quienes tengan la titularidad de las dependencias, por esta razón la Ley de Responsabilidades Administrativas, a la síndico no le permite otorgar cualquier firma para cualquier trámite que se le ocurra a un funcionario”, indicó Espinoza Martínez.
