La injerencia de la identificación, los antecedentes
y la calidad migratoria de los extranjeros, impide
que el Estado sea considerado santuario, refirió
José Luis Pérez Canchola, primer procurador de
Derechos Humanos en Baja California. Graciela
Zamudio, de Alma Migrante, dice que un Estado
migrante no es aquel donde se solicita una
identificación especial para migrantes o que no
puedan tener acceso a los servicios sociales; al
tiempo que Tania García, de Espacio Migrante,
ejemplifica con el burocratismo y la falta de
comunicación con los migrantes, para quitarle
esa calificación a BC. En la CEDHBC, Miguel
Mora informa que llevan 37 quejas por
afectaciones a migrantes
Baja California no es un Estado Santuario migrante ni en materia legal, ni en la práctica; ese concepto solo se encuentra en la retórica de los discursos del titular del Poder Ejecutivo estatal, aseguraron asociaciones civiles y activistas defensores de los Derechos Humanos de las personas en contexto de migración en la entidad.
Hoy viernes 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de Migrante, y en el marco de esta fecha se llevará a cabo el foro ciudadano Tijuana, Tierra de Migrantes, donde el Congreso legislativo bajacaliforniano sesionará en el edificio del Ceart, en la Tercera Etapa del Río Tijuana.
En dicho espacio se nombrará a Baja California como un “Estado Santuario”; se promulgará una ley a favor de las personas en contexto de movilidad y se anunciará la creación de un documento de identificación para migrantes mexicanos y deportados que carezcan de documentación oficial.
Sin embargo, asociaciones civiles y activistas que trabajan en materia de derechos humanos a migrantes, señalan que el Estado está lejos de ser “santuario migrante” más allá del discurso gubernamental, ya que hacen falta reglamentaciones y sanciones para quien vulnere los derechos individuales de las personas que transiten por la región, sin importar su origen, nacionalidad, idioma y color de piel.
Explicaron que las escasas campañas dirigidas a la población en contexto de movilidad por parte del Estado son poco acertadas, por la manera deficiente de socializarlas. No contemplan aspectos como el idioma, o que muchos de los migrantes no cuentan con telefonía celular o conexión a internet, por lo que la mayoría de las personas en esta situación, desconocen del apoyo gubernamental.
Por otra parte, la idea de generar una identificación para migrantes los horroriza, ya que, para considerarse un Estado Santuario, no debería ser necesario generar credenciales que avalen el estatus migratorio en BC.
Opinan que ninguna corporación de seguridad del país debería solicitar a las personas que transitan por el Estado Santuario demostrar su estatus migratorio; menos aún pueden ser detenidos y entregados al Instituto Nacional de Migración (INM), ya que esa función es única y exclusiva de la dependencia federal.
De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), de 2019 a la fecha, han recibido 90 quejas de migrantes por presuntas violaciones a sus derechos a seguridad jurídica, a la igualdad, al trato digno, a la protección de la salud, a la libertad y a la legalidad.
¿QUÉ IMPLICARÍA SER UN ESTADO SANTUARIO MIGRANTE?
Para responder a esta pregunta, ZETA buscó a Graciela Zamudio Campos, directora general de la asociación civil Alma Migrante, donde apoyan legalmente a personas en condición de movilidad en Tijuana. Indicó que de principio, generar ese concepto implica no solicitar identificación para servicios de salud.
“Lo primero que tenemos que reflexionar es cómo se ve un Estado Santuario. Me pregunto, por ejemplo, si es un lugar donde las personas migrantes requieren de una identificación para poder acceder a los servicios de salud. Yo creo que no”, planteó de entrada.
“Un Estado Santuario seguramente es aquel donde las personas migrantes no necesitan tener ningún tipo de documentación para acceder a los servicios de salud, de alimentación, de vivienda; a los servicios relacionados con los derechos económicos sociales y culturales”, amplió Zamudio.
Este tipo de prácticas se dan casi todos los días en BC, y sobre el anuncio que darán hoy viernes sobre otorgarle una identificación a las personas migrantes que se encuentren en la entidad, “creo que ese tipo de elemento, es un elemento al que normalmente no asisten los estados santuario”.
– ¿Qué implica el hecho de que les den una tarjeta de identificación a las personas en contexto de migración?
“Significa, por supuesto, que requieren una identificación especial, que no es suficiente que muestren su pasaporte como cualquier otra persona lo mostraría, que es suficiente que muestren la identificación de su país como cualquier persona lo mostraría. Ellos necesitan mostrar documento adicional, y, sobre todo, creo que no es natural de los estados santuario el hecho que estas tarjetas además estén expedidas independientemente del marco de la normatividad migratoria.
“Pregunto de nuevo: ¿El Estado Santuario será un lugar donde las personas migrantes serán abusadas por la Policía Municipal todo el tiempo? Un Estado Santuario más bien se ve como un lugar donde las personas son respetadas solamente por ser personas, independientemente de si son mexicanas o extranjeras, o si vienen de algún otro lugar”.
– ¿Qué ejemplos tenemos de estado santuarios?
“En términos de declaración, hay en todas partes del mundo, pero la realidad es que los estados santuario más allá de las declaraciones, surgen a partir de las realidades, precisamente donde, por ejemplo, me parece que en Nueva York, el gobierno local ha tomado la determinación de no colaborar con las autoridades migratorias en la detención de personas migrantes. Ese tipo de declaración y su cumplimiento pueden llegar a abonar para la construcción de un Estado Santuario.
“En el caso de Tijuana, que es uno de los municipios más importantes de Baja California, por el contrario, tenemos una resolución que se dictó desde 2018, de suspensión firme en un expediente. El amparo 1597 de 2018, donde el Juez de Distrito ordenó a las autoridades municipales poder detener esta práctica ilegal, de entregar a las autoridades migratorias a las personas extranjeras que detienen, han pasado dos años sin que tengamos una seguridad respecto del cumplimiento de esta resolución”.
La orden del juez fue eliminar la práctica de la Policía Municipal y que dejaran de entregar a Migración a las personas extranjeras que detienen, quizá por una infracción administrativa o por un delito. Lo que ordenó es que cuando los detengan, no los pueden entregar para su deportación, al implicar una extralimitación de las autoridades municipales.
“Estas acciones implican una doble sanción; solamente por ser migrantes, por el hecho de ser extranjeros, no nada más si cometen una infracción o un delito pueden llevarlos con las autoridades correspondientes, sino que por el hecho de ser extranjeros también los envían con autoridades migratorias para su deportación”, agregó.
-¿Esta práctica se ha mantenido pese a lo que dictó el juez?
“Sí, aún continúa y es verdaderamente difícil monitorear sobre todo en el tiempo de pandemia, porque las autoridades actúan en un contubernio que no está a la luz del día. Ellos dicen que es Migración quien viene por las personas, a la Estancia Municipal de Infractores, pero la realidad es que el solo contenido de la suspensión prohíbe que incluso viniendo Migración por las personas a la Estancia Municipal de Infractores, el director no las puede entregar. El hecho de que les están entregando personas extranjeras que han detenido en la Estancia Municipal de Infractores, hace que violen la suspensión continuamente”.
– ¿Es Baja California un Estado Santuario migrante?
“Creo que no, quisiera ser un Estado Santuario migrante, pero le falta mucho. La intención que tienen las autoridades, me parece que necesita mucho cobijo de la sociedad civil. Autoridades deben escuchar y aprender de la experiencia que tantas organizaciones de la sociedad civil que llevan trabajando, algunas de ellas décadas en esta región, les pueden ofrecer”, finalizó Graciela Zamudio.
“UNA COSA ES EL DISCURSO, Y OTRA LA MATERIA ESPECÍFICA EN TÉRMINOS DE NORMAS”
Defensor de los Derechos Humanos en los últimos 45 años en Baja California y actual director de Atención al Migrante en el Ayuntamiento de Tijuana, José Luis Pérez Canchola, declaró a ZETA que para tener la certeza de que esta entidad federativa se convierta en Estado Santuario, debe haber medidas por escrito, junto con sanciones a quien las ignore.
“El concepto de santuario se puede y se debe aplicar sobre todo en las condiciones que está Baja California y Tijuana, pero tiene que quedar por escrito con un protocolo, una reglamentación con sanciones a quien lo violenta, si no, no tiene sentido. El concepto de fortalecer, favorecer y proteger a los migrantes está presente solo en el discurso político”, comentó.
Parte fundamental de la estrategia a seguir por parte del Estado, es indicar y capacitar a las corporaciones de seguridad, a los impartidores de justicia para que no exijan la identificación de las personas solo por el hecho de ser extranjeros.
“Se debe instruir a todas las autoridades: policías, jueces, delegados, a no involucrarse en la identificación de personas solo por ser extranjeros. He conocido extranjeros que cometen una falta administrativa en el municipio y los detienen, los arrestan y luego se dan cuenta que son extranjeros y los entregan en Migración, eso es lo indebido”, ejemplificó.
Pérez Canchola explicó que cualquier migrante, en cualquier circunstancia que llegue a territorio bajacaliforniano, tiene en principio los derechos de cualquier otro habitante: al trabajo, a la salud y a la educación. Pero es un tema que no tiene que ver con el adjetivo de santuario, sino derechos establecidos plenamente por la Constitución Mexicana.
“Cuando agregas el concepto o la demanda de santuario, territorio santuario, Estado Santuario, Municipio Santuario; ahí estamos hablando de que ninguna autoridad judicial de Seguridad Pública puede exigir identificación a la persona con la que está tratando”, y aclaró que en el caso de un extranjero que se pasa una luz roja o un alto de disco, lo detiene la Policía de Tránsito: el elemento se debe limitar exclusivamente a la falta que cometió “y no investigar si es extranjero, si trae documentos e identificación, y si no trae nada, llevarlo a Migración. Eso en un Estado Santuario no puede suceder”.
Y abundó: “En un Estado Santuario o Municipio Santuario, la única autoridad autorizada y capaz de pedirte una identificación es el Instituto Nacional de Inmigración, ni siquiera la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, a pesar de que le dieron funciones, son de apoyo, de acompañamiento a los agentes de Migración.
“El Estado Santuario se refiere exclusivamente a la no injerencia de autoridades locales en la identificación, antecedente, la calidad migratoria de la persona con la que tienen alguna interacción y menos con ese pretexto entregarlo a una autoridad migratoria. Ahí hay violaciones a derecho internacional incluso de migrantes”, remató el activista y defensor de Derechos Humanos.
Otro de los problemas que afectan a las personas en situación de tránsito por BC, es la burocracia en los procedimientos, la lentitud de los procesos, la insensibilidad de las autoridades o de funcionarios públicos, para que los migrantes tanto nacionales como extranjeros y los deportados conozcan y hagan valer sus derechos que en la letra están constitucionalmente.
“Es cuestión de facilitar, favorecer, acompañar, asesorar a esta gente, sabes bien, hay muchos grupos de Derechos Humanos que lo hacen aquí, pero en términos generales debería funcionar de manera normal y natural, esa gente integrándose a nuestra comunidad con derecho a la salud, al empleo, al trabajo, a la escuela, igual que todos los que aquí vivimos”, exhortó.
ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, INVISIBILIZADORAS
Con la pandemia por COVID-19 se ha agravado la discriminación y las vulneraciones a los derechos humanos de la población migrante en Baja California, considera Tania García Barajas, coordinadora del área legal de Espacio Migrante.
En entrevista con este Semanario, detalló que los procesos de solicitudes humanitarias en Estados Unidos se han detenido, generando que muchos de los solicitantes se queden varados en Baja California. Sus permisos migratorios vencieron y la renovación les está siendo negada por parte de la autoridad migratoria federal.
Agregó que no hay programas o estrategias bien enfocadas para la población migrante y existe un desconocimiento generalizado de los derechos que tienen las personas en contexto de tránsito, tanto que a algunos les han negado el servicio médico por no ser ciudadanos mexicanos.
“No los atienden solo por no ser mexicanos, principalmente han discriminado a la población haitiana y africana. Es un grave retraso el que tienen las instituciones en cuanto a las políticas de atención al migrante. Aquí tuvimos un caso de una mujer con un problema en el corazón que requería una operación y se la negaron, por no ser mexicana”, contó.
Otra de las fallas que hay en el Estado y que se debe corregir para que se considere a Baja California como Estado Santuario, es la falta de estrategias de comunicación para socializar mejor los beneficios gubernamentales entre la población en condición de movilidad.
Para ella, las campañas que se generan no están bien enfocadas a este sector, ya que el idioma de la propaganda es en español, mediante redes sociales o en medios de comunicación, pero invisibiliza a la población que habla otros idiomas y no saben español, ignoran a los deportados que hablan inglés y que la mayoría de estas personas no cuentan con dispositivos electrónicos o conexión a internet.
García Barajas sugirió que las campañas deberían hacerse en francés, criollo e inglés, además de español; y que las autoridades deben ir directamente a los refugios, albergues y centros migrantes para explicarles los programas y sus derechos como personas que transitan por territorio bajacaliforniano.
“Quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de los migrantes, no creemos que Baja California sea un Estado Santuario migrante, esto implica que se reconozcan los derechos de las personas, su libre tránsito, la garantía de igualdad de privilegios y la no criminalización de quienes por condiciones adversas, se han visto en la necesidad de migrar”, sentenció.
DETENCIONES ARBITRARIAS, LAS QUEJAS ANTE LA CEDHBC
El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que en el año se han presentado 37 quejas relacionadas a personas en contexto de migración.
Los principales Derechos Humanos presuntamente vulnerados han sido: el derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad, al trato digno y a la libertad. En tanto, las autoridades más señaladas han sido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, con 15 quejas; Secretaría de Salud del Estado, con seis; Instituto Nacional de Migración, cuatro; y Fiscalía General del Estado, con tres quejas.
La tendencia se ha mantenido en aumento en los últimos cuatro años: en 2016 se contabilizaron 24; en 2017, 43; en 2018, 50; y durante 2019, 53 quejas.
Para concluir, el funcionario expresó que, aunque no se encuentran en primer lugar, las detenciones arbitrarias por parte de las policías municipales son constantes.
