La enmienda que permite al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, intervenir en el procedimiento para sustituir munícipes, interfiere con la vida interna de los municipios, a decir de abogados y actores políticos. Alcalde de Tijuana anunció que procedería jurídicamente. Es otra “jugarreta” del mandatario estatal, consideró ex presidente municipal. Congreso puede “tocar leyes internas”, arguyó presidenta de la Jucopo
El domingo 15 de noviembre entró en vigor la reforma al Artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal de Baja California, con la cual el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, obtuvo facultad para involucrarse en el proceso de suplencia de munícipes. Según establecieron fuentes consultadas, la modificación atenta contra la autonomía de los municipios, toda vez que la Constitución precisamente los contempla en su condición de entidades autónomas.
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A su vez, el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas señaló que el ajuste violenta el Artículo 115 constitucional, el cual indica que “las licencias de los munícipes es un asunto reservado a la facultad reglamentaria municipal”, citó la agrupación de profesionistas en un pronunciamiento formal.
El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, quien se ha pronunciado con aspiraciones a buscar un cargo de elección en 2021, consideró que el mandatario estatal busca perjudicarlo a través de la enmienda. Enfatizó que de cualquier modo no va a renunciar a sus derechos políticos y procedería jurídicamente.
La reforma publicada como Decreto 158 a raíz de una iniciativa enviada por Bonilla Valdez a la XXIII Legislatura de Baja California, dispone que cuando un alcalde solicite licencia por más de 30 días naturales, el Congreso local resolverá la ausencia y, en caso de que el suplente no llegue a asumir el cargo, el mandatario estatal enviará una terna al Legislativo para cubrir la vacante. Además, incorpora un artículo transitorio con el que se deroga cualquier disposición reglamentaria que se contraponga a semejante modificación.
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Ello dejó sin efectos el poder de los ayuntamientos para resolver de acuerdo con su propio reglamento las solicitudes de licencia a presidentes municipales.
La propuesta, remitida el 12 de noviembre al Congreso por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, fue aprobada dos días después, con base en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La misma fecha de su aprobación, apareció publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
Ese día, estaba programado que el alcalde solicitara licencia (de nueva cuenta, pues ya había apelado a tal derecho el 14 de octubre). El primer edil procedería a la solicitud en sesión extraordinaria de Cabildo, con la idea de proponer a un regidor como reemplazo, en lugar de la suplente electa Karla Ruiz Macfarland (según contemplaba la iniciativa referente a la petición). Finalmente, habiendo prosperado el proyecto del gobernador en calidad de decreto, la reunión de trabajo fue cancelada.
En un mensaje emitido vía red social, el munícipe aseguró que Bonilla había perpetrado “otro acto más para buscar un poderío absoluto, sin importar las leyes y la autonomía de las instituciones”.
Aseguró: “Hoy nuevamente (el mandatario estatal) busca afectarme, la ciudadanía lo sabe y lo tiene muy claro, pero le repito, no renunciaré a mis derechos políticos. Presentaremos una controversia constitucional”.
Si para esa segunda ocasión González Cruz no dejaba al frente del Ayuntamiento a Ruiz Macfarland (hija del fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández), con el ajuste a la Ley de Régimen Municipal, Bonilla Valdez hubiere propuesto quién asumiera la alcaldía.
QUEBRANTO DE LA AUTONOMÍA
Para el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Cabildo de Tijuana, Luis Antonio Quezada Salas, la modificación a la norma “seguramente será revocada por la vía constitucional”.
“La cuestión de que el Estado decida quién va a ser el candidato suplente me parece totalmente una violación a la autonomía del municipio, sobre todo una violación completamente a la Constitución local y obviamente a la Constitución federal, que te habla de la autonomía de los municipios. Entonces ya no es autónomo el municipio, ahora está supeditado a los intereses del Estado, lo cual me parece una violación grave”, expuso a ZETA el edil perredista.
Sobre el recurso con el que González Cruz procedería, asentó que debía ser discutido y votado por los regidores en conjunto con dos controversias más.
Foto: Jorge Dueñes.- Antonio Quezada Salas, Regidor de Tijuana
Por otro lado, aseguró que el alcalde estaba en su derecho de proponer a alguien que no fuera Ruiz Macfarland para sustituirlo: “No está impedido. El reglamento interno de Cabildo, tiene un artículo que te habla de que el presidente, cuando pueda ausentarse por un periodo, podrá designar, entonces le da la facultad a él, no queda muy claro, pero le da la potestad de poder designar a quien lo vaya a suplir”.
En una video transmisión efectuada el 17 de noviembre, Bonilla Valdez afirmó que el munícipe tijuanense pretendía despojar a Ruiz Macfarland de la suplencia “para dársela a un hombre inclusive de otro partido”. En ese contexto se refirió a “un regidor” que iba a tocarle (al gobernador) “la puerta cada semana porque quería apoyo económico y decía que cuando llegara a ser regidor, iba a ser muy generoso, y no ha hecho otra cosa que estar amenazando con acciones contra la gente que no usa cubre bocas”.
La descripción remite al proceder del edil petista José Cañada García, en lo referente a impulsar una medida para multar a quien no porte mascarilla, a propósito de las disposiciones emitidas ante la propagación del coronavirus.
“UNA JUGARRETA MÁS DEL GOBERNADOR”: JORGE RAMOS
El ex presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, opinó vía telefónica que “la manera en la que el gobernador se inmiscuye en la vida interna del municipio” resulta “violatoria de la Constitución”.
Sostuvo que “no le corresponde al Poder Ejecutivo invadir un orden de gobierno que es autónomo”, y desde su perspectiva, ello “es a todas luces inconstitucional”. Tachó de “muy lamentable que el Congreso de Baja California se haya prestado a una jugarreta más del gobernador”, quien en el bienio que encabeza se ha distinguido por enviar al Congreso diversas iniciativas de corte electoral y recaudatorio.
El ex munícipe panista, quien en 2018 perdió en contienda para senador ante Bonilla Valdez, indicó que el Decreto 158 constituye un “atentado a la autonomía municipal”, toda vez que esta “reside en la democracia, que es precisamente el voto popular, que le da legitimidad a cómo se instala un Ayuntamiento y con quiénes”.
En cuanto a la decisión de González Cruz de controvertir la reforma, “yo no me metería a ese juego porque es parte de los distractores, de los pleitos que nos sacan de la agenda de problemas de la ciudad”, precisó.
Las diferencias entre Bonilla y González reflejan “la constante del conflicto entre los gobiernos de Morena”, en este caso el estatal y el municipal, “porque no es un solo personaje”, observó Ramos.
“Se supone que debería ser para la población una ventaja” que en los tres órdenes de gobierno se erija una misma fuerza política, “pero vayámonos a los resultados”, propuso.
Y advirtió: “En estos dos años (a partir de 2018) Baja California ha recibido menos presupuesto público que en cualquier otro sexenio del Gobierno Federal, el menor número de visitas de secretarios federales para concretar proyectos y obras para el Estado, el periodo en que el gobernador ha estado conflictuado con la mitad del gabinete federal: Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Consejería Jurídica. Entonces, híjole, creo que la población le dio un voto de confianza, que si no lo honran, los bajacalifornianos no dudan, no les tiembla la mano para cambiar el voto”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- Jorge Ramos
En cuestión de recursos legales, planteó que en todo caso deberían ser otras instancias las que procedieran, “si (Arturo González) interpone (la controversia) o no, es un juego desgastante, que no le abona a nadie, ni a ellos, pero es parte de la pérdida de tiempo en la que están, entonces, aquí más bien es los partidos de oposición, los colegios de abogados constitucionalistas, municipalistas. Creo que no podemos dejar pasar este antecedente de atentado a la autonomía municipal, no son lo gobernantes en turno, sino marcar el precedente de una invasión del Poder Ejecutivo en la vida municipal, para mí ahí está el dilema”.
VIOLACIÓN AL 115 CONSTITUCIONAL: COLEGIO
En voz de su presidente, Juan Marcos Gutiérrez González, el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas señaló que la reforma promovida por el gobernador violenta el Artículo 115 constitucional, el cual establece que la aceptación y regulación de las licencias de los munícipes constituyen un “asunto reservado a la facultad reglamentaria municipal” y que la integración de los ayuntamientos deriva de la elección popular directa.
En este sentido, la agrupación de profesionistas estableció que, conforme a la norma estipulada en la Carta Magna, el Congreso del Estado puede resolver la sustitución de los munícipes solo cuando no haya suplentes disponibles y sin que el titular del Ejecutivo estatal intervenga.
Además, destacó que en los casos de desaparición de un Ayuntamiento, suspensión o revocación del mandato de alguno de sus integrantes, el 115 constitucional estipula que el reemplazo “debe ser por parte de las legislaturas, sin intervención de los gobernadores”.
Por último, el cuerpo colegiado apuntó que el artículo (segundo) transitorio incorporado al decreto, en lo respectivo a la derogación de cualquier disposición que se contraponga a la reforma, “viola la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación”, concerniente a que “la validez de los reglamentos municipales sobre organización municipal no deriva de las normas estatales (ni federales), sino que la de ambos tipos de normas deriva directa y exclusivamente de la Constitución”.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FACULTAD PARA “TOCAR LEYES INTERNAS”: MONTSERRAT CABALLERO
La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura, Montserrat Caballero Ramírez, mencionó que con la aprobación de la propuesta de Bonilla, el Congreso del Estado no está interfiriendo con la Constitución federal.
“Hubiéramos trastocado el 115 constitucional directamente, pero preferimos hacerlo en el reglamento (Ley de Régimen Municipal), porque necesitábamos una resolución urgente; sin embargo, en cuestión de apreciación, si el 115 que nosotros en este momento no sentimos trastocamos de ninguna manera porque estamos afectando el reglamento, no la Constitución, si así fuera, entonces que la Suprema Corte de Justicia lo resuelva y con gusto acataremos la resolución del máximo órgano de gobierno, porque nosotros tenemos que respetar las formas y los órganos políticos”, sostuvo telefónicamente la legisladora de Morena.
También dijo que la modificación se hizo con apego al Artículo 86 constitucional, “donde nos dicta que es facultad del Estado hacer este tipo de situaciones para elegir nosotros al suplente, ojo, respetando el suplente que se marcó en la boleta”.
Sobre la necesidad de lograr “una resolución urgente”, detalló: “La urgencia versa en razón de que sabíamos que se quería ausentar nuevamente el presidente municipal y sabíamos que quería dejar indefinidamente al regidor del PT, esa es la información que teníamos; entonces nos pareció una aberración electoral que gane un partido mediante el electorado y se deje a otro partido en el poder”.
En opinión de Caballero Ramírez, “era evidente” que Arturo González Cruz “no quería dejar a la licenciada Karla Ruiz Macfarland”.
Tras haberse ausentado a partir del 16 de octubre, con aspiraciones develadas de contender en 2021 (acaso por la gubernatura, pues para la reelección no requeriría la separación del cargo), el munícipe se reincorporó a sus funciones el 5 de noviembre. En el ínter, Karla Ruiz nombró en su carácter de presidente sustituta al ex secretario de Hacienda estatal, Adalberto González Higuera como encargado de despacho en Oficialía Mayor, toda vez que la síndico procuradora María del Carmen Espinoza, había suspendido a la titular del área, Ana Leticia Salcedo, el 30 de octubre.
Al retomar el cargo, el alcalde propietario le notificó a Ruiz Macfarland que ella ya no era alcaldesa y designó como encargada en Oficialía Mayor a Silvia Verónica Guzmán López, quien había fungido como secretaria de Salcedo.
“La corrió (a la munícipe suplente) de una manera grosera y despectiva”, expresó Caballero Ramírez, “bueno, esas ya son formas y educación de cada quien, sin embargo, la urgente resolución era porque no podemos permitir que alguien que ganó mediante una elección, que tiene en sus manos un municipio como lo es Tijuana, vaya y venga de su puesto”.
Finalmente, Caballero descartó que la XXIII Legislatura haya incurrido en un error con la aprobación de la iniciativa del gobernador, “porque es cuestión de apreciación, el 115”. De no ser así, “entonces que la Suprema Corte de Justicia nos haga ver el error y respetaremos la decisión de la Suprema Corte de Justicia, pero nunca vamos a respetar que alguien tome un puesto público tan importante como juego”.
