Por el incumplimiento de un acuerdo que sostuvo el Gobierno del Estado para atender un adeudo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), el municipio aprobó un punto de acuerdo que obliga a la síndico procuradora a participar en las futuras negociaciones para resolver la situación.
De acuerdo con el documento presentado el jueves 19 de noviembre, fue en el mes de julio que se firmó un convenio en el que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, se comprometía a cubrir el adeudo con el recurso federal derivado de la cancelación de bonos cupón-cero; sin embargo, a la fecha no se ha cumplido dicho compromiso por parte de la administración de Jaime Bonilla.
El primer requerimiento que recibió el Ayuntamiento fue el 24 de agosto, con los oficios DG/375/2020 por el adeudo requerido de 255 millones 410 mil 051.48 pesos, por el concepto de 16 catorcenas del 2020; DG/376/2020 por el adeudo requerido de 11 mil 425.60, por el concepto de cinco catorcenas del 2020 más recargos; DG/377/2020 por el adeudo requerido de tres millones 203 mil 403.92 pesos, por el concepto de siete meses del 2020 más recargos; y DG/379/2020 por el adeudo requerido de 14 mil 906.07 por el adeudo requerido de seis meses del 2020.
El segundo requerimiento llegó el 28 de agosto, con los oficios DG/378/2020 por el adeudo requerido de 39 mil 111.52, por 16 catorcenas del 2020; DG/386/2020 por el adeudo requerido de 28 mil 983.15, por el concepto de ejercicio fiscal 2019; y DG/387/2020 por el adeudo requerido de 30 millones 498 mil 364.52 pesos, por el concepto del ejercicio fiscal del 2020.
Ambos requerimientos de pago fijaban un plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de la notificación para que se hiciera efectivo el pago; de no hacerlo, “se entenderá que otorga su consentimiento tácito para que sean afectadas, retenidas y enteradas en su nombre las participaciones por ingresos estatales a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California”, se lee en el documento.
El Ayuntamiento de Tijuana por su parte, afirmó que su respuesta fue citar que existía el acuerdo con fecha del 29 de julio, en el cual la responsabilidad era del Gobierno del Estado.
La síndico procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, mostró su desacuerdo con el argumento que nadie le había notificado sobre este adeudo y que el alcalde solo la estaba implicando en el asunto de forma alevosa; expuso de nueva cuenta el tema de la compra de las unidades oficiales que no le han autorizado y que ha sido su estandarte de oposición en los últimos meses. Sin embargo, el acuerdo fue aprobado por mayoría.
