Alejo Núñez expidió permiso de alcohol en subestación policial

Edición Impresa lunes, 23 noviembre, 2020 1:00 PM

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Un predio a pie de la Carretera Escénica que fue prestado para dar servicio de seguridad acabó siendo una vivienda-tienda con un proceso legal que no ha podido ser resuelto, pese a un dictamen del Tribunal Agrario

Una antigua casa móvil en el Kilómetro 74.5 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada habilitada para funcionar como subestación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), cambió su giro a venta de cervezas, vinos y licores de nombre Nena.

El viraje se dio cuando un grupo de propietarios del Ejido Úrsula Galván, Delegación La Misión, concedieron hace más de diez años 280.80 metros de terreno a pie de carretera para una caseta policial.

Los residentes de esa área consideraban inminente un sitio para brindar seguridad a los pobladores con patrullas disponibles, así como policías municipales al alcance ante los altos índices delictivos. Con el tiempo la subestación quedó en el abandono y un particular identificado en el expediente de revocación de clave catastral UG-900-001 del Ayuntamiento de Ensenada como Blas García García, llevó a cabo en ese momento un juicio de prescripción.

Así fue como una caseta de vigilancia vecinal que operaría con recursos públicos se convirtió en un negocio entre particulares a través de la venta de bebidas alcohólicas.

Tanto la clave catastral como el trámite de impacto ambiental y el permiso de venta de alcohol se tramitaron en el periodo de 2007 a 2010, con la aprobación del Cabildo del entonces secretario del Ayuntamiento, Mario Alberto García Salaiza, y el ex presidente municipal Pablo Alejo López Núñez.

Desde entonces los integrantes del Ejido Úrsula Galván, iniciaron un proceso legal ante el Tribunal Superior Agrario, que en 2017 emitió un dictamen a favor del Ejido.

A la par del proceso legal, los ejidatarios siguieron con protestas y denuncias públicas en redes sociales para que las autoridades les devuelvan lo prestado al Ayuntamiento. Consideran que el Ayuntamiento de Ensenada es omiso a las denuncias y amparos promovidos por los propietarios.

“El Municipio sigue contemplando el aguaje, la venta de licores, cuando ese lugar se había acondicionado para una subdelegación municipal; a eso se llama impunidad”, declaró en reunión frente al delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe -a quien pidieron el apoyo-, Enrique Galván, presidente del Ejido en cuestión.

La clave catastral UG-900-001fue entregada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente en agosto de 2000, en una superficie de terreno de 280 metros, de los cuales 180 son de operación de la tienda de licores. De acuerdo con las leyes del programa regional de Desarrollo Urbano, Turístico, Ecológico Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren), el uso de suelo es congruente para la actividad pretendida.

 

EXPENDIO DE LICORES Y UNIDAD FAMILIAR

El Ejido Úrsula Galván se encuentra entre la playa La Salina y Bajamar. El negocio de bienes y raíces es uno de los más importantes en la zona, donde los terrenos alcanzan precios de hasta 1.5 millones por 300 metros cuadrados, según estimados de empresas inmobiliarias.

La mayor parte de los compradores o arrendadores son residentes de Estados Unidos.

En un recorrido de ZETA por el Kilómetro 74.5 de la autopista, se constató que en la operación de la licorería hay rastros de lo que un día fue la subestación.

Los vehículos que se detienen a comprar en la zona considerada como vía federal sin que esta se encuentre habilitada como parador turístico.

En el predio hay una familia de por lo menos cuatro integrantes. entre ellos dos niños que cursan la primaria en la delegación La Misión. Los adultos comentaron que tienen más de diez años de residir dentro de la casa móvil que un día fue caseta de vigilancia, ahí mismo está la tienda, mientras afuera, en un espacio apartado, a unos cuatro metros está el baño.

La familia omitió su nombre y se limitó a mencionar que esperan que el problema se resuelva a favor de “su patrón” (Blas) para poder trabajar tranquilos atendiendo los licores Nena, donde también se venden artículos de abarrotes.

Al preguntar por el propietario, uno de ellos dijo no estar autorizado para dar información.

Mencionaron que la tienda ofrece un buen servicio, el cual es reconocido por los visitantes norteamericanos que han mostrado su apoyo.

REVOCAN CLAVE CATASTRAL

El 27 de febrero de 2020, el director de Administración Urbana, Héctor Villalobos Buelna, notificó al representante legal de Blas García sobre el estado de “baja” del predio con clave catastral UG-900-001.

En la notificación advierte que la revocación se da de conformidad por el juicio de amparo indirecto 439-2017, con fecha de ejecución 24 de julio de 2019, revisión 362-2018.

Durante la administración municipal de Marco Novelo Osuna, se procedió a realizar la notificación a Blas en cumplimiento a la ejecutoria del amparo 439/2017 y se ordenó cancelar la clave catastral UG-900-00. Asimismo, se le solicitó abstenerse de hacer uso de los documentos anteriormente aludidos porque fueron cancelados y se dejaron sin efecto legal alguno.

Sin embargo, el negocio sigue funcionando como un expendio de cerveza, vino y licores.

 

EXIGEN A AYALA RESOLVER

Uno de los copropietarios del Ejido Úrsula Galván, hizo pública una denuncia ante la Secretaría de Honestidad y de Función Pública, señalando al alcalde Armando Ayala Robles de corrupción y daño patrimonial.

El 26 de mayo fueron recibidas las denuncias de Joaquín Enrique Maldonado Rojas, quien explicó la problemática en la que un Juzgado federal instruyó al Ayuntamiento a revocar las claves catastrales.

Los primeros días de noviembre, el campesino continuó con las protestas a través de redes sociales para exigir el cumplimiento del dictamen judicial.

En la denuncia se advierte que la persona que se adjudicó el predio también lo hizo con otros terrenos adjuntos por la cantidad de 480 hectáreas.

“A pesar de un amparo resuelto y notificado, se dan resistencias para acatar lo resuelto por la justicia federal por parte del alcalde y secretario general del Gobierno de Ensenada”, argumenta el copropietario.

En 1977, el Ejido Úrsula Galván se le dotó por resolución presidencial. El polígono abarca desde la zona de la Carretera Libre Ensenada-Tijuana hasta la zona costera.

 

TIENDA INCUMPLE CON REGLAMENTACIÓN 

Aunque no hay un permiso vigente para el negocio de licores, la tienda Nena infringe artículos especificados en el Reglamento de Administración Urbana.

Una de las condicionantes por parte de Protección Civil Municipal en los años en que se entregó el permiso de licores, era tener rutas evacuación, extinguidores y salidas de emergencia. También prohíbe al propietario que unidades de tres ejes se estacionen para abastecer el negocio, y precisamente uno de los problemas denunciados por los ejidatarios, es el uso de la vía federal para estacionamiento de este tipo de camiones.

Al final, en el permiso la dependencia advierte sobre la posibilidad de revertir el uso suelo cuando los vecinos tengan quejas por la operación del establecimiento.

“Queda estrictamente prohibido emplear vialidades de acceso y frentes de vecinos para estacionamiento, maniobras de carga y descarga y actividades conexas a la actividad”, infiere el dictamen expedido en 2020.

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Cocaína decomisada en Ensenada provenía de Perú 

El jueves 12 de noviembre se informó que el buque de nombre “Happy Dover” de la empresa BIGHET, proveniente de Perú, estaba en la Aduana Marítima en calidad de detenido junto a la tripulación, ya que al momento de realizar una inspección, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México detectaron bultos que contenían 270 kilos de cocaína.

La mercancía fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República  en Tijuana, donde se llevó a cabo un operativo para resguardar la droga. De acuerdo con la investigación a cargo de la FGR, el cargamento pertenecía al Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El viernes 13, en la zona portuaria se generó una fuerte movilización, ya que la Policía Federal Ministerial lleva a cabo una investigación.

Apenas el 6 de noviembre fue colgada en Ensenada una narcomanta dirigida a la encargada de despacho de la Aduana Marítima en Ensenada, Pamela Lilian Romero Luzanilla.

Debido a las amenazas por parte del crimen organizado hacia personal de la Aduana, en unos días se informará que un Almirante será designado administrador de esta entidad gubernamental en Ensenada.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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