De ser aprobada en el Congreso de la Unión, la nueva legislación generaría más dinero a las arcas públicas vía cuotas obrero-patronales en un momento en que los ingresos gubernamentales han caído como consecuencia de la pandemia y el consecuente decrecimiento económico, afirma Roberto Quijano Sosa, coordinador de la Comisión Laboral de Coparmex Tijuana
Con la eliminación del outsourcing en México, el Gobierno Federal planea recaudar 21 mil millones de pesos que la utilización de ese esquema de subcontratación laboral permitía evadir al fisco en menoscabo de los derechos de los trabajadores, según lo manifestado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Roberto Quijano Sosa, coordinador de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, consideró que “técnicamente la reforma no es mala porque sí había habido muchos abusos por parte de las empresas subcontratistas”, pero el trasfondo es “meramente recaudatorio”. De ahí que el grueso de la iniciativa se concentre en cambiar la Ley del IVA, del ISR, del Seguro Social, del Infonavit y el Código Fiscal de la Federación más que la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido, la iniciativa es “excesiva”.
Consideró que al incrementarse las cuotas obrero-patronales, la carga fiscal de algunas empresas incrementará, lo que podría producir un efecto inflacionario y un incremento de la informalidad.
Por otro lado, la eliminación de la subcontratación no garantiza que 4.5 millones de personas que actualmente trabajan bajo el esquema de outsourcing en el país sean contratados directamente por las empresas, reciban prestaciones sociales y tengan mejores condiciones laborales.
En principio, porque la iniciativa está dirigida a los patrones privados, pese a que en el Gobierno Federal la subcontratación es mayor y ronda el 70%. “Específicamente la reforma no menciona apartado A o B, pero la Ley Federal del Trabajo se refiere exclusivamente al apartado A (relación laboral en empresas privadas)”, por lo que queda sin modificarse la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (apartado B), indicó el abogado laboral.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno Federal asignó más de 50 contratos a empresas de outsourcing por alrededor de 5 mil millones de pesos, entre 2019 y 2020.
Pese a ello, el martes 17 de noviembre, López Obrador indicó que debido a que la subcontratación es “inmoral” e “ilegal”, su administración terminará los contratos de outsourcing y se hará cargo de pagarles a los trabajadores.
Para el director de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Pablo Lezama, el problema no radica en que el Gobierno Federal contrata outsourcing que cumpla con la Ley, sino en los trabajadores que contrata, pero no tienen IMSS, ISSSTE y no cotizan a sus pensiones ni tienen servicios médicos.
En suma, la eliminación de la subcontratación no resolverá las malas prácticas fiscales y laborales, pues estas también se dan sin la terciarización.
MULTAS MILLONARIAS Y PRISIÓN POR SUBCONTRATAR INDEBIDAMENTE
La iniciativa presidencial modifica el Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo para prohibir la subcontratación de personal, consistente en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, y pretende establecer reglas para que las empresas puedan contratar servicios especializados que no forman parte su objeto social ni de su actividad económica, “siempre que el contratista cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dichos efectos”.
Es decir, se permitirá que por ejemplo una maquiladora que hace televisiones subcontrate personal para labores de limpieza, seguridad, transporte, etcétera, pero no para “sacar” los “picos” de producción de televisiones, explicó Quijano Sosa.
A decir del entrevistado, en Baja California alrededor del 50% de la industria local utiliza outsourcing para atender el incremento de producción que se da en ciertas épocas del año, debido a que el proceso de contratación, particularmente en Tijuana, “es sumamente desgastante y costoso”.
Contratar a alguien cuesta alrededor de 2 mil 500 pesos, ya que por cada trabajador cuando menos “tienes que entrevistar a tres o cuatro, si no es que a más personas porque no tienen algunos requisitos como la experiencia, la edad y las identificaciones”. O bien, no pasan algún requisito específico de la empresa o de salud, al hacerle exámenes físicos y médicos.
Adicionalmente, las empresas subcontratan personal debido a la “altísima” carga fiscal que tiene el patrón, quien por cada peso en forma de salario, debe pagar entre 30 y 40% más en impuestos. Entonces se recurre al outsourcing, que le permite ahorrar, pero es un sistema con “muchos defectos y abusos”.
La iniciativa presidencial que se discute en el Congreso también propone introducir la definición de intermediario, entendido como la persona física o moral (agencias) que puede prestar el servicio de
5.5 millones de personas en México salen del mercado laboral
En el tercer trimestre de 2020, 43.1 millones de personas de más de 15 años de edad no buscaron empleo en México. Esta cifra es 5.5 millones mayor que la reportada un año antes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De los 43.1 millones de personas registradas como Población Económicamente No Activa (PNEA), 25.2% (10.9 millones) no buscaron trabajo, pero aceptarían uno si se los ofrecieran, con lo que “en términos absolutos” la PNEA disponible para trabajar aumentó 5 millones de personas.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2020 indica que la Población Económicamente Activa (PEA) se redujo 3.6 millones de personas a nivel nacional, al pasar de 57.3 millones a 53.8 millones.
La disminución de la PEA se debe a la “caída” de la ocupación en el sector terciario, principalmente en restaurantes y servicios de alojamiento, así como en el comercio. Además de la pérdida de empleos de tiempo completo, la disminución de la ocupación en los micronegocios en condiciones de informalidad y el aumento de la desocupación, la subocupación y en la ocupación en situación crítica, precisó el Inegi.
En el mismo periodo, la tasa de informalidad bajó 2.3 puntos porcentuales, para situarse en 54.2% de la PEA. No obstante, en 19 estados del país más de la mitad de su población ocupada trabaja en la informalidad. Guerrero lidera los estados con mayor informalidad, con 78.5%; le sigue Oaxaca, con 76.6%; y Chiapas, con 74.3%.
Por el contrario, Nuevo León (35.4%), Chihuahua (36.6%), Coahuila (36.9%) y Baja California (37.1%) presentan las más bajas tasas de informalidad. (Julieta Aragón Domínguez)
SEGURIDAD SOCIAL Y UTILIDADES, A DISCUSIÓN
Respecto a la iniciativa para eliminar el outsourcing, el presidente de Index Zona Costa, Luis Hernández, señaló que es un esquema que algunas empresas utilizaron de manera incorrecta. Observó que la iniciativa presidencial sobre regularía una opción económica que se tiene, “no lo veo totalmente mal, pero se necesita sentarse el Gobierno Federal a revisar las consecuencias de esa regulación”, indicó.
“Lo que yo he platicado con empresas que se dedican a esto, es que están reconvirtiéndose, están cambiando del outsourcing al insourcing, que es un esquema muy europeo, muy estadounidense, y ya estamos instalados en hacerlo, lo veo bien”.
Cuestionado sobre esa posibilidad, el director de la AMECH, Pablo Lezama explicó que el insourcing es cuando las empresas crean una razón social dentro de su mismo grupo para tener a la nómina de los trabajadores ahí, con el propósito principal de evitar el pago de utilidades.
“Una empresa que solamente hace el pago de la nómina no tiene utilidades, y por lo tanto, ahí le buscan dar la vuelta. Ese es otro problema, si las empresas tienen utilidades tienen que pagarle el TPU a los trabajadores que dependen de las empresas”, subrayó.
Problema que es distinto a la terciarización, pero igualmente debe discutirse, al ser México uno de los pocos países con disposición de entregar utilidades en automático, en lugar de que fuera mediante productividad.
En opinión de otros analistas, como Viri Ríos, más “dañino” que el outsourcing es la manera en cómo funciona la seguridad social en México, pues reduce los salarios, ya que “en papel las cuotas patronales para la seguridad social son beneficios que se cobran a los patrones para dar al trabajador. En la realidad, existe evidencia de que los patrones bajan los salarios para pagar las cuotas (Levy, et al. 2012). De hecho, la gran mayoría de las cuotas (67%, se estima) es indirectamente pagada por los empleados, porque se les ofrecen salarios más bajos (Levy, 2019)”.
Además, la seguridad social del país establece dos clases de mexicanos: los que trabajan en la formalidad y cuentan con IMSS o ISSSTE, y los que no y son atendidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), muchas veces con recursos propios.
En su columna titulada “Más dañino que el outsourcing”, la analista llamó a AMLO a refundar la seguridad social como un derecho y a que las cuotas de seguridad social se conviertan en impuestos progresivos a la riqueza y al ingreso, para que se financie un sistema de salud sin clases. “Los impuestos los deben pagar los más, más ricos, y no el trabajador por medio de reducciones salariales o el microempresario”.
IDENTIFICAN A 12 EMPRESAS CON MALAS PRÁCTICAS EN BC
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Sergio Moctezuma Martínez López, confirmó a ZETA que se han detectado malas prácticas en algunas empresas que utilizan el outsourcing, pero aclaró, no son la generalidad.
Entre las malas prácticas se encuentran el que durante la pandemia de coronavirus, las empresas subcontratistas no enviaron a resguardo a los trabajadores vulnerables. “En ese caso, el outsourcing señalaba que la empresa contratista no había pagado el salario íntegro para que los trabajadores pudieran disfrutar de ese resguardo domiciliario”.
En otros casos, se detectó que la empresa beneficiaria sí paga todas las prestaciones de los servicios a la subcontratista, pero la de outsourcing no cubre prestaciones de Ley, liquidación o finiquito, no les cubren la participación de las utilidades a los trabajadores, o les despiden antes de que se cumpla el plazo para otorgar el aguinaldo.
Las empresas acusadas de cometer malas prácticas fueron: HR Support Your Solutions, S de RL de CV; GT Service; Valutech Outsourcing, SA de CV; Perfect Triad, RS. Suministro Especial del Personal, SA de CV; y Gesalm Servicios, SA de CV (cuya beneficiaria es Total Play).
Además de Servicios Laborales y Ejecutivos, SA de CV (beneficiaria es Banco Azteca); Promotora Sultana, SA de CV y Suministros Empresariales, SA de CV (de ambas la beneficiaria es Famsa); Consultora y Servicios Gastón, SA de CV (Gayosso es beneficiaria); PC Manufacturing (Tensho de México) y Cotlam Conexiones Comerciales, SA de CV (Casino Caliente es beneficiaria).
Inicia implementación de Reforma Laboral en México
Los estados de Campeche, Chiapas, Durango, México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo iniciaron la implementación de la Reforma Laboral, con la que se pretende una verdadera democracia sindical y justicia laboral en nuestro país.
A partir del 18 de noviembre, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los centros estatales de Conciliación y los Tribunales Laborales federales y locales de las ocho entidades en mención, comenzaron a funcionar para recibir asuntos en materia individual y colectiva. En tanto, sus Juntas de Conciliación y Arbitraje cerrarán sus puertas y se dedicarán a concluir los asuntos pendientes.
Desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador destacó que la Reforma Laboral es “un cambio estructural”, pues en los Centros de Conciliación habrá diálogo para que se concilie entre los trabajadores y los empresarios. De no alcanzar un acuerdo en 45 días, un tribunal dirimirá el asunto. “Un tribunal independiente del Poder Judicial, esto fortalece la división, el equilibrio entre los poderes”, resaltó el Presidente de la República.
El político tabasqueño dijo que la reforma coincide los ideales de la Cuarta Transformación y “viene también a ser una respuesta a la petición que se formuló desde Canadá y Estados Unidos como requisito” para firmar el T-MEC.
El 1 de mayo de 2019, López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias de la llamada Reforma Laboral, las cuales establecen -entre otras cosas- que los sindicatos deben llevar a cabo elecciones de sus dirigentes mediante voto directo, libre y secreto, ajustándose al principio de equidad de género, aunque no existen candados para que los dirigentes no se reelijan.
Los sindicatos deben registrarse ante el Centro Federal Conciliación y Registro Laboral, previo aval de por lo menos 30% de los trabajadores. El Contrato Colectivo de Trabajo deberá ser revisado cada dos años y aprobado democráticamente por la mayoría de los trabajadores regidos por este. (Julieta Aragón Domínguez)
INICIATIVA PODRÍA PASAR EN FAST TRACK
El presidente de la comisión del Trabajo y Previsión Social, Manuel Baldenebro Arredondo, señaló que la mayoría de Morena y partidos afines en la Cámara de Diputados se preparan para aprobar en fast track la iniciativa que elimina la subcontratación laboral en México.
El diputado por Partido Encuentro Social se pronunció a favor de que el dictamen pueda aprobarse antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el próximo 15 de diciembre, toda vez que se hicieron foros de parlamento abierto sobre el tema.
