Luego de tocar las puertas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y no obtener el apoyo deseado, un grupo de ex empleados del periódico El Mexicano en Tijuana convocan a otros a una reunión el próximo domingo 22 de noviembre a la una de la tarde, en el Restaurante Vips de Macroplaza, para conformar la denuncia colectiva.
El 7 de octubre el dueño del diario, Eligio Valencia Roque, emplazó a huelga después de un conflicto que surgió con sus hijos que son dueños de Tenedora Elcoli, la cual debe varias semanas de salario a cerca de 100 empleados de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
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Una semana después se suspendió la huelga por un fallo a favor que obtuvo Valencia Roque, sin embargo, no todos los empleados fueron llamados para volver a laborar y tuvieron que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Varios de estos empleados ya llevan un proceso con abogadores particulares desde hace poco más de año y medio, cuando surgieron los primeros problemas por falta de pago.
La petición de los empleados es que la Junta de Conciliación y Arbitraje embargue un predio de más de dos hectáreas, que los dueños del periódico pretenden vender a los desarrolladores de una plaza comercial que se construye a un costado de las que eran las instalaciones del medio de comunicación.
“Con la venta de ese terreno les alcanza para cubrir los finiquitos de todos nosotros, tienen con qué pagarnos”, expresó uno de ellos. Manifestaron que en las últimas dos semanas intentaron comunicarse vía telefónica y por correo electrónico para tramitar una cita, pero ante la nula respuesta decidieron acudir de manera presencial.
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El pasado 17 de noviembre acudieron a las instalaciones del organismo y fueron rechazados por los empleados, quienes les aseguraron que por cuestiones de la pandemia debían agendar una cita por teléfono o correo electrónico.
También tuvieron la oportunidad de abordar a la presidenta de la Junta, Katia Ruiz MacFarland, quien también les expresó que solo podía atenderlos con cita previa; de igual manera les aseguró que solo podría atender a los que cuentan con una demanda ante la Junta, excluyendo a los que llevan su proceso con un abogado particular.
Esto los motivó a convocar a más empleados para interponer una demanda colectiva tanto en la instancia local como en la federal, debido a que desena agotar todas las opciones posibles para obtener lo que por ley les corresponde, luego de laborar más de 15 o 20 años para el diario local.
