Por un quebranto al erario de 361 millones 580 mil pesos provenientes de recursos federales para el pago de remuneraciones a trabajadores del Seguro Popular, la retención de dinero etiquetado para los municipios y compra de medicamento que no se destinó a las familias más necesitadas, durante el ejercicio fiscal del 2019, es por lo que se abrió una nueva carpeta de investigación en contra del ex gobernador panista de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid.
Lo anterior fue informado por la secretaria de Honestidad y Función Pública (SHFP), Vicenta Espinoza, quien el 19 de noviembre acudió a las instalaciones de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar la denuncia formal en contra del mandatario y los funcionarios de primer nivel, por los delitos de Delincuencia Organizada, Enriquecimiento Ilícito, Defraudación Fiscal, Abuso de Autoridad, Coalición de Servidores Públicos y lo que resulte.
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En declaraciones vertidas ante medios de comunicación, la funcionaria estatal comentó que la denuncia proviene de investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual solicitó información relativa al movimiento financiero de varios millones de pesos, sin poderse comprobar la ejecución y el destino de los más de 360 millones.
Aprovechando la denuncia, la Secretaria indicó que solicitaría a la FGR ejerza la facultad de atracción de la investigación contra Vega de Lamadrid y al menos 11 funcionarios estatales, por los mismos hechos delictivos, durante los años 2017 y 2018, cuyo monto supera los mil 200 millones de pesos.
Porque a su juicio, la falta de una Fiscalía Anticorrupción limita el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE), máxime porque se trata de un tipo de investigación especializada.
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