El gobernador presentó su Primer Informe de Gobierno el 1 de noviembre, en el que presumió haber cumplido el 70% de sus promesas, pero de analizarse acción por acción, la cifra es contrastante. Hay promesas no cumplidas, otras llevadas a cabo a medias, unas más desaparecidas y otras engañosas
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, solo ha cumplido cabalmente el 27% de sus promesas de campaña en el lapso de doce meses de administración.
ZETA realizó un consulta e investigación en las áreas de comunicación y transparencia para entrevistar, revisar y contrastar datos en boletines oficiales y dimensionar el cumplimiento del trabajo prometido en campaña por el gobernador surgido de Morena.
Foto: Archivo.- Agencia MP de la PGJE
De los cien compromisos de campaña “100 para Estar al 100”, se pueden apreciar 122 acciones que se consultaron por separado y así dar un trato especial a cada promesa de campaña.
De las 122 acciones, solo 33 están cabalmente cumplidas:
* 7 son del área de seguridad y paz social
* 4 en educación
* 4 en finanzas sanas
* 2 en desarrollo urbano
* 2 en bienestar.
El resto está disperso entre las 16 áreas que fijó el mandatario.
“Tuvimos que cambiar la estrategia porque nuestro plan era de cinco años y ahora solo lo haremos en dos. Vamos bien”, respondió el gobernador en la primera conferencia de prensa que convocó en 2020, el 16 de agosto desde el Centro de Gobierno en Mexicali.
Durante sus presentaciones matutinas, Bonilla ha expresado insistentemente que el 70% de sus compromisos de campaña están cumplidos, y en su informe de doce meses, dijo que había cumplido 93, pero estadísticamente solo el 47% de las promesas registran algún indicador con avance.
De las 122 acciones, 33 se han cumplido, 24 están en proceso y 24 son acciones imprecisas. Pero las áreas de comunicación consultadas por ZETA se han reservado la información de nueve acciones donde es difícil contrastar y evidenciar el avance o cumplimiento de las promesas.
De las 33 acciones que ha incumplido el titular del Poder Ejecutivo del Estado, algunas no son su responsabilidad. Jaime Bonilla hizo compromisos que están bajo responsabilidad del Congreso de Baja California o de los ayuntamientos, y, por ende, será difícil que el gobernador presuma haber cumplido el 100% de sus compromisos.
El claro ejemplo es la cuarta promesa en el rubro de seguridad y paz social: de poder iniciar una “denuncia penal por internet”, acción que el gobernador Bonilla da por hecho, pero que en el Congreso de Baja California no sabe nada de ella. Incluso el diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Víctor Morán, sospechó que se confundía con las audiencias en línea.
ZETA acudió al Ministerio Público de la Zona del Río en Tijuana, y al pedir orientación para hacer el trámite en línea, consideran que el gobernador se refiere a hacer una “pre denuncia” ante el sistema de Justicia Alternativa o Justicia por Acuerdos.
El rubro de Bienestar es donde más ha incumplido Jaime Bonilla. De los 13 compromisos, se pueden apreciar 15 acciones, de las que siete están incumplidas. Amén del desempeño de los trabajadores del Estado, la enfermedad COVID-19 impidió el desarrollo de programas como el sexto compromiso sobre el fomento a los huertos urbanos.
Pero hay otros que carecen de normativa y presupuesto, como el séptimo y el octavo compromiso, ya que no hay becas económicas para estudiantes ni personas con discapacidad, y tampoco ayuda o subsidio para “garantizar el sueldo de un año” en el programa Mi Primer Trabajo. De hecho, este último es uno de los programas que inició diferente a su propuesta original, ya que no hay subsidio de sueldo; el programa consiste en becar en 50% la inscripción al Centro de Capacitación para el Trabajo en Tijuana (Cecati) para que las personas aprendan un oficio y así accedan a una bolsa de trabajo especial y consigan empleo en la industria.
Mi Primer Trabajo es uno de los programas impactados por la pandemia que se reanudó a finales de agosto, tras cinco meses suspendido.
Del total de las acciones de Bonilla, 26 son imprecisas. Es decir, tienen inconsistencias que las podrían hacer lucir como “promesas cumplidas”, pero realmente carecen de una métrica científica para dimensionar su avance y efectividad. El claro ejemplo es el tercer compromiso en el rubro de Gobierno del Pueblo, en el que se promete “atender con amabilidad a los ciudadanos”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
En el indicador de agosto, en una consulta a 273 usuarios en el lapso de abril a junio de 2020, se recibieron 193 quejas, 39 denuncias, 37 felicitaciones, así como cuatro peticiones. Se trata de un programa constante, pero carente de claridad y cobertura para mejorar el desempeño del gobierno. La promesa carece de la coordinación de Contraloría Social o de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
En Finanzas, tiene de cinco a siete compromisos cumplidos, que constan de mantener y crear las condiciones para la generación de empleos nuevos, fomentar la inversión y tener créditos disponibles. Realmente son propuestas que el gobierno debe hacer en compañía con la Iniciativa Privada encaminada por la Secretaría de Economía Sustentable.
La mayoría de los 24 compromisos en proceso están relacionados con el Congreso de Baja California o con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, al ser proyectos con diferentes grados de avance.
En ZETA solicitamos información sobre el porcentaje de avance en cada una de los proyectos presentados pero la Secretaría e Infraestructura de Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) también se ha reservado la información específica.
De sumar los 33 compromisos cumplidos, 24 imprecisos y 24 en proceso, son 78 que representan 66.33%. Tal vez a eso se refiera Jaime Bonilla cuando presume el cumplimiento del 70% de sus compromisos de campaña durante doce meses de administración. No ha podido cumplir con 33 acciones y en nueve se ha reservado la información ante cuestionamientos constantes de ZETA durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.
BONILLA HA CUMPLIDO 53% DE SUS PROMESAS DE SEGURIDAD
El gobernador solo ha concretado siete de las trece propuestas de campaña en materia de seguridad pública para Baja California. En su portal como candidato ( www.jaimebonilla.com) aparecen nueve promesas de campaña en el rubro de “seguridad y paz social para todos” que se pueden desprender en 13 acciones, la mayoría inconclusas o con cambios superficiales que no logran transformaciones significativas.
En el primer punto, Bonilla hizo cinco promesas.
- “La desaparición de la corrupta Policía Estatal Preventiva”, situación que legalmente sí ocurrió. Se desapareció tal corporación, pero todos los elementos que la integraban, pasaron a las filas de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI).
- Crear nuevos cuerpos policíacos, que legalmente sí ocurrió con la creación de la GESI, pero operativa y administrativamente trabaja el mismo personal que estaba en la Policía Estatal Preventiva y en la Policía Ministerial del Estado. Administrativamente Sigue pendiente, pues la Fiscalía General del Estado se mantiene sujeta al gobierno y aún no es autónoma, es decir, con presupuesto completamente independiente.
- “No más abusos policíacos”, un asunto inconcluso que ha mejorado parcialmente de acuerdo a la estadística de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En lo que va de 2020 se han denunciado 134 casos de abuso policíaco, en 2019 fueron 483. Por tendencia hay un 28% de disminución, considerando el segundo semestre del año. La Policía de Tijuana es la que sostiene la mayor carga de denuncias: 134 en lo que va de 2020, incluyendo cinco por abuso de fuerza. Un ejemplo claro es la muerte de un detenido sobre el Bulevar Salvador Rosas Magallón.
Lo que sí ha cambiado es la denuncia contra los agentes estatales: mientras en 2018 hubo 104 denuncias contra la Policía Estatal Preventiva, en 2019 se recibieron 88; en 2020 solo hay 16 en el primer semestre. La explicación a la baja denuncia contra la corporación estatal es que “la ciudadanía no relaciona a la GESI con la misma Policía, y por ende, podría ser que no se los reconoce”, explicó Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la CEDH en Baja California.
La nueva GESI no ha tenido más capacitaciones sobre derechos humanos. “Los policías deben saber cómo y cuándo aplicar la fuerza con perspectiva de Derechos Humanos, estamos buscando certificaciones de 15 horas y no aleatorias como se hacía, así como análisis psiquiátricos para que los policías puedan ejecutar”, expuso Mora.
- “El gobernador personalmente asumirá la responsabilidad de abatir la inseguridad. Sostendrá reuniones diarias”, situación que en discurso es correcto, pues Bonilla dice encabezar la mayoría de las reuniones de seguridad en la región, aunque en la práctica hay quejas de que por meses se ha ausentado.
- “Abatir la inseguridad”. Si contrastamos los indicadores de diciembre de 2019 a septiembre de 2020, los primeros diez meses del gobierno de Jaime Bonilla, contra diciembre de 2018 a septiembre de 2019, las estadísticas indican que los resultados de las estrategias no han hecho la diferencia pese a la contingencia sanitaria.
Foto: Cristian Torres.- Pintas en la CEDH
En la actual administración se contabilizan 2 mil 164 homicidios perpetrados en los primeros diez meses, 76 menos que el mismo periodo de 2018-2019. Se han reconocido 28 feminicidios, seis más que en el periodo anterior. Se denunciaron 453 violaciones, 85 reportes menos que en el periodo anterior; 8 mil 836 autos robados, 3 mil 121 casos menos que en el periodo anterior; y siete secuestros, uno menos que en el periodo anterior.
En el segundo punto, el gobernador propuso “atender a los enfermos de adicciones”, situación que no se ha logrado. Recientemente se creó el Instituto Estatal contra las Adicciones, donde la administración Bonilla tuvo problemas para la designación de la titular Edith Viridiana Flores Flores. La institución aún sigue en etapa de planeación en sus estrategias operativas.
El tercer punto de las promesas sobre seguridad fue la “abolición de la PGJE y creación de la Fiscalía General del Estado”, situación que administrativamente sí ocurrió, pero en el mismo contexto de la desaparición de la Policía Estatal Preventiva. Trabaja el mismo personal al que Bonilla calificó como “corrupto” y, de acuerdo con el fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández, “se despidió a menos del 10% de los agentes y administrativos”.
Del octavo punto relacionado con implementar el “servicio civil de carrera”, no hay avances hasta que se apruebe la nueva Ley de Seguridad en Baja California.
En el cuarto punto, Bonilla prometió “modificar las leyes para iniciar una denuncia penal por internet”, lo cual no se ha logrado y “es inviable” a decir del diputado presidente de la Comisión de seguridad, Víctor Morán: “No se ha presentado, aunque sí se está planeando el tema de las querellas por internet, pero se ha retrasado por los ajustes la Ley Orgánica de la Fiscalía y el presupuesto. Son iniciativas que no han llegado a Comisiones”.
Bonilla mezcló la posibilidad de solicitar orientación telefónica para iniciar denuncias penales por internet, ya que en su video de agosto expresó: “Este mes de julio cumplimos con el tema de seguridad, gracias a los esfuerzos modificamos las leyes para presentar una denuncia penal a través del internet. A través del centro de atención telefónica y en línea de la fiscalía se han brindado hasta la fecha 4 mil 220 atenciones a denuncias”.
De hacer los ajustes legales y tecnológicos para presentar una denuncia penal por internet, se deberá contar con procesos de identificación para evitar la saturación del sistema, además de que en algún momento del proceso legal se deberá acreditar y presencialmente ratificar lo iniciado digitalmente.
El quinto punto es la creación de un Consejo de Seguridad intermunicipal, situación que parcialmente es correcto. Si bien el gobernador Bonilla mantiene reuniones de seguridad, fue a finales de julio cuando se planteó entre los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, crear un marco legal para que los policías puedan cruzar límites territoriales mediante la coordinación. Es una decisión que solo compete a los municipios y aún no se crea el marco legal para permitirlo, ya que actualmente solo es por buena voluntad.
El sexto punto es la creación de una guardia comunitaria, tampoco se ha logrado. El proyecto no existe en el Estado y podría depender de las policías municipales.
El séptimo punto es la creación del Centro Estatal de Inteligencia en Baja California, coordinado por David Fernando Rodríguez Robledo desde el 5 de noviembre de 2019. El fiscal Juan Guillermo Ruiz Hernández sostiene que concentrar la información de las corporaciones ha ayudado en los casos relacionados con el crimen organizado, pero se reservó detalles a pregunta expresa en la reciente reunión con el Consejo Coordinador Empresarial en Baja California el 29 de julio.
El octavo punto es “implementar el servicio civil de carrera para policías”, asignatura pendiente, pero en proceso, pues en el Congreso ya se discute la nueva Ley orgánica para la fiscalía y la Ley de Seguridad Pública orientada en los derechos de los agentes de todas las corporaciones estatales y municipales.
El noveno punto está relacionado con aumentar las penas para diferentes delitos. En general, está en proceso. Tanto en secuestro como en feminicidio aumentó la pena hasta 70 años de prisión.
En delitos de abuso sexual, se aprobó la Ley Olimpia a consecuencia de los exhortos de la comisión permanente del Congreso de la Unión para homologar tipos penales y se agraven las penalidades en violencia digital con seis años de prisión.
Tanto el diputado Morán, el presidente de la CEDH y el titular del CCSPE, tienen fe en la nueva Ley de Seguridad Pública y que los beneficios económicos y legales para los policías y sus familias ayuden a disminuir la corrupción.
“Estoy convencido que, con más prestaciones, habrá menos corrupción y menos inseguridad”, afirmó Morán a ZETA.
“Las actividades policíacas son las más denunciadas ante Derechos Humanos. Aunque no hemos podido bajar la incidencia como queremos, tampoco podemos avanzar si la Policía no está debidamente equipada”, reflexionó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la CEDH.
“La estrategia tiene que ir en conjunto con estadísticas y Exámenes de Control y Confianza”, advirtió por su parte Juan Manuel Hernández Niebla, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSPE).
El balance general indica que de los 13 proyectos, solo siete se han cumplido, uno está incompleto o en proceso, otros cinco se han incumplido y uno es inviable: la denuncia penal por internet.
BONILLA PRESUME PROMESAS CUMPLIDAS QUE FUERON SUSPENDIDAS
Durante su discurso de informe a un año de administración, Jaime Bonilla Valdez presumió el cumplimiento de promesas que fueron suspendidas, como la entrega de uniformes y los desayunos escolares que se frenaron ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. “Hemos cumplido 93” de sus 100 compromisos de campaña, es de las primeras expresiones que hizo el mandatario.
“Instituimos y creamos una Ley a Derecho constitucional de los desayunos calientes para los niños que estuvieran escuela y tendrán sus uniformes gratuitos”, dijo luego de siete meses que las escuelas han permanecido cerradas, al mantenerse BC en semáforo Rojo y Naranja, que impiden que los estudiantes regresen a las aulas donde se sirven los desayunos avalados por el Derecho constitucional que alude el morenista.
E insistió en que los desayunos escolares se sirven desde noviembre de 2019, bajo el programa Alimentando para Aprender, activado en 24 cocinas en apoyo a 300 mil 500 estudiantes en mil 081 escuelas, invirtiendo 348 millones de pesos.
El gobernador fue reiterativo en su principal logro: el cobro a los grandes deudores del agua, tema que repitió siete veces durante las dos horas de su discurso que se combinó con videos que ofrecían cifras y explicaciones de los logros de la actual administración.
Curiosamente, la ceremonia de informe de actividades se llevó a cabo en el teatro al aire libre del Zócalo 11 de Julio, proyecto que sigue inconcluso y en obra negra ante la falta de apoyo del gobernador Jaime Bonilla y su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid.
Bastaron minutos para que el Ejecutivo estatal se contradijera al presumir que hubo recorte de dependencias y reducir el presupuesto del gasto corriente del gobierno de Baja California como medida de austeridad, y por otra, alardeó la creación la Dirección de Atención a Comunidades Indígenas y Pueblos Originarios, omitiendo los logros que se han tenido; así como la creación de la Dirección de Adicciones que solo tiene el presupuesto suficiente para el gasto corriente del pago de su personal, sin infraestructura ni capacidad autónoma de atender a pacientes que requieran rehabilitarse.
También ostentó la creación del Servicio de Administración Tributaria estatal, “con el nuevo SAT en Baja California podemos fiscalizar a los deudores y regresarle al pueblo lo que era de los ciudadanos”, declararía el ingeniero Bonilla.
En el tema de seguridad, “logramos disminuir los niveles de inseguridad”, sin embargo, la diferencia entre la administración de Francisco Vega solo es de 5% en la cantidad de homicidios, pero los feminicidios reconocidos aumentaron en 27%.
Bonilla olvidó hacer comparativos con los años anteriores y se limitó a hablar de la coordinación y buena voluntad que dice tener con la Guardia Nacional del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Estamos haciendo esfuerzos en coordinación con el Gobierno Federal y fuimos la primera ciudad en apoyar para que la Guardia Nacional tuviera un cuartel”, dijo.
Contrastante, el mandatario criticó las licitaciones de obra en BC. En el video en que la locutora mostraba panorámicas de La Rumorosa y decía “hicimos un recubrimiento especial para evitar la contaminación visual que causaba”, Bonilla celebró haber causado la molestia de la clase política ajena a su partido en una obra a recomendación del Presidente de México, y posteriormente los criticó, al asegurar que “las obras (en las pasadas administraciones) se hacían de manera unilateral, simplemente el gobernador decidía con un grupo de empresarios lo que querían hacer, con los poderes fácticos”.
Otro de los logros de los que se jacta Bonilla, fue la “eliminación del fuero y la revocación de mandato, compromisos que se hicieron de campaña”, sin embargo, ambas propuestas son del Congreso de la Unión, en el que él carece de injerencia legal en su investidura como gobernador de Baja California.
