El mayor monto observado a la administración de “Kiko” Vega se debe a falta de comprobación del gasto del FASP; tampoco se comprobó la adquisición de armas
El análisis hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las Cuentas Públicas de 2014 a 2019 indica que el gobierno de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid recibió y gastó, pero no comprobó en qué utilizó 334 millones 518 mil 406 pesos que estaban destinados a la seguridad pública en Baja California.
A ello se suman los 48 millones 273 mil 381 pesos que los Ayuntamientos de Ensenada y Mexicali no pudieron acreditar. En total, en la entidad se ejercieron 382 millones 791 mil 788 pesos que debieron ejercerse en seguridad pública, pero que no se comprobó en qué fueran usados.
El monto del probable daño o perjuicio de Baja California a la Hacienda federal es el sexto más grande a nivel nacional. Durante el lapso referido, Veracruz (gobernado en el periodo aludido por Javier Duarte de Ochoa, Flavino Ríos Alvarado y Miguel Ángel Yunes) fue la entidad con la cantidad más grande, con mil 182 millones 127 mil 740 pesos.
Respecto a las irregularidades encontradas en Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, dijo que el manejo de los recursos en materia de seguridad en el gobierno de Vega de Lamadrid dejó mucho qué desear. “Nosotros tenemos un amparo en contra del C5i, por ser un proyecto poco transparente y con visos de corrupción”, recordó.
El representante de la sociedad civil, afirmó “que la falta de recursos presupuestales en la materia, y la falta disciplina en cómo se aplican los mismos no es privativo de las administraciones pasadas, pasa de igual manera hoy en día”.
IRREGULARIDADES EN GOBIERNO DE BC
El análisis de la ASF respecto al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y los Subsidios para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG).
Así como el Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) y los Subsidios para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial (SPA) indicó que Baja California tuvo poco más de 90 observaciones en esa materia en las Cuentas Públicas de 2014 a 2019.
En la gestión de Antonio Valladolid Rodríguez como secretario de Planeación y Finanzas, la administración panista de Vega de Lamadrid tuvo el mayor número de observaciones. En 2015, 27 acciones de la ASF, y en 2016, 19.
Mientras que, en la gestión de Bladimiro Hernández Díaz al frente de la hoy Secretaría de Hacienda estatal, el año con más observaciones fue 2018, con 19.
En cuanto a las irregularidades encontradas, destacan por ser los montos más cuantiosos, la falta de comprobación del ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP).
En 2014, la ASF observó que el gobierno estatal tenía que reintegrar con sus rendimientos financieros 104 millones 936 mil 250.55 pesos por ese concepto.
El segundo mayor monto corresponde a la observación número 15-A-02000-14-0575-06-001, de la Cuenta Pública de 2015, en la que se presumió un daño a las arcas públicas por 92 millones 969 mil 006 pesos por la falta de aplicación de los recursos correspondientes al FASP.
Mientras que, en la Cuenta Pública de 2016, la ASF presumió un probable daño por 69 millones 055 mil 821 pesos, por la misma razón.
Ese mismo año, el máximo órgano de fiscalización del país pidió al gobierno estatal iniciar investigaciones y, en su caso, el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que no se aseguraron de que un lector biométrico de iris y cuatro detectores manuales de metal estuvieran en operación en los centros de Reinserción Social el “Hongo” y “Ensenada”.
ARMAS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
Otro señalamiento hecho en 2014 fue por 2 millones 647 mil 023 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial, por el pago de armas y municiones que no cuentan con la documentación comprobatoria del gasto, ni que acreditaron su entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Más recientemente, en 2018, la ASF observó algo similar bajo la acción 2018-A-02000-21-0555-06-001, en la que indicó que se presume un probable daño al erario por un millón 153 mil 186 pesos más sus rendimientos financieros por “la falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, por la compra de materiales para armamento de seguridad”.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Antonio Valladolid – Foto: Archivo.- Bladimiro Hernández – Foto: Enrique Botello.- Marco Antonio Novelo
ENSENADA, ADQUIERE BOTAS CON ESCUDO DE CD. JUÁREZ
Aunque la ASF hizo observaciones al ejercicio de los fondos destinados a seguridad pública a cuatro de los cinco municipios de Baja California, Ensenada fue el que concentró el monto más grande, con 43 millones 511 mil 884 pesos.
De esa cantidad, más de 38 millones 691 mil pesos corresponden al ejercicio del FASP que no fue comprobado en la Cuenta Pública de 2014, cuando el Primer Edil era Gilberto Hirata Chico.
En la gestión del priista Marco Antonio Novelo Osuna, en 2017 el órgano fiscalizador presumió un probable daño a la Hacienda Federal por 2 millones 4 mil 480 pesos derivado de que se recibieron botas que no cumplieron con las especificaciones y características establecidos en el contrato, ya que presentaron un escudo con las letras de “policía municipal Cd. Juárez” y no se presentó evidencia de haber aplicado las garantías señaladas en el contrato con cargo al proveedor.
Sobre este caso, extraoficialmente se sabe que fueron 900 pares de botas las que fueron adquiridas y que, el pasado 28 de septiembre de 2020, la síndica del XXIII Ayuntamiento, Elizabeth Muñoz, recibió el oficio DGI/DG/567/2020 girado por el director General de Investigación de la ASF para notificar la falta administrativa “no grave”, la cual radica en el incumplimiento del contrato de adquisiciones de uniformes para elementos de la Policía Municipal y en dejar de observarlo en los tres días siguientes a la recepción del material, para comunicar al proveedor la deficiencia en las botas.
Hasta abril de 2018 se acreditó la devolución de 865 pares al proveedor para corregir el defecto y proceder a su reposición; sin embargo, los restantes 35 pares no fueron devueltos debido a que ya habían sido entregados a los elementos policiacos y éstos decidieron quedarse con ellas.
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, señaló a ZETA que “es común” las irregularidades en la adquisición de uniformes en cuanto a su calidad.
“No es algo nuevo, ha sucedido en el pasado y sigue sucediendo en algunos municipios de Baja California hoy en día, y desafortunadamente lo que está sucediendo es que mandamos a nuestros policías con uniformes no dignos, ni a la altura de lo que ellos estarían representando”, aseguró.
OBSERVACIÓN 4.7 MDP A MEXICALI
En cuanto al Ayuntamiento de Mexicali, en el periodo referido 2014-2019, la ASF observó 4 millones 761 mil 497 pesos por diversas irregularidades.
Secretaría de la Honestidad ratifica denuncia contra “Kiko” por 361 mdp
Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de Honestidad y Función Pública, informó que el 24 de noviembre ratificó la denuncia que presentó contra el exgobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, por 361 millones de pesos “que se gastaron, pero no comprobaron”.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGE) por los delitos de “delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y lo que resulte en perjuicio de las arcas estatales”, aseguró la funcionaria estatal.
“Además nosotros también estamos pidiendo que se atraiga la denuncia que presentamos hace unos meses de los mil 200 millones de pesos por las facturas falsas”, debido a que “desafortunadamente” la Fiscalía Estatal se encuentra sin un fiscal anticorrupción.
Como ZETA informó en su edición impresa del 6 de noviembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó 371.6 millones de pesos a la Cuenta Pública de 2019, último año de la gestión de “Kiko” Vega.
De ese monto, 361 millones 580 mil 349 pesos el gobierno panista recibió, gastó y no comprobó en qué utilizó. La mayor parte de ese recurso (333.1 mdp) corresponde a la distribución de participaciones federales, y fue el segundo mayor del país, sólo detrás de Nayarit.
Según el segundo informe de la ASF, la Secretaría de Planeación y Finanzas -entonces encabezada por Bladimiro Hernández- proporcionó a los municipios, con retrasos, el dinero de siete fondos, y no transfirió 88 millones 743 mil 900 pesos de recursos federales a los municipios de Mexicali y Tijuana, incumpliendo así la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, entre otras irregularidades. (Julieta Aragón)
El monto mayor (4 millones 500 mil 216 pesos) fue detectada en la Cuenta Pública 2018, debido a que la administración del panista Gustavo Sánchez Vásquez no contó “con la evidencia documental” sobre el subsidio del Fortaseg.
Adicionalmente, la ASF observó 83 mil 537 pesos más rendimientos por la diferencia entre el listado de entrega de uniformes y lo manifestado por el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali.
En la misma Cuenta Pública de 2018, la Auditoría Superior de la Federación promovió que la Sindicatura del Ayuntamiento iniciara el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, establecieron indebidamente en las bases de las licitaciones, que los participantes podrán entregar las proposiciones de forma anticipada al acto de presentación y apertura de proposiciones contraviniendo la Ley de Adquisiciones.
Las observaciones hechas por la ASF a la Cuenta Pública de 2018 de Tijuana -en la gestión del panista Manuel Gastélum Buenrostro- se concentraron en que la Sindicatura iniciara un proceso administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que adjudicaron contratos de manera directa sin sujetarse al procedimiento de licitación y sin que las excepciones estuvieran debidamente fundadas y motivadas.
Además, el máximo órgano fiscalizador instó a hacer las investigaciones pertinentes y a iniciar el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que no asignaron los bienes adquiridos con el FORTASEG 2018 para el cumplimiento de metas y objetivos, en incumplimiento de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio.
Según el área de la Sindicatura, encabeza por María del Carmen Espinoza Ochoa, se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes, y debido a la secrecía que dichos procedimientos no se pudo dar más información sobre los mismos a este Semanario.
De la revisión hecha por la ASF a la Cuenta Pública de 2017 de Tecate -cuando era presidenta municipal la priista Nereida Fuentes González-, el organismo fiscalizador destacó la necesidad de implementar mecanismos de control para fortalecer los procesos y sistemas administrativos, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del FORTASEG y obtener mejoras en su operación.
En opinión de Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, no existe una relación directa entre las observaciones de la ASF sobre cómo se ejerció el recurso destinado a la seguridad pública y la ola de violencia que vive el estado. La cual, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el número de homicidios calificados violentos pasó de mil 328 en 2014 a 5 mil 248, en 2019.
“Una estrategia correcta en materia de seguridad requiere de recursos humanos, tecnológicos y financieros y si no se otorgan los presupuestos adecuados ciertamente cualquier plan es difícil de cumplir, pero en este caso el desvío de recursos o la priorización de su utilización en otros rubros que no sean relacionados al tema de seguridad va en detrimento de la seguridad, y como consecuencia se incrementa la incidencia delictiva, pero una correlación directa no podríamos interpretarla de esa manera”, concluyó Hernández Niebla.
