Un homicidio en la guerra sucia de Bonilla


 
Edición Impresa y lunes, 12 octubre, 2020 01:00 PM

El gobernador del Estado se despojó de su investidura y señaló sin pruebas, sin ser autoridad competente y afectando la presunción de inocencia, al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, en el homicidio de Mariano Soto, un facebookero que había sido sentenciado por extorsión, y quien además, en video, responsabilizó al Cártel de Sinaloa de un atentado previo. González analiza denunciar a Bonilla

Sin ser la autoridad competente y despojándose de su investidura como gobernador constitucional de Baja California, Jaime Bonilla Valdez está imputando sin pruebas y de la comisión de un delito grave -como es el homicidio- al alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.

Violando incluso la presunción de inocencia que asiste al presidente municipal, los dichos del gobernador podrían constituir un delito en el ámbito civil, al confirmarse el daño moral causado con sus declaraciones, realizadas además desde oficinas de gobierno y en su calidad de titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Bonilla Valdez incurrió en una conducta que el Código Civil de Baja California sanciona a reparación del daño moral de acuerdo con el Artículo 1794 bis, y será el juez el indicado -en un momento dado- para establecer el monto de la indemnización.

El Artículo dice textualmente:

“Artículo 1794 bis. Estarán obligados a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior quienes lleven a cabo las conductas siguientes, que se considerarán como hechos ilícitos:

“I.- El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;

“II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;

“III. El que presente acusaciones calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un hecho a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y;

“IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.

Anulados informes mensuales de Bonilla

Con 10 votos  a favor y el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el 6 de octubre  la reforma al Artículo 49 de la Constitución de Baja California -aprobada por diputados locales el 31 de diciembre de 2019-, que permitía al gobernador Jaime Bonilla Valdez, rendir “informes parciales de actividades”.

La revocaron porque invade atribuciones del Congreso de la Unión, único ente legislativo que puede emitir leyes en materia de propaganda gubernamental. Reflexionaron que viola reglas federales en materia de equidad electoral, comunicación social y destino de los recursos públicos.

Cuatro de los once ministros consideraron que la reforma en cuestión debió ser anulada por violaciones graves en el procedimiento legislativo, mientras Esquivel Mossa, defendió los informes periódicos identificándolos un mecanismo de rendición de cuentas previsto en la Ley General de Transparencia.

La tarde del 8 de octubre, al concluir  la sesión solemne de toma de protesta al Consejo Fundacional de San Quintín, en las instalaciones del Congreso del Estado en Mexicali, Bonilla fue entrevistado por reporteros respecto a la más reciente anulación a una de sus reformas.

“Es un arrebato a la libertad de expresión. Un gobernador tiene la obligación de informar a su pueblo, es arbitrario decir que ya no puedo informar porque supuestamente es acto de campaña, cuando ni siquiera se menciona ningún partido. Nada más digo los logros del Estado ese mes, es todo. Creo que es una arbitrariedad a la libertad de expresión”, sintetizó el mandatario bajacaliforniano.

“La reparación del daño moral con relación al párrafo y fracciones anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma manera en que fue difundida o audiencia a que fue dirigida la información original…”.

Efectivamente, después del homicidio del facebookero y sentenciado por extorsión a cinco años de prisión, Mariano Soto -perpetrado el domingo 4 de octubre-, este hecho de violencia e inseguridad sirvió de pretexto al gobernador del Estado para arreciar la campaña que desde el mes de agosto emprendió contra Arturo González Cruz, el todavía alcalde de Tijuana, pues el miércoles 14 de octubre solicitará licencia para buscar la nominación de Morena al Gobierno del Estado en 2021, hecho que por sí solo, es de la molestia de Bonilla, como lo ha reiterado en sus presentaciones por Facebook Live.

Y fue precisamente esa plataforma la que utilizó el mandatario para vincular, de manera directa y durante tres días, al alcalde González Cruz al homicidio de Soto.

Arturo González Cruz y Jaime Bonilla Valdez

El fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, dijo no saber de las declaraciones de Bonilla y que la investigación se está integrando. Cuando se le explicó lo que el mandatario estatal refirió para vincular a González al asesinato, expuso “son temas mediáticos” que no afectan a la investigación, al no encontrarse en la carpeta oficial de la indagación ministerial.

ASESINADO ACUSÓ AL CÁRTEL DE SINALOA

La tarde de 4 de octubre, a Mariano Rafael Soto Cortez, administrador de una cuenta de Facebook dedicada a la exposición de temas de inseguridad y quien cumplía en libertad una condena por extorsión, lo mataron de varios tiros en el pecho.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), Soto Cortez fue atacado alrededor de las 17:48 horas, cuando se encontraba dentro de un vehículo Volkswagen Bora de color blanco, estacionado en Calle Prolongación Paseo de los Héroes, Colonia Anexa 20 de Noviembre en Otay,  justo frente a la tienda La Pajarita. Los paramédicos que llegaron lo declararon sin vida.

El 9 de septiembre, Soto denunció en redes sociales haber sido víctima de un atentado. Lo habían contactado ofreciéndole despensas para repartir, y al llegar fue atacado. Recibió dos balazos en la espalda y otro en un brazo. Ese día realizó una transmisión por Facebook mientras buscaba atención médica.

En uno delos videos que circulan en internet, se le ve acusar a quienes responsabiliza del atentado. Ninguno es el alcalde de Tijuana. Aquí la transcripción de la videograbación:

“Traigo una en el hombro y tres balazos en la espalda, sea quien haya sido, simplemente fue porque yo publico la verdad, este atentado yo se lo atribuyo al Cártel de Sinaloa, directamente culpo a René Arzate ‘La Rana’, al ‘Aquiles’ y al Comandante de la Policía Estatal Preventiva, el Cristian, al que he venido señalando de la PEP…”. Con esas palabras y doliéndose físicamente, concluyó el video.

Mariano Soto había sido condenado en 2019 por la jueza Patricia Hernández por su participación como coautor del delito de extorsión con alevosía, contra el empresario Arturo Pérez Beher -ahora secretario de Desarrollo Económico de Tijuana-. La sentencia incluía recluirse los fines de semana en el Centro de Readaptación Social de la Mesa y pagar una multa de 300 días de salario mínimo vigente. Sin embargo, debido al inicio de la pandemia de COVID-19, el semi-internamiento de Soto fue suspendido a partir del 23 de marzo.

LAS ACUSACIONES DEL GOBERNADOR

El martes 6 de octubre, Jaime Bonilla Valdez, arremetió contra Arturo González Cruz y el secretario de Seguridad Pública del municipio, Jorge Ayón Monsalve. Los vinculó al asesinato de Soto.

“El tema de Tijuana es sumamente delicado y se tienen que poner las pilas las autoridades, particularmente la Policía Municipal, donde ha habido todo tipo de abuso, de los derechos humanos de mucha gente, pero además señalamientos severos que mañana estaremos abordando, muchos de los audios y los videos que están circulando sobre señalamientos de este, de acusaciones directas a la primera autoridad de Tijuana y del secretario, gente que ha sido acribillada, asesinada y que ha pedido ayuda en dado momento y no se le ha podido dar, o no se le dio por equis razón. Y esas amenazas se convierten en una verdadera realidad y la gente amanece acribillada como fue el caso de hace un par de días de Mariano Soto, donde la familia pide ayuda y hace señalamientos sumamente graves, sumamente graves al presidente municipal de Tijuana”, sentenció Bonilla.

“Nunca habíamos tenido una situación como esa en Tijuana, donde los señalamientos son directamente al presidente municipal, y no nada más son señalamientos, sino que terminaron ejecutando a esa persona, hasta dónde existe la impunidad en la Policía Municipal de Tijuana y las autoridades municipales, porque pueden decir todo, pueden decir misa, pero la realidad es que la mamá, ahí están los parientes, haciendo señalamientos del ahora difunto”, y dejó grabado como testimonio quiénes lo habían amenazado y quiénes lo querían ejecutar, y hace los señalamiento y da los razonamientos”.

El gobernador se refirió para el caso, a un video publicado también en la red social Facebook, donde un reportero entrevista a quien se supone es la madre de Mariano Soto y esta acusa: “Soy familiar de la persona que mandó asesinar el presidente municipal y el secretario de Seguridad Jorge Ayón, porque lo hicieron saber por parte de ellos. A él una persona hace tres semanas llegó y lo baleó, y le dijo que lo mandaron el presidente municipal y que no anduviera hablando del presidente… por eso yo lo estoy señalando y él pidió ayuda y no se le dio, por eso lo estoy señalando…”.

Dos días después, el jueves 8 de octubre al finalizar su presentación por Facebook Live, Bonilla volvió a la cargada:

“Termino diciéndoles que vamos pasar el video que les habíamos prometido hace un par de días, lo tenemos con texto para si no tiene suficiente claridad el audio, puedan ustedes leer exactamente. Y esto es nada más por un tema, porque en este caso en particular, ha habido mucha acusación y puede haber muchas aseveraciones, información falsa, pero en este caso hubo un muerto, hubo un homicidio, hubo un señalamiento por la misma persona que asesinaron de lo que le iba a pasar.

García, dueño de Fisamex, fue extorsionado; usaron su adicción a la cocaína

En la transmisión en vivo vía Facebook del gobernador Jaime Bonilla, realizada el 7 de octubre, Manuel García Soto, dueño de la empresa Fisamex, aseguró que ha sido objeto de extorsión desde hace dos años que empezó a trabajar con el gobierno de Baja California, realizando auditorías a empresas deudoras de agua, e informó que el 24 de septiembre presentó una denuncia por extorsión.

Los acusados son María del Rocío Velázquez y su ex esposo, Christopher E. Pérez Giménez, empresario identificado por el denunciante como secretario particular de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra. El denunciado no está integrado a la nómina municipal, pero se presenta como personal cercano a la presidenta municipal.

Estas declaraciones fueron parte de la explicación que dio el contratista del gobierno bonillista, quien el martes 29 de septiembre fue exhibido en redes sociales consumiendo cocaína en ocho ocasiones entre el 7 y el 13 de julio del año en curso.

Ocho días después, dio la cara y reveló que el 29 de julio difundieron entre su familia y amigos un video con imágenes y fotos que datan entre 2016 y 2019, “ya se hablaba de dinero”, pero cuando intentó denunciar los primeros días de agosto le fue rechazada porque “no llevaba los nombres que señalaba directamente”.

Dos meses más tarde, presentó dos denuncias el 28 de septiembre:

– Una por delitos de amenazas contra la intimidad, extorsión y lo que resulte, “acompañada de 80 documentos” – imágenes y fotografías-  y mensajes donde hay nombres de personas y está comprobado el delito.

– La segunda fue una complementaria  por robo con violencia, ya que el 16 de septiembre hubo un ingreso ilegal a un inmueble de García Soto.

También recordaron que en abril de 2019, García ya había presentado cinco denuncias por corrupción, dando nombres y documentación de ex funcionarios que intentaron evitar las auditorías y cobros de deudas a empresarios.

Del video donde se exhibió a García Soto consumiendo cocaína en julio de 2020, el contratista destacó el hecho que se publicará después de la denuncia. Admitió que los videos son diferentes a los de la extorsión de julio ya denunciada, y que su consumo de una de las drogas más adictivas “es cosa del pasado”

La secretaria de la Honestidad, Vicenta Espinosa, lo felicitó: “Hay una situación, o hubo una situación que muy bien, valiente, te felicito, lo estás afrontando”. (Rosario Mosso Castro)

“Y ese es el sentido, el posicionamiento de este Gobierno del Estado, de que las personas que están señaladas deben inmediatamente pedir licencia, para que la síndico y la fiscalía hagan una investigación profunda, porque no se puede tolerar un estado como el que tenemos en Baja California, ¿verdad?,  que permita que en los municipios o que sean señalados funcionarios y que no haga nada la autoridad.

“Yo le pido también al Gobierno Federal, a través de la fiscalía, que haga toda una investigación, pero para esto tenemos que quitar a las personas que la pueden impedir, ese es el posicionamiento del gobernador y no vamos a cesar hasta que eso se logre”, expresaría.

El audio que reprodujo el gobernador es el siguiente. El hablante es Mariano Soto:

“Poquita información, güey, el 31 de mayo a mí me siembran un arma, güey, duro 17 días en prisión, cuando salgo pongo una denuncia ante Sindicatura, ya que pongo la denuncia en sindicatura, güey, yo responsabilizo directamente al alcalde y al secretario de cualquier cosa que le suceda a mí y a mi  familia, güey. Nunca hicieron nada, güey, publico yo el robo del deco, de parte del robo de un decomiso que hicieron, güey, en Valle de las Palmas, donde se robaron 600 kilos de cocaína, güey. A raíz de eso me empiezan a amenazar, güey, y a raíz de eso me balacean, güey, porque querían que me callara, güey”.

 

GONZÁLEZ CRUZ ANALIZA DENUNCIAR A BONILLA

Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, declaró el jueves 8 de octubre que considera la posibilidad de denunciar a Jaime Bonilla Valdez por implicarlo sin fundamentos en hechos delictivos.

“Niego rotundamente los falsos señalamientos que me hace, este es un tema que le compete investigar a la Fiscalía (General del Estado), y quien deberá en todo caso determinar responsabilidades. El gobernador ha abusado de la comunicación para afectarme y afectar al Municipio de Tijuana bajo señalamientos infundados, apreciaciones subjetivas y comentarios alejados de la realidad”, manifestó.

“Este es un comentario más para afectar mi imagen pública, claramente son declaraciones con el propósito de coartar mis derechos políticos, invito al gobernador que actúe dentro del marco legal y no finque responsabilidades sin pruebas y solo utilizando suposiciones, sigo pensando que la cordura y la unidad es lo que Baja California necesita”.

González Cruz puntualizó:

“Estoy analizando la posibilidad de proceder legalmente contra el gobernador con motivo de sus temerarias acusaciones”.

La tarde del mismo jueves, González anunciaría que el próximo miércoles 14 de octubre solicitaría licencia al cargo de presidente municipal, pero no para ser investigado, sino para buscar la candidatura al Gobierno del Estado de Baja California por Morena. (Con información de Julieta Aragón y Gerardo Andrade).

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