De julio a diciembre de 2020, el Gobierno del Estado de Baja California pagará a una inmobiliaria privada, más de 24 millones de pesos por la renta de las oficinas del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, quien no optó por utilizar los despachos que en la Capital del Estado pertenecieron a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General del Estado, instituciones que se fusionaron en la FGE. En noviembre de 2019, afirmó que rentaba para dignificar el espacio laboral de los funcionarios, pero aquellos que se encuentran trabajando en hechizas y ruinosas oficinas en la Central Camionera, siguen en las mismas condiciones
En seis meses, el Gobierno del Estado de Baja California pagará 24 millones 253 mil 512 pesos por el pago de la oficina del fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, en la Zona del Río Tijuana, en el edificio que fue del World Trade Center.
Mensualmente, desde julio de 2020 y hasta diciembre del mismo año, que es cuando fenece el contrato firmado por Oficialía Mayor del Gobierno del Estado e Inmobiliaria Ensedor, SA de CV, propietaria del inmueble, saldrá del erario estatal la suma de 4 millones 42 mil 252 pesos para pagar la renta del edificio, cifra que corresponde al pago del arrendamiento, acordado en 3 millones 484 mil 700 pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA), que al 16%, equivale a 557 mil 552 pesos.
La nueva sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde noviembre de 2019 se describe así en el contrato: un edificio de oficinas corporativas que “consta de 7 plantas… con superficie rentable total de 8 mil 768.62 metros cuadrados, se encuentra dividido en diversos espacios propios para ciertas actividades comerciales y de servicios profesionales, y que todos ellos se han destinado para su subarrendamiento, entre los cuales se encuentran los pisos 1, 1.5, 2 y 3 con superficie total de 3 mil 531.70 metros cuadrados, mismos que cuentan con adecuación y mobiliario de oficina, como puertas de madera en acceso principal y muros de tablaroca, cancelería de vidrio templado, pasillos de circulación, piso vinílico imitación duela, alfombra, centro de carga, ductería para cableado de energía eléctrica…”, etcétera.
Además, está garantizado que cuenta con “todos y cada una de las autorizaciones, permisos, licencias y registros necesarios otorgados por autoridad competente para llevar a cabo el legal funcionamiento del edificio”.
Las oficinas de Ruiz Hernández las rentó a su amigo y cliente legal, el empresario Salomón Cohen, a quien comprometió a no cobrarle renta los primeros seis meses de ocupadas.
Sin embargo, el fiscal estatal estuvo despachando en sus nuevas oficinas desde noviembre de 2019, y fue hasta julio del año en curso que el Gobierno del Estado comenzó a pagar renta a Inmobiliaria Ensedor, SA de CV, lo que significa que durante nueve meses, la FGE estuvo ocupando oficinas “prestadas”, sin ningún contrato de por medio, desconociéndose el acuerdo entre la fiscalía y el arrendador.
De hecho, en el contrato firmado en marzo de 2020, se asentó un periodo de gracia, sin cobro de renta, para que la FGE pudiera instalarse, pero fue de tres meses y no los nueve que estuvo instalado su titular sin pagar por ello. El periodo exento de pago fue descrito así en el contrato de subarrendamiento: “Plazo de gracia de tres meses, sin pago de renta a partir de la fecha de la entrega, independientemente de la firma del presente contrato, plazo que se le otorgará a el subarrendatario para que realice los trabajos de acondicionamiento que estime necesarios en el inmueble subarrendado para su inicio de operaciones”.
ZETA solicitó, vía transparencia, conocer de la existencia de un contrato de comodato por esos nueve meses que la FGE ocupó el edificio sin pagar renta, o los seis meses que están fuera del contrato, de noviembre de 2019 a marzo de 2020. La respuesta fue que no existe un convenio de comodato, por lo que esos seis meses permanecen en el limbo, lo cual podría tener consecuencias de confirmarse la no firma de un comodato, por ejemplo, que el subarrendador cobre en lo posterior, la renta de esos seis meses que el edificio fue ocupado pero que no aparecen en el contrato; o que se abra una investigación, porque ni la fiscalía ni el fiscal pueden aceptar obsequios, de acuerdo al Artículo 20 del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas en el Código Federal, que dice:
“Las personas servidoras públicas, con motivo de ejercicio de su empleo, cargo o comisión, no deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, sean de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte”.
El contrato para la renta de las oficinas del fiscal general del Estado en lo que fue el edificio del World Trade Center en Tijuana, lo celebraron en marzo de este año el abogado Bibiano Matías Salgado Mejía como representante legal de Inmobiliaria Ensedor, SA de CV, propiedad del empresario Salomón Cohen, un cliente de muchos años del despacho legal de Ruiz Hernández, por parte de la FGE. La firma del contrato de arrendamiento la realizó el entonces oficial mayor del Gobierno del Estado, Salomón Faz Apodaca.
Además, el subarrendador se comprometió a “construir un edificio de estacionamiento en tres meses a partir de la fecha de entrega del inmueble, con iluminarias eléctricas, elevadores, escaleras y acceso exclusivos para el personal”.
Los 3 millones 484 mil 700 pesos más IVA de renta, “serán pagaderos en mensualidades adelantadas dentro de los primeros 10 días naturales del mes”, en caso de mora, pagarán un 5% sobre el importe de la renta vencida.
Además, de forma anual, aunque el contrato es por seis meses, se puede prorrogar por otros seis y así sucesivamente cada año incrementará la renta “en la misma proporción en que aumente el Índice Nacional de Precios al Consumidor”.
FISCALÍA SIN NÓMINA Y SIN INMUEBLES
El fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, no pudo responder los llamados de ZETA a una entrevista al respecto de la renta de sus oficinas, en su lugar, atendió a este medio de comunicación Hiram Sánchez, el fiscal central, quien informó que el Gobierno del Estado asume los gastos de operación y en este caso la renta de las oficinas del fiscal, porque aún no han concluido con el proceso de adjudicación de recursos y bienes inmuebles para la FGE.
Cuando se creó la fiscalía estatal, los bienes y el presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, pasaron a formar parte de la FGE. En el Congreso del Estado dieron un plazo de seis meses para concluir el proceso de desincorporación de los bienes y los recursos del Gobierno del Estado, donde se encontraban la PGJE y la SSPE, para entregarlos para su administración y aprovechamiento a la Fiscalía General del Estado. Este proceso, por Ley debe estar concluido en noviembre de 2019, pero Hiram Sánchez informó que los trabajos están retrasados, por lo que pedirán una prórroga de dos meses para terminar la consolidación de la FGE en enero de 2021, ya dotándola de plena autonomía.
“Estamos en ese proceso de transferencia. Hay programas de administración y nóminas que no han podido migrar. El Capítulo 2000, Sistema de Pago, está todo informático, en el tema de recursos está administrado por sistema informático del Gobierno del Estado, ya nos pasaron algunos sistemas, pero la nómina la paga todavía el Gobierno del Estado, después lo haremos nosotros”, expuso.
Sucede que mientras la transferencia de presupuesto y bienes no concluya, el Gobierno del Estado, desde la Secretaría de Hacienda, gira de manera mensual a la FGE el presupuesto para su operación, y por supuesto, para la renta de las oficinas del fiscal Ruiz. De hecho para el presupuesto 2020, este entregó un documento al Gobierno del Estado, y estos lo enviaron dentro de la solicitud del Presupuesto de Egresos 2020. Para el próximo año, cuando la fiscalía ya cuente con autonomía plena, directamente como el resto de los órganos autónomos, enviará su solicitud de presupuesto al Congreso del Estado. Actualmente el presupuesto de la FGE es de 2 mil 538 millones de pesos.
LAS OFICINAS DEL FISCAL
Tanto el procurador general de Justicia del Estado, como el secretario de Seguridad Pública de Baja California, contaban con edificios propios en todo el Estado. Sus oficinas centrales, como las del gobernador y los poderes Legislativo y Judicial, se encontraban en Mexicali, ambos edificios en las inmediaciones del Centro Cívico que concreta a los tres poderes del Estado.
Sin embargo, el fiscal, que concentró ambas instituciones de seguridad, decidió no despachar en ninguno de los edificios construidos exprofeso en Mexicali. También optó, cuando arribara a Tijuana, no despechar en la Subprocuraduría o en las oficinas de la Secretaría de Seguridad, como lo hacían quienes encabezaban esas instituciones en el pasado.
Guillermo Ruiz Hernández prefirió estrenar oficinas al menos para la FGE, porque decidió rentarle un edificio a su amigo Salomón Cohen, que este inauguró en 2011 para renta de oficina, que por cierto hasta antes de la llegada de la fiscalía, una manta de “Se rentan oficinas” permanecía en el conocido World Trade Center.
En noviembre de 2019, a pocos días de tomar posesión, Ruiz indicó que el edificio se había rentado para “dignificar” las instalaciones de la FGE, pues las que tenía la PGJE, estaban en ruinas. De hecho, llevó a ZETA a un recorrido por las instalaciones de la ex procuraduría en la Central Camionera.
En aquella ocasión, fue notorio el deterioro de las oficinas que ocupaban las unidades de Narcomenudeo, Robo de Vehículos, Delitos Sexuales, Periciales y otras. Techos roídos, humedad ante la penetración de agua en techos y paredes, además de hacinamiento de personal, archivos y viejo mobiliario. En los pisos incluso había baches. El fiscal dijo entonces, conmovido, que acabaría con eso. Que daría a los colaboradores de la FGE lugares dignos de trabajo.
Pero nueve meses después, esas oficinas derruidas continúan ahí, funcionando en las mismas condiciones, con los mismos baches internos, las goteras, la humedad, el hacinamiento.
Hiram Sánchez, fiscal central, argumentó que en efecto esas oficinas instaladas en casas móviles se desocuparán y el personal será enviado a otros edificios, ahí mismo, en La Encantada y en World Trade Center… pero no se ha hecho.
Prácticamente desde que el fiscal Ruiz mudó la FGE al edificio de World Trade Center, el único que despacha ahí, es él. Aun cuando hacía actos masivos previos a la
Denuncian corrupción en Centro de Control y Confianza
Un documento se hizo llegar a este Semanario, una carta anónima firmada por “ex empleados en contra de la corrupción”, fechada el 4 de septiembre y con sello de recibida en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la Dirección de Auditoria Gubernamental. Organismo de los gobiernos panistas en Baja California que fue sustituido por la Secretaría de Honestidad y Función Pública a partir de la llegada de Morena en noviembre de 2019.
En el texto se hacen señalamientos en contra de varios funcionarios y/o ex funcionarios del Centro de Evaluación de Control y Confianza Estatal (C3): Brenda Valdez Jaramillo, Diana Yaneth García Félix, Edgar Montijo, Gonzalo Gilberto Anguiano, Jesús Rafael Montoya Espinoza, Víctor Hugo Reyes Cisneros, Marisol Cervantes, Maribel Ramos y Yagna Escobedo. Las irregularidades señaladas corresponden a 2019 y, aseguran, los problemas no han mejorado.
A continuación, la lista de acontecimientos denunciados en un texto de seis hojas:
- Pago a “aviadores” con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Ponen como ejemplo a Yáñez Valiente Ana Laura: Guzmán Cárdenas Javier; Robles Saldívar Fernando; Corral Paz María Esther y Larraguivel Salazar Javier Arturo.
- Sobreprecio en pago de servicios, como el mantenimiento por 6 mil pesos a una planta de luz que había, el cual aumentaron a 30 mil pesos.
- Contratación de amigos y parientes sin filtro y exámenes de confianza, sin respetar antigüedad de empleado. Ejemplos: Gabriela Baylón, Ramón Valdez Gustavo Gómez.
- Simular operatividad del área socioeconómica ante la Dirección de Asuntos Internos.
5.-Sustracción de polígrafo para dar servicios a empresas privadas, para lucrar de manera personal.
- Uso de equipo del C3 para dar seguimiento a la jornada del 2 de junio de 2019 al servicio del PAN.
pandemia, o juntas de trabajo, pocos eran los funcionarios que se instalaron en cualquiera de los siete pisos del edificio de 4 millones de pesos al mes.
Hace tres semanas, finalmente el fiscal central pudo instalarse en una oficina en el World Trade Center, el área de comunicación parcialmente ha tomado posesión también de alguna área, lo mismo que la Dirección de Prevención del Delito. De ahí en fuera, o están por mudarse, o lo harán a otra edificación.
“Unas unidades se irán al World Trade: Patrimoniales, Justicia Alternativa Penal, Prevención al Delito, Delitos contra las Mujeres por Concepto de Género, Comunicación Social, Oficialía Mayor”.
Pero durante meses, fue solo la oficina del fiscal general. Una oficina de 4 millones de pesos al mes.
