“Apostamos más por la investigación que la flagrancia”, expresó el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, el 24 de agosto al presentar su informe semestral -de enero a julio-, en la transmisión de la conferencia vía Facebook presentada cada mañana por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Decidió hablar de sus resultado en ese foro, aunque legalmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) es autónoma, y el licenciado Ruiz no es empleado del ingeniero Bonilla.
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Aseguró que había avances en las investigaciones en contra de ex funcionarios, y que esta forma de trabajo les permite definir y perseguir a los generadores de violencia considerados objetivos prioritarios de la corporación que dirige.
Sin embargo, fuera de esos informes, es poco lo que habla Ruiz de las investigaciones y el combate a la seguridad. Prefiere aprovechar sus foros para destacar sus proyectos más amigables y ciertamente loables, como las preparatorias militares y la búsqueda de recursos para los puntos de revisión carretero.
Poco o nada es lo que habla del combate de la FGE a las células de los cárteles de la droga que operan en Baja California y están implicadas en la actividad criminal de la región.
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En términos oficiales, la prensa recibe diariamente comunicados informando de la captura de fulano y zutano “N”, pero nada se sabe de su identidad, de su operatividad criminal real o del impacto que tendrán sus aprehensiones en la incidencia delictiva.
De hecho, las detenciones de los principales generadores de violencia ni siquiera han sido ejecutadas por la Policía de la FGE, que es la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), aunque la versión ha sido que se trata de un trabajo de coordinación.
A Octavio “El Chapito” Leal Hernández lo detuvo la Policía Municipal de Tijuana el miércoles 19 de febrero. Y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) capturó a José Luis Escudero Escandón “El Quieto” el 28 de enero en Cancún Quintana Roo; a Ricardo Bozada “El Bozadas”, el 11 de marzo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; y a David López Jiménez “Cabo 20” el 28 de marzo en Querétaro.
Fue hasta julio que la GESI reportó resultados calificados de relevantes. Desconocidos hasta su captura, fueron presentados como operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate: Ismael Gómez Sierra “El Chiquilín”, criminal administrativo; Flavio Roberto Ortiz Muñoz “Basuras,” homicida; y Yovani Guerrero Arellano, “El Arellano”, trasegador del narco y supervisor de la Policía Municipal de Tecate. Pero después de eso, nada.
Consultado respecto a la inacción, informaron de la captura de por lo menos otros nueve objetivos prioritarios: dos líderes en el trasiego de droga y siete jefes de sicarios, recordando que el combate a los asesinatos es uno de los hilos conductores del trabajo de la FGE.
“Treintainueve órdenes de aprehensión ejecutadas en contra de homicidas, y eso solo en el mes de septiembre”, presumió Guillermo Ruiz Hernández.
Ahora, con 2 mil 175 víctimas de homicidio registradas en el año, el Poder Judicial de Baja California informó que en el mismo periodo de tiempo, se han judicializado apenas 328 causas penales por homicidio doloso.
Son 192 causas penales por asesinatos en Tijuana, donde hay mil 504 muertos; 55 causas en Mexicali, que suma 152 homicidios; 49 causas en Ensenada, donde cuentan 304 asesinatos; 21 causas penales en Rosarito que tiene 112 ejecuciones en su estadística; y cierra Tecate con once causas penales iniciadas y 103 asesinatos contabilizados.
En total, el Ministerio Público del Fuero Común ha conseguido 98 sentencias condenatorias por homicidio, y seis han resultado absolutorias. En cuanto a narcomenudeo, que también es usado como estrategia contra las muertes violentas, han iniciado mil 513 causas penales, pero solo 158 narcomenudistas han sido sentenciados.
Pese a este esfuerzo, los números de homicidios del 1 de noviembre de 2019 al 30 de septiembre de 2020, no terminan de mejorar en Baja California. La gestión de Ruiz Hernández inició con 231 víctimas de homicidio en BC durante noviembre de 2019, agosto de 2020 cerró con 280 muertes violentas y el recién concluido septiembre sumó 262 ejecuciones, clasificándose como el tercer mes más sangriento en lo que va de la administración morenista.
Incluso al comparar la incidencia de los primeros nueve meses del año anterior con el presente, la mejora es mínima: 2 mil 214 muertes violentas en 2019 y 2 mil 175 en 2020, lo que significa que después de judicializar a más de 300 homicidas y 2 mil 500 narcomenudistas, solo han podido reducir 39 víctimas en comparación al año pasado.
Sin embargo, el fiscal se ha manifestado públicamente optimista, le basta con que en Baja California el homicidio se esté conteniendo, mientras el resto de los estados sigue subiendo
Pero los números hablan, es mucho dinero y demasiadas hora hombres -o mujer- invertidas para resultados tan limitados. Ruiz está a punto de cumplir un año de gestión, un buen momento para analizar y dar un golpe de timón.
