Eduardo Arredondo Uribe y Edgardo Silva Rivera, se ostentan como presidentes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, en donde pasa de todo, menos una lucha frontal en el Estado para castigar a los funcionarios desleales que hagan mal uso de los recursos públicos del Estado.
Mediante un comunicado, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (CPCSEA), Eduardo Arredondo Uribe, rechazó por improcedente la convocatoria ilegal que hizo Edgardo Silva, quién se ostenta como presidente del CPC y también como consejero presidente en Mexicali.
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En el documento se puede leer que, dicha convocatoria la firman además Vicenta Espinosa Martínez, secretaria de la Honestidad y Función Pública, José Luis Zazueta Pérez, Síndico Procurador de Playas de Rosarito, María del Carmen Espinoza Ochoa, Síndica procuradora de Tijuana, y Ricardo Esteban Zurita López, miembro del CPC. Fue catalogado como una maniobra que busca socavar la funcionalidad y operatividad institucional del Sistema Anticorrupción, consideró Arredondo.
Los señalamientos de irregularidad continúan en el comunicado y aseguran, se trata de un acto ilegal ya que la petición para sesionar debe ser suscrita al menos por 12 integrantes y dirigirse al presidente del CPC; requisitos que no se reúnen en la malograda convocatoria. Por reglamento, el convocante es quien preside el CPC y, por extensión, el Órgano de Gobierno.
El 8 de julio de 2020, Arredondo Uribe fue electo para presidir el CPC por un periodo de un año que concluye en junio de 2021. “Nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley“, advirtió Arredondo Uribe, al tiempo de rechazar la pretensión de albazo de Silva Rivera, quien ha estado ausente de los trabajos del SEA desde noviembre de 2019.
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En julio, a pesar de haber confirmado su asistencia a la sesión para elegir al presidente del CPC, cargo al que aspira por ser su último año en el SEA, Silva Rivera decidió no asistir y optó por presentar una solicitud de amparo para suspender la designación de Arredondo Uribe, representado jurídicamente por Ricardo Zurita, pero el Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación en el Estado la rechazó el 27 de septiembre de 2020, al considerarla improcedente y, de facto, confirmó el nombramiento del actual presidente:
“Las consideraciones jurídicas del Juez dan soporte a la negativa de la suspensión solicitada y por consecuencia, reconocen el nombramiento existente a mi favor, como un acto materialmente cierto y legítimo y que inhibe al quejo Edgardo Silva Rivera a ostentarse como titular de dicho cargo“, señaló el presidente del CPC.
La petición de la discordia
En un oficio fechado el 22 de octubre del 2020, dirigido a Luis Ramón Irineo Romero, quien funge como Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, Edgardo Silva, ostentado también como Presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Órgano de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), le pidió a Irineo que presente la información y documentos necesarios, dice, para dar cumplimiento y desahogo a los puntos que conciernen al encargo de Irineo Romero. Todo esto, se lee en el oficio, que tiene la intención de reactivar los trabajos del SEA.
Niegan suspensión de amparo
El Juzgado quinto de distrito, negó una suspensión de Amparo promovida por Silva Rivera, en donde se puede observar que el quejoso, en este caso, Silva, comprueba el acto reclamado, en virtud de las pruebas que presentó, en este caso una página electrónica del portal del SESEABC, por lo que el Juez, Emmanuel Cuellar Balderas, del juzgado quinto de distrito en el Estado dio fe a través de su secretario, Marco Antonio Pérez Oceguera.
“Se niega a Edgardo Silva Rivera la suspensión definitiva que solicitó contra el acto que reclamó a las autoridades…” se puede leer en el fallo del Juez Cuellar.
Lo que tiene hundido al SEA con dos Presidentes de Comité de Participación Ciudadana del SEA. Por un lado, está Edgardo “Chito” Silva Rivera y Eduardo Arredondo Uribe.
La mano del aparato de Gobierno
Arredondo Uribe advirtió que es muy grave que en el ente anticorrupción se pretenda incurrir en un acto ilegal, avalado con la firma por la secretaria de Honestidad y Función Pública, dos síndicos procuradores y otro integrante del CPC. La pretensión de esta sesión -asegura Arredondo- es contradictoria toda vez que desde marzo están paralizadas las sesiones del Comité Coordinador del SEAdeBC, a propuesta de la propia secretaria Vicenta Espinoza que se confabuló con Ricardo Zurita y Silva Rivera.
Todo por los “Moches”
En esa sesión del 12 de marzo, Zurita buscó romper la reunión desde la votación del orden del día al oponerse a la solicitud de investigación de : “los moches”, la entrega de recursos económicos de parte de proveedores a funcionarios anunciados del equipo de mandatario electo, Jaime Bonilla, con la promesa de obtener contratos del gobierno de Baja California; la entrega de una notaría pública al sobrino del exgobernador Xicotencatl Leyva Mortera; y la presunta extorsión del diputado Miguel Ángel Bujanda para aprobar el presupuesto 2020, de acuerdo a denuncia del secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano.
Con la mayoría de votos de los representantes gubernamentales, así como de Edgardo Silva y de Zurita, se acordó suspender las actividades del Comité Coordinador hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregara al Congreso local el engrose de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 119/2017 donde resolvió que todos los integrantes del CPC recibirán pago mensual.
La inmediatez o interés del Congreso
Casi de manera inmediata, los diputados de la XXIII legislatura, promovieron un punto de acuerdo para paralizar las acciones del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, así como las sesiones del Comité Coordinador y otras entidades del SEABC.
Después de exponer el interés de que funcionen y estén integradas todas las instancias del Sistema Estatal Anticorrupción, facultad exclusiva del Congreso del Estado, incluyendo la regularidad de las sesiones públicas, se refirió al riesgo de salud pública por la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus y por ello “es de suma trascendencia respetar y observar los protocolos y el lineamiento general para la mitigación y prevención en espacios públicos cerrados“, Eduardo Arredondo.
La prudencia, se impuso en lo inmediato, y decidieron la no celebración de sesiones públicas, hasta en tanto las medidas sanitarias lo permitan, dijo Arredondo, al tiempo de informar que el Sector Salud no ha emitido opinión ni autorización de las consultas realizadas para tal fin. Pese a que ha permitido la apertura de bares y permitido eventos masivos y públicos como la boda en San Pedro Residencial de Mexicali, donde van más de 100 contagiados y ningún responsable.
Por último, convocó a los representantes ciudadanos y gubernamentales a hacer del Sistema Estatal Anticorrupción “un verdadero espacio de colaboración y coordinación institucional para dar resultados visibles a los ojos de quienes, al final del día, terminan cargando los gravísimos costos de la corrupción“.
