En Baja California, a los funcionarios morenistas no se les cae de la boca el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y con razón, porque todos y cada uno de ellos le deben sus actuales posiciones de poder al carisma y arrastre del mandatario. Lo usan y les sirve de ejemplo para prácticamente cada acción de gobierno.
Sin embargo, poco o nada han dicho respecto a las declaraciones de AMLO vertidas en su conferencia mañanera del 23 de septiembre, cuando les dijo a los que suspiran por un encargo de elección popular de mayor responsabilidad, recompensa económica y poder, que se tenían que ir lo más pronto posible, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno.
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“Todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos tienen que abandonar el gobierno lo más pronto posible, ya tienen que empezar a cambiar de trabajo, voy a decidirlo ya: pero muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Aprovecho para decirles de una vez, a más tardar en octubre, a finales de octubre.
“No queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral, no queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos a candidatos tiene que haber elecciones libres y nada de manipulación, ya es otra etapa, tenemos el compromiso de hacer valer la democracia”.
Cierto, los diputados, regidores, síndicos y alcaldes locales -con excepción de Tecate- ya demostraron que les importa nada el conflicto ético, y por eso aprobaron la “Ley Gandalla”, promovida por el gobernador Jaime Bonilla y su secretario general, Amador Rodríguez Lozano, quien reformó artículos constitucionales para que alcaldes, legisladores y regidores puedan buscar la reelección sin dejar su cargo.
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Agregaron que estos funcionarios-candidatos, “no podrán recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para gestión social o cualquier otro recurso público, tampoco ocupar al personal adscrito a la nómina, no estar presente en actos públicos de entrega de beneficios de programas sociales. No podrá promocionar o publicar las acciones de beneficio social realizadas en el periodo de las campañas”.
Sin embargo, es evidente que más allá del papel, López Obrador, como muchos votantes mexicanos, tiene claro que permanecer en sus puestos de elección es “mezclar lo partidista con el gobierno”.
De hecho, para el líder moral de los morenistas ni siquiera es suficiente el requisito legal de que cualquier funcionario público -con excepción de gobernadores y Presidente- que desee ser gobernador, alcaldes o legisladores, deban separarse del cargo como mínimo 90 días antes -8 de marzo- de la elección del 6 de junio de 2021, previstos en Ley.
López Obrador dijo que los quiere fuera ya, en octubre, a más de 210 días antes de la elección, porque no quiere que se utilice el gobierno para favorecer a partidos y candidatos. Y la precampaña adelantada, encabezada por gobernador de Baja California, ha sido una muestra de que no anda errado en su consideración.
Desde el 11 de mayo de 2020, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó e informó al ingeniero Jaime Bonilla Valdez que no podría ampliar ilegalmente su período de gobierno de dos a cinco años, se desbordaron las aspiraciones de otros representantes de Morena, y se hizo evidente la postura del gobernador. Su plan de que serán él y su grupo, los que él llama “verdaderos morenistas”, quienes decidan quién lo sucederá en la gubernatura que están seguros de ganar, por lo que “desde el gobierno”, el ingeniero Bonilla se ha dedicado a echarle porras a sus potenciales candidatos: el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, y su homóloga en Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y criticar a sus desestimados, de hecho, hasta ahora su molestia y campaña de desprestigio está concentrada en que empezó a dar vueltas por el Estado sin pedirle permiso el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz.
Su pleito ha sido tan intestino, que en fechas recientes decidió politizar el delicado tema de la seguridad pública en Tijuana, cuando la incidencia homicida muestra que 2020 ha sido el peor año para Mexicali y Ensenada, municipalidades gobernadas por sus preferidos.
Bonilla se lanzó con todo contra la inseguridad de Tijuana, como si él mismo no encabezara la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, desde el 6 de junio de 2018, cuando dejó el Senado para convertirse en súper delegado en Baja California. Responsabilidad que por cierto decidió abandonar y delegar en semanas recientes, en medio de su debate en redes sociales con González Cruz.
De hecho, llegó al punto de trasmitir en su presentación en redes sociales, un audio en el que administrador de una página de Facebook, sentenciado por extorsión y asesinado a balazos en días previos, había denunciado al alcalde de Tijuana y al secretario de seguridad municipal Alberto Ayón de que lo querían matar, e intencionalmente, evitó transmitir el video donde el mismo personaje acusaba al Cártel de Sinaloa y a los narcotraficantes hermanos Arzate del mismo atentado y de su posible muerte.
En esta revoltura de intereses, González decidió anunciar el 8 de octubre que pediría licencia, la cual se hará efectiva hoy viernes 16 de octubre. Quiere ser candidato a gobernador y busca evitar que las estimas y fobias políticas del gobernador Bonilla sigan afectando a Tijuana. Y para controlar los daños, ya dijo que peleará con el mandatario en tribunales y no en redes sociales.
Arturo González se va esta semana, es el primero, pero no el único que aspira a un puesto de elección.
Además de Armando Ayala y Marina Ávila, se han dejado escuchar los nombres de Mario Escobedo secretario de Economía Sustentable, Medio Ambiente y Turismo; del súper delegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe; del diputado Víctor Morán e incluso del secretario Amador Rodríguez y el fiscal Guillermo Ruiz; la síndico procuradora de Tijuana, María del Carmen Espinoza Ochoa; y faltan los diputados, alcaldes y regidores que se quieran reelegir.
Con el ambiente tan enrarecido por las filias del gobernador, para que no sea como antes, para no utilizar el gobierno en las campañas, para que los municipios y entidades de gobierno no resulten afectados ni usados, lo más sano es que los suspirantes pidan licencia a la voz de ya.
