Los sellos de suspensión colocados el 14 de septiembre por la Coepris a las bodegas del DIF y las instalaciones del Centro Comunitario El Chamizal, en Tijuana, fueron retirados este martes por disposición del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.
Por más de dos semanas, alrededor de 2 mil despensas permanecieron sin supervisión de personal del Sistemas de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), de manera que el gobierno municipal encabezado por Arturo González Cruz, anunció que procedería con una revisión en el ánimo de constatar que los productos alimenticios bajo resguardo se encontraran en buen estado o en su defecto, dar de baja aquellos que no presentasen buenas condiciones.
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De acuerdo con el consejero jurídico del Ayuntamiento, Salvador Gómez Ávila, la demanda interpuesta por el DIF contra las suspensiones emprendidas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) obedeció a los supuestos de que la clausura de esos espacios era “ilegal “, pues según arguyó el funcionario esa instancia no está facultada por la Ley de Salud del Estado para emprender acciones de esa índole en el ámbito de los Ayuntamientos.
Además expuso vía telefónica, que la sanción resultó “desproporcionada” toda vez que “una cosa es el aseguramiento de bienes (en este caso mercancías) y otra es clausurar”.
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Recordó que el Centro de Servicios Médicos Municipales, el cual fue objeto de una suspensión el martes 22, por no contar con licencia sanitaria ni aviso de funcionamiento, está funcionando de nueva cuenta, luego de que el Ayuntamiento igualmente procediera jurídicamente.
Adelantó que el gobierno municipal interpondrá más recursos en contra de los procedimientos ejercidos por la Coepris contra otros espacios con estatus de municipales.
A su vez la oficial mayor del XXIII Ayuntamiento, Ana Leticia Salcedo, refirió que se interpondría denuncia en Derechos Humanos por las afectaciones provocadas a personal del gobierno municipal con el cierre del centro de servicios médicos.
