Con el notario 25, Florencio Alaniz Ornelas, hubo un despojo de 800 hectáreas en la zona turística de Playa El Médano, expuso a ZETA la familia Ceseña Angulo. El caso lleva 12 años en proceso legal. Según los denunciantes, el vínculo comenzó durante el sexenio de Narciso Agúndez Montaño, quien entregó la patente de la Notaría a Alaniz Ornelas, cercano al ahora ex gobernador
La familia conformada por Hugo Horacio, Norman y Guadalupe, de apellidos Ceseña Angulo y/o quien o quienes resulten ofendidos, denunciaron a través de la causa penal CSL/104/PAT/2015, los delitos de fraude genérico, incumplimiento de un deber legal equiparado y falsificación de documento equiparado.
Los imputados son su hermana Clementina Ceseña Angulo y el notario 25, Florencio Alaniz Ornelas, quienes presuntamente los despojaron de 800 hectáreas en la zona turística de Playa El Médano.
Norman Ceseña, uno de los afectados, detalló a ZETA que el problema inició desde hace más de 10 años, cuando el notario 03, Carlos Arámburo, hizo un supuesto testamento sin contar con la presencia de su madre.
Ni el propio titular de la notaría 25 cumplió los requisitos para una compraventa, los predios adeudan el predial desde hace tiempo
“Este es un asunto que vengo tratando desde hace más de 10 años (11 de diciembre de 2009), desde aquel momento con el notario número 3, Carlos Arámburo, que hizo el testamento de mi difunta madre, está en juicio civil y penal; lo que hizo fue allanarse a mi demanda, declarando que efectivamente mi mamá nunca estuvo ante él en la Notaría, que nadie la vio llegar, a nadie le consta haberla visto llegar”, recordó Ceseña Angulo.
Su hermana reclamó la albacea de los bienes inmuebles gracias a ese testamento, denominado por el afectado como “apócrifo”, al no justificarse cómo su señora madre realizó el testamento sin estar presente y el notario desistir debido a las denuncias que interpuso la familia. Años más tarde, Florencio Alaniz retomó el caso.
“Les ganamos un amparo y resuelve el juez restituirse el carácter de albacea, porque un juez de apellido Vargas había quitado la albacea. Mi hermana menor, que está manipulada por su esposo, cuando se ordena la administración de los terrenos negocia con un juez para que este ordene al juez Roberto Ascencio, de Cabo San Lucas, envíe a Notaría los autos y se concluya con el trámite sucesorio del testamento de mi madre, que supuestamente firmó con Arámburo, y lo envían a una supuesta receptora en Cabo San Lucas del notario número 25, adscrito en Todos Santos. Casualmente donde está esa oficina notarial, es de un llamado Mauricio Castro Álvarez, supuestamente hicieron un contrato de palabra para instalar la notaría”, sustentó Norman.
En la revisión de cada uno de los pasos, supieron que el trámite se hizo en Cabo San Lucas, en una oficina receptora de la Notaría 25. Desde ahí comenzaron los malos procedimientos.
“Las notarías que operan en Los Cabos con las famosas receptoras, es únicamente un círculo vicioso de fraudes, porque te presentas en la Notaría y resulta ser que en el protocolo dice que te presentaste en La Paz”, detalló.
Pese a los juicios establecidos, el notario 25 inició los trámites y dio conclusión, faltando a su ética y profesionalismo. El trámite siguió su curso, incluso con la participación de funcionarios públicos desde la administración de Antonio Agúndez Montaño (2011-2015) y parte del mandato de Arturo de la Rosa Escalante (2015-2018).
“El notario 25 se avienta la conclusión del juicio sucesorio, a pesar de que fue apercibido por el juez Roberto Ascencio de la existencia de sendos juicios pendientes de resolver, anteriormente habían elegido la Notaría 17, pero apegada a Derecho, fue que remitió los autos de nueva cuenta al juez, por estar imposibilitada por los juicios”, amplió Norman Ceseña.
Hoy la familia espera que el juez pueda concederles la orden de aprehensión en contra de los imputados, por lo menos el notario, para que no siga perpetrando esta clase de delitos por el cual lo acusan, “ya se consignó al notario y a mi hermana en conjunto, y estamos a la espera de que resuelva el juez, estaba de vacaciones, estamos esperando su resolución para que salga la orden de aprehensión para este notario, porque esta es la segunda vuelta en esa consignación, se subsanan unas situaciones por aquello de que el notario es un funcionario público equiparado, por el hecho de que tiene la patente otorgada por el Gobierno del Estado”.
Y advirtió:
“Uno de los delitos además del fraude específico, genérico, es el incumplimiento de un deber, esperamos que por alguno de estos delitos se vaya tras las rejas, en los tres delitos tienen que condenarlo y liberar la orden de aprehensión”.
LOS AGÚNDEZ, VINCULADOS A NOTARIO
De acuerdo con los denunciantes, el vínculo surgió durante el sexenio de Narciso Agúndez Montaño (2005-2011), justo en la recta final de su mandato, cuando entregó la patente de la Notaría 25 a su cercano Florencio Alaniz Ornelas.
En la opinión de Norman Ceseña, se trató de favores personales, afectando así gran extensión de terrenos en Cabo San Lucas.
“Son 49 escrituras y en total, en números cerrados, estamos hablando de 800 hectáreas, se las loncharon todas, se las repartieron. Este notario sí estuvo vinculado (con Agúndez), le costó la patente al ex gobernador, es lo que decían que le costó la relación de su hija (del notario) para que no dijera nada en ese momento, eso es lo que se dice”, aseguró.
Alrededor de 800 hectáreas en Cabo San Lucas se entregaron en 49 compraventas, fue como se distribuyó el fraude inmobiliario, están involucrados notarios, particulares y servidores públicos
La familia argumenta que a 12 años de iniciado el calvario, hoy ven una luz al final del túnel, ya Narciso Agúndez no es gobernador, tampoco Antonio Agúndez está en la alcaldía, por ello quedó al descubierto el notario 25. Todos estuvieron involucrados ya sea por entregar la patente a cambio de favores personales y por apoyar y proteger a servidores públicos en el fraude desde el Ayuntamiento -como ocurrió en Catastro y Registro Público de la Propiedad-.
“En 2010 Narciso estaba de gobernador, y en una reunión que sostuvimos con él, llamó al procurador, al presidente del tribunal, en reunión, preguntó si se podía detener a ese notario por la situación de nosotros y pues finalmente no procedió por ese lado, nos dejaron solos, pues ya llevamos desde entonces casi 12 años”, informó Norman Ceseña.
Mientras se daba la entrega de la patente que hizo Narciso, Florencio estuvo fuera de reflectores hasta 2015 que encabezó la Notaría 25, donde supuestamente se maquinó el despojo. A su llegada, rápidamente se efectuaron los trámites, incluso en contra de los principios de la Notaría.
La Notaría ubicada en Plaza María Bonita, en Calle Miguel Hidalgo de la colonia Centro en Todos Santos Pueblo Mágico, municipio de La Paz, establece que para hacer una compraventa se requiere no adeudar Impuesto Predial, pero eso fue omitido al realizar este trámite en particular, ya que el gravamen tenía un retraso significativo.
“En 2015 fue cuando ya le dejaron formalmente a Florencio Alaniz la Notaría, lo que debió haber hecho es remitir los laudos al juez y excusarse por razón de la existencia de los juicios, era lo que esperábamos, pero lo sorprendente fue que al siguiente día de su llegada, gira la escritura del trámite sucesorio y adjudica al mismo tiempo, estoy hablando de que se entregan los autos en su Notaría y al siguiente día ya estaba escriturando. Es decir, esta gente ya traía todo maquilado, con avalúos autorizados, los trámites en Catastro, Registro de Propiedad… tenían todo maquilado”, indicó Norman Ceseña.
Se supo que Antonio Agúndez Montaño tenía las manos dentro del asunto cuando hizo lo posible para proteger a su director de Registro Público, José Grijalva, el cual inició los trámites. A sabiendas del problema en que se estaba metiendo, aun reunido con la familia, ignoró las demandas y dejó fluir el fraude.
“Cuando todo sucedió en Registro Público del alcalde Antonio Agúndez, yo hablé con él en su rancho en Santa Anita y le avisé que estaba pasando eso en ese momento, que José Grijalva está abriendo un libro para darle entrada como avisos preventivos a esta situación; le planteo, le pido que pare todo, porque se iban a meter en un broncón en el Registro Público. Él también está metido en la denuncia (director Registro de Propiedad) porque la denuncia dice que hay servidores públicos involucrados”, añadió Norman.
Según los testimoniales de la familia, servidores públicos del Ayuntamiento de Los Cabos en la era de Antonio Agúndez se confabularon con el notario 25 para defraudar a los Ceseña Angulo. Incluso el notario trató de sacar rápido todos los bienes inmuebles involucrados en el juicio, para que ya no existieran al momento del mismo.
“Ya sabes cómo operan en Registro Público en Los Cabos, ahí es donde operan, donde se cocina todo, y esperaron a que llegara Florencio Alaniz para hacer todo. Según Florencio Alaniz dijo en su declaración ministerial que ninguna autoridad le dijo que no actuará, cuando el juez de la causa le apercibe y le prescribió todos los juicios existentes por resolver, y lo que hizo este tipo fue sacar todos los bienes del juicio, adjudicarlos y posteriormente a través de las donaciones y las compraventas, sacarlos de la adjudicación misma, la dejaron vacía y dispensaron, pero ya traían subdivisiones. Lo que hicieron fue pagar con tierra todos los favores”, dijo.
Pero el fraude no paró ahí, hay funcionarios de distintos órdenes involucrados, toda una cadena de favores que tendrán que pagar ante la justicia, “nadie hace nada gratis, desde el magistrado Bello Sosa, que en paz descanse, el juez Vargas, están también los funcionarios de Catastro: Alejandro Aréchiga, él fue quien autorizó todos los avalúos aun sin tener el pago de Impuesto Predial un 24 de febrero a las 10:25 de la mañana, se autorizó todo lo de Catastro y todos los CLG en Registro Público, siendo un día inhábil”, argumentó el integrante de la familia Ceseña Angulo.
El denunciante enlistó algunos de los compradores de las 49 escrituras “apócrifas” que emitió Florencio Alaniz Ornelas, mismas que quedaron invalidadas por amparos solicitados por los afectados y que ya están bajo investigación.
Juicio de Amparo Indirecto 1203/2019 solicitado por la imputada de fraude Clementina Ceseña Angulo, el cual le fue negado
“De los compradores, son prestanombres, por ejemplo, el licenciado Cuervo, que fue director de Catastro en la administración de Arturo de la Rosa, Cuervo compró a través de su esposa, ella asociada con otra persona de nombre Berenice, ella es esposa de Mauricio Castro, quien le rentaba el local donde estaba la Notaría; ella manifestó que hicieron un trato con Florencio Alaniz para que estableciera la Notaría; Mauricio Castro adquiere a nombre de su hija en algunas ocasiones, son operaciones de millones de pesos en algunos casos, en su declaración ministerial dice no recordar cuánto pagaron, cuándo pagaron, a quién le pagaron. Se le nubló la memoria, cuando las compraventas son recientes y el pago fue en efectivo, hay hijos del esposo de mi hermana que recibieron en donación”, mencionó Ceseña.
EL DAÑO PATRIMONIAL
En la desesperación por librarse del procedimiento penal y civil, Clementina Ceseña Angulo, hermana de los afectados y quien trató de apoderarse de todos los bienes inmuebles, interpuso la demanda de amparo indirecto 1203/2019, pero el resultado fue negativo.
“Se niega la protección de la Justicia de la Unión a quien promovió el presente juicio por propio derecho y como albacea de la sucesión testamentaria a bienes”, plantea el documento.
Desde el inicio la intención del notario 25 fue defraudar a la familia Ceseña Angulo. Las riquezas de su familia en tierras es lo que atrae a personas vinculadas con notarios, grupos que solo buscan despojar a familiares, sobre todo cuando el apoderado legal o mayor de la familia fallece.
“El notario 25 concluye el trámite, se avienta las adjudicaciones y enseguida hace una serie de casi 50 compraventas, todas simuladas entre el mismo grupo, con lo que intentan darle salida a todos los bienes, estamos hablando de más de 800 hectáreas de terrenos en Cabo San Lucas, para que te des una idea, mi familia dotó de tierras cuando estaba Narciso Agúndez para crear la colonia Los Cangrejos; esa es el hambre, interés, la avaricia de los notarios, lo que hace que se cometan esta clase de delitos”, relacionó.
E insistió en que hay una red fraudulenta al interior del Ayuntamiento de Los Cabos, los cuales extienden su red con un grupo de notarios y este solo es uno de tantos casos, en los que los notarios y gobernantes se lavan las manos y despojan a familias.
Dijo que como favor político su familia ayudó, incluso, al ex gobernador Narciso Agúndez a fundar una colonia y les pagó de mala manera.
“La forma de operar de este grupo, que se dedica al fraude inmobiliario en el que participan funcionarios, ya que el municipio de Los Cabos de Registro Público y Catastro todo está concertado, es un modus operandi en el que necesariamente participan notarios”, denunció Norman Ceseña Angulo.
En los nombres que salieron a relucir en la denuncia también mencionan a Eduardo Rigoberto Cuervo González, quien causó alta como director municipal de Catastro de Los Cabos en septiembre de 2015 y baja el 28 de septiembre de 2018; y Óscar Jesús Manríquez Palacios, quien causó alta como director municipal del Registro Público de la Propiedad en el mismo periodo.
La familia espera que la autoridad falle a su favor y esta semana se pueda librar orden de aprehensión, pues el delito está acreditado y obran en su poder suficientes pruebas documentales y comparecencias.
“Hemos ganado varios amparos, es donde se ha resuelto que queden sin efecto todas actuaciones del notario Florencio Alaniz, todas y cada una de ellas, las escrituras ya quedaron sin efecto, ahorita nada más estamos esperando, se fueron la revisión en la sentencia y seguramente va a resultar lo mismo; con ello ya se acordaría dejar sin efecto en Registro Público todas las inscripciones y en el Registro General de Notarías de esas escrituras, eso es por el lado civil”, concluyó Norman Ceseña Angulo.
