No se requiere un título en Derecho para saber que no es necesaria ninguna encuesta para aplicar la Ley. Incluso en un país tan impune como México.
Aún falta la votación en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el proyecto elaborado por el magistrado Luis María Aguilar respecto a la pretendida realización de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes, ya fue calificado como un concierto de inconstitucionalidades que incidiría negativamente al proceso de justicia.
Y tampoco se trata de si Andrés Manuel López Obrador quiere o no, o si él sabe que los ex mandatarios cometieron uno o más crímenes; al ser el mando máximo en el país y el principal obligado en hacer respetar la Ley, es su deber jurídico denunciar ante la Fiscalía General de la República, sin encuesta de por medio, en caso que hayan cometido algún delito. De no hacerlo, estaría cometiendo omisión.
Con estos antecedentes, una consulta con resultados por demás obvios, que costará alrededor de mil millones de pesos, a realizarse en año electoral, resultará en una propaganda muy onerosa a favor del régimen morenista y pagada del erario.
Entrevistados distintos abogados, explicaron que más allá de la evidente corrupción que ha existido en los gobiernos federales, los ex presidentes no pueden ser acusados por los “delitos” que les está imputando López Obrador porque no existen.
Quiere juzgar a Carlos Salinas de Gortari por entregar empresas públicas a particulares; a
Ernesto Zedillo porque convirtió la deuda de los banqueros en deuda pública; a Vicente Fox por “fraude electoral” de imponer a Felipe Calderón; a este porque “utilizó la fuerza para convertir el país en un cementerio”; y a Enrique Peña Nieto por corrupción.
Los de Morena tendrían que encuadrar las conductas deshonrosas de los ex mandatarios en delitos como peculado, malversación de recursos públicos, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, delincuencia organizada, coalición de servidores, uso indebido de facultades, ejercicio indebido del servicio público, desaparición de personas y otros. Y revisar que estos delitos no hayan prescrito para el caso de los ex mandatarios.
Algo similar a lo que está sucediendo con el expediente de sobornos del caso Odebrecht con las declaraciones del detenido-liberado y ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, acusado de “delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita” y las citaciones a declarar a Peña Nieto y Calderón Hinojosa.
Lo que de plano no se puede, es darle gusto al actual Presidente de enjuiciar al “régimen neoliberal”, un sistema político económico que promueve el libre mercado, la libre competencia, privatiza sectores y reduce la injerencia de los gobiernos.
Por más que se desee, sin importar cuantos ciudadanos voten, no puede meter a la cárcel a un Presidente porque no le gustó su teoría o su forma de gobernar.
Es como si los detractores del propio López Obrador quisieran someterlo a juicio por su “populismo” de “austeridad republicana”, solo porque no les gusta, en qué o cómo invierte los impuestos de todos los mexicanos. Lo cual sería imposible, ya que tendrían que buscar conductas que encajen con delitos.
Como la liberación en octubre de 2019 del criminal Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien “desde abril de 2008 hasta abril de 2018, conspiró con sus hermanos para distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina desde México a Estados Unidos”, de acuerdo a una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro del vecino país.
“…yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo AMLO, “es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes”.
También el uso indebido de facultades que está permitiendo a los jueces liberar las mil 770 cuentas bancarias de personas físicas y por lo menos 167 empresas y fideicomisos congelados por la Unidad de Investigación Financiera, a servidores del Cártel Jalisco Nueva Generación dentro del Operativo “Agave Azul”, porque al recibir la petición de apoyo de Estados Unidos -como lo informó públicamente López Obrador-, en lugar de remitir la carpeta a la Fiscalía General de la República como procedía legalmente, decidieron hacerlo a través de la UIF para colgar la medalla al Gobierno de México, razón por la cual ahora decenas de presuntos criminales están logrando la suspensión provisional y recuperando sus dineros.
¿Podría juzgarse a la administración federal por los mil millones de pesos que gastó -80 millones solo la Lotería Nacional- para rifar el avión presidencial?
O como ya hizo Lorena Aguilar, quien el 21 de septiembre denunció al Presidente López Obrador y a las autoridades federales del Sector Salud por el homicidio -culposo- de su hijo Evan, quien falleció de cáncer presuntamente por el desabasto y abasto intermitente de medicamento oncológico, cuando el Gobierno de México decidió sin un plan de contingencia cancelar contratos amafiados con monopolios farmacéuticos, y reorganizar la compra y distribución de medicamentos. Acción a la que se pueden sumar más víctimas.
Como la señora Aguilar, si AMLO de verdad quiere justicia y como ha acusado, los ex presidentes cometieron delitos, él debe proceder ante la FGR -instancia que ya tiene carpetas iniciadas- y dejarse de discursos demagógicos y consultas propagandísticas.
Los ciudadanos mexicanos están hartos de los gobernantes del PAN y el PRI, y lo demostraron en las últimas dos elecciones. Gastar mil millones de pesos solo para refrendarlo, es un abuso innecesario del poder y del ya de por sí vapuleado erario.
