Las investigaciones contra el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, contiene 47 diligencias realizadas por parte de la Fiscalía General del Estado. Pero debido a la pandemia derivada de la COVID-19, tuvo que detenerse.
El vicefiscal Regional de Mexicali, Pedro Mendivil, confirmó que ya detectaron movimientos irregulares y facturas apócrifas en las casi 100 empresas. Entre las cuales destaca, una que también esta siendo investigada en la carpeta contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jacquez, detenido en Estados Unidos en espera de ser extraditado a México donde enfrentará varias acusaciones relacionadas con peculado, malversación de recursos, enriquecimiento ilícito entre otros.
“Estamos haciendo una investigación pormenorizada, revisamos cada una de las 99 empresas y en algunas constatamos que no existían en su domicilio fiscal. En otros casos la dirección si existía, pero era compartido por numerosas empresas, que incluso tienen registrados a los mismos socios”, detalló el vice fiscal de Mexicali.
Agregó que desde febrero tuvieron que detener la investigación, debido a que muchas instituciones de gobierno fueron cerradas por la contingencia. Como ejemplo, Mendivil hablo de la Comisión Nacional Bancaria, ante la cual se hicieron varias solicitudes y diligencias que aún están detenidas, pero cuando sean atendidas, tendrán nuevos datos para continuar con las indagatorias.
Durante la transmisión en vivo del gobernador Jaime Bonilla Valdez del 24 de agosto, el vicefiscal describió el modus operandi del desvío de recursos por parte del Estado y las empresas.
-Las facturas eran recibidas de supuestos proveedores en los correos electrónicos.
-Los pagos se capturaban en el sistema como trámite transitorio, ya que no formaban parte del presupuesto.
-El titular del área ordenaban el pago a sus subordinados.
-Ninguna de las facturas estaba sustentada en montos a pagar.
-Los pagos se realizaban en una temporalidad de 24 horas, ya que se justificaban como “pagos urgentes”.
En la presentación no se proporcionaron los nombres completos de los implicados. Pero información proporcionada a este semanario, y publicada en mayo pasado, muestra que los presuntos responsables de los desvíos fueron: el ex gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid; a la diputada y ex oficial mayor del Estado, Loreto Quintero; al ex director de Normatividad y Políticas Administrativas del Poder Ejecutivo, Enrique Remigio Salcido; al ex secretario de Planeación y Finanzas del Estado (del 1 de noviembre de 2013 al 26 de abril de 2017), Antonio Valladolid Rodríguez y a su sucesor Bladimiro Hernández Díaz; y el ex director de Adquisiciones de Oficialía Mayor, Rutilo Pérez Flores.
También están comprometidos: Miguel Ángel López Arroyo, secretario técnico del gabinete financiero; Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de Planeación y Presupuesto; Artemisa Mejía Bojórquez, jefa de Administración y Contabilidad; Édgar Castillo Padilla, director de Seguimiento de Paraestatales; Álvaro Israel Ledezma Félix, director de Administración; Isauro López Cárdenas, coordinador de Gabinete; Silvia Lara Sánchez, directora de Egresos; Juan Manuel Romero Bastida, jefe del Departamento de Pagaduría; y Reynaldo Sandoval Olmeda, jefe del Departamento de Bancos.
