Una residente de Lomas de Hipódromo reclamó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), el cobro de 95 pesos, para que le reimprimieran los recibos que no le fueron entregados durante los meses previos a causa de la pandemia.
Olga Sánchez comentó a ZETA que a partir de la pandemia, desde hace más de dos meses dejó de recibir su recibo por parte de la Cespt; hace un par de semanas vio que había un par de empleados de la Comisión recorrer su calle para tomar las capturas y dar los recibos.
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“Vi que venía un trabajador, llegó a la casa de al lado y la mía se la saltó; yo le pregunté que por qué se pasaba mi casa, si ya tenía meses que no me dejaban mi recibo, y me respondió que me esperara, que le tocaba a su compañero”, dijo.
Sin embargo, Olga no quiso esperar, y le pidió de favor que le hiciera la lectura y le entregara su recibo, pues temía que le cortaran el servicio; además, no confiaba en que su compañero fuera a hacer su trabajo.
Ya con recibo en mano, acudió a las oficinas de la Cespt en Plaza Carrousel, y una vez ahí le cobraron lo correspondiente al uso del servicio, y además 95 pesos extra, porque ella había solicitado le imprimieran los recibos que no le habían llegado.
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“El señor que me atendió me dijo que sí me los podía reimprimir, pero tenía que pagar 95 pesos, y no se me hace justo porque no es mi culpa que no me los hayan entregado. Le dije eso, pero me dijo que así eran las cosas y que si los quería debía pagar”, afirmó la usuaria.
Al respecto, Raúl Martínez, subdirector de Atención a Usuarios de la Cespt, informó a ZETA que no existe un cobro por esa cantidad de dinero (por reimprimir los recibos); el sistema está automatizado y no está registrado un concepto así.
Señaló que lo más cercano es un cobro, por esa misma cantidad, cuando no se realizaron las lecturas, y se debe realizar un cargo mínimo; por lo general es de 95 pesos y centavos, por lo que consideró que pudo haber una confusión.
Aun así, destacó que si un empleado hace un cobro irregular, puede interponerse una queja directamente en las oficinas centrales, y el caso se destinará a la Secretaría de Honestidad y Función Pública para su análisis, pues no se permitirán situaciones de abuso en contra de los usuarios, afirmó.
