Repuntan linchamientos durante julio y agosto ante la delincuencia, la inoperancia de las autoridades y el enojo de la población. Entidades del centro del país muestran mayor impaciencia y desconfianza en la actuación de las policías, no existe conteo oficial de incidencias de parte de los gobiernos y la CNDH, investigadores y organismos de la sociedad civil, hacen sus propias cuentas con base en notas periodísticas. “El sistema penal acusatorio y autoridades rebasadas contribuyen para que la gente haga justicia de propia mano”, estima asesor jurídico y mediático
Inseguridad, inoperancia institucional e impunidad forman parte de los agravios oficiales que han robado la paz a millones de mexicanos, que hartos de la crisis de autoridad, se han inmiscuido en casos de linchamiento para castigar a quienes consideran les han hecho daño. De esa forma, los casos de personas que “hacen justicia de propia mano” incrementan, pese a la pandemia que por varios meses paralizaron las actividades económicas.
Publicidad
Mientras que durante los primeros meses se registraron menos linchamientos que el año próximo pasado, parece ser que estos repuntan hacia el segundo semestre de 2020, de acuerdo con datos que se advierten a través de redes sociales y medios de comunicación tradicionales. Durante los meses de julio y agosto han sido muchos los casos en que la vida de presuntos ladrones, defraudadores y violadores fue segada por turbas enfurecidas de miembros de alguna comunidad.
Por desgracia, en México no se tiene una estadística confiable sobre la magnitud de la venganza social. Por lo menos no de parte de los entes gubernamentales. A lo más que se llega por parte de organismos de la sociedad civil dedicadas a la investigación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es a la obtención de indicadores a través del recuento de notas periodísticas y de hechos descritos en texto o video por medio de redes sociales.
Así, quedan fijos en la mente de cibernautas y consumidores de noticias el asesinato de un presunto ladrón que a principios de agosto subió a una combi colectiva de transporte urbano en el Estado de México, y cuando descendía de la unidad, después de quitar todas sus pertenencias a los pasajeros, le fue puesta una zancadilla que devolvió al ratero al interior y entre todas las víctimas le pusieron una patiza para que aprendiera la lección. Mientras el cómplice huyó, al hombre linchado le bajaron de la unidad y le quitaron los pantalones. Horas más tarde murió.
Publicidad
A la situación grabada en video se le dio tal difusión en todo tipo de medios, que difícilmente haya mexicanos que no recuerden el suceso. Sondeos rápidos realizados por empresas noticiosas y blogs dejaron en claro la aprobación que un amplio sector de la población expresa hacia este tipo de forma de “hacer justicia”, ante la lentitud y la incapacidad de los cuerpos policiales.
“Para qué esperar a la Policía, si de todos modos lo van a dejar libre” o “con el sistema de justicia de ahora estamos peor”, son voces que se escuchan cuando la gente justifica la agresión hacia personas que presumiblemente cometieron delitos. Y de la misma forma, que el posible criminal podría quedar impune, es aún mayor el margen de impunidad que encuentran los que participan en un linchamiento, pues difícilmente se sabrá de su detención y enjuiciamiento.
Desafortunadamente en más de algún caso, las personas linchadas resultaron no ser los causantes del ilícito del que se les señalaba, como ha ocurrido con supuestos robachicos que después trasciende, no estaban relacionados con el rumor que se hace correr a través de redes sociales o mensajería de vecinos que deciden actuar en favor de quien lanza una voz de auxilio o la versión de una emergencia irreal. Lo mismo pasa con quienes son señalados de abusos sexuales y robos a casa habitación.
Según un informe rendido por la CNDH en mayo de 2019, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país ocurrieron 336 casos de linchamiento entre 2015 y 2018, en los que más de 500 personas fueron asesinadas o lesionadas, producto de las agresiones “justicieras”. Hasta esa fecha, el ombudsman documentaba 135 casos en 2019, sin que se conozca la cifra hasta el fin de año.
La CNDH califica los linchamientos “como actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas”.
Las autoridades suelen minimizar los hechos y dan las investigaciones por concluidas, bajo el argumento de que las personas fallecidas contaban con antecedentes penales o existían señalamientos en su contra en la comunidad, generalmente como una manera de evadir sus responsabilidades, señala el abogado penalista y asesor mediático Jorge Huerta Partida, quien atribuye la actuación de ciudadanos en estos hechos debido al grito de “ya basta” que los entes de gobierno parecen no escuchar.
“La creciente percepción de inseguridad en México se debe no solo a la profusa incidencia delictiva, sino también y de manera más preocupante, a la idea común entre los ciudadanos de que las autoridades no han podido actuar de manera adecuada para castigar a la delincuencia y de que existe una total impunidad”, aseveró el maestro en Derecho entrevistado por ZETA.
Huerta asegura que el Sistema de Justicia Penal se modificó en México tras la reforma constitucional de 2008 y una lenta implementación que ya opera en su totalidad desde 2016, pero “no obstante de dicho cambio, la criminalidad continúa al alza, y de igual manera, el índice de los delitos que no son denunciados es escalofriante. La percepción, nunca como hoy, es que la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Ahora el Código Nacional de Procedimientos penales tutela los derechos de los imputados, pero los derechos de los ofendidos quedaron en el olvido, ya que el actual Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es totalmente garantista de los derechos de los delincuentes”.
El jurista destaca que a cuatro años de haberse implementado de forma total el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “los resultados son nulos y las consecuencias que se han generado en contra de la ciudadanía resultan gravísimas. El sistema está colapsado, no hay justicia, existe impunidad y el porcentaje de carpetas de investigación que llegan a judicializarse resulta ser mínimo, por lo que el delincuente es puesto en libertad con base en todas las bondades, canonjías y respeto a los derechos del imputado”.
Linchamiento en la combi del Estado de México
Para Jorge Huerta, diversos mecanismos del sistema no han funcionado, y es precisamente el sistema de justicia el mejor abogado del imputado, al otorgarle todas las facilidades y beneficios para que recupere su libertad, “olvidándose por completo de los derechos de la víctima, que remotamente recibe el pago de la reparación del daño. ¿Tú crees que con eso no prefiere la gente hacer justicia por su propia mano? Yo no la justifico, pues las leyes son para cumplirlas y ejecutarlas, pero comprendo lo que está sucediendo por causa de la inoperancia de las autoridades”.
HECHOS DURANTE 2020
ENERO
En Cacahoatán, Chiapas, pobladores enardecidos lincharon al presunto homicida y abusador sexual de una niña de seis años. La turba lo ató de un poste y le prendió fuego hasta que falleció consumido por las llamas. El hombre estuvo preso ocho años por otra violación a una menor de edad.
MARZO
Unos 200 habitantes de Tenancingo, Hidalgo, lincharon en la Comandancia de Policía a un hombre que robó una camioneta estacionada en cuyo interior había dos niñas. Luego que patrulleros persiguieron, detuvieron al ladrón y lo llevaron a sus instalaciones, una turba lo atacó a golpes con manos, pies y objetos hasta matarlo.
MAYO
Pobladores de la comunidad de Los Ángeles Tetela en Puebla, mataron a golpes y por incineración a dos individuos que ingresaron furtivamente a una casa, al parecer a robar. Ambos intentaban huir en un vehículo cuando fueron interceptados por vecinos de la zona, quienes les prendieron fuego.
JUNIO
Un par de los llamados “moto-ratones” que desapoderaron de un teléfono móvil a una joven mujer sobre una de las principales avenidas de Guadalajara, a una cuadra del Parque Revolución, fueron severamente lesionados a golpes por transeúntes, luego que la víctima los derribó con todo y motoneta en la que pretendían escapar.
JULIO
En Veracruz, el conductor de una camioneta persiguió a dos presuntos ladrones después de asaltar una tienda de conveniencia y los atropelló. La Policía los detuvo. El video de los hechos fue difundido en redes sociales y se viralizó.
En Ahuirán, en Paracho, Michoacán, habitantes intentaron linchar a un médico y a su hijo por una presunta negligencia profesional tras la muerte de una persona por neumonía, la que supuestamente fue atendida por el doctor en forma ligera.
En la comunidad indígena de Tepotzon, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, pobladores ajusticiaron a dos hombres a los que señalaban de haber defraudado a diversos habitantes. Las víctimas fueron linchadas y quemadas vivas.
En el Hospital Civil de Guadalajara murió un hombre que 24 horas antes fue linchado por un grupo de vecinos del municipio de Juanacatlán, Jalisco, acusado de abusar sexualmente y asesinar a un niño de cuatro años. El señalamiento fue por sospecha y hasta el momento no se ha probado la responsabilidad del fallecido en el crimen del menor.
AGOSTO
Uno de dos sujetos que abordó una combi de transporte público para robar a los pasajeros, en el Estado de México, fue brutalmente golpeado por las víctimas. El cómplice escapó y el herido murió más tarde en un hospital. A las horas de ocurrido el crimen, en redes sociales circuló un video con la composición de una cumbia sobre los hechos.
En La Raya, entre los municipios de Cunduacán y Comalcalco, Tabasco, un presunto delincuente dedicado al robo de motocicletas fue linchado con palos y machetes por un conglomerado de enfurecidas personas, tras un intento fallido de atraco a mano armada.
En los separos de la Comisaría Municipal de Acajete, Puebla, murió un detenido que momentos antes había participado en el robo a una casa habitación junto con un cómplice que pudo escapar. Vecinos del lugar atraparon al pillo y le pusieron una golpiza con resultados ahora conocidos.
En Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, fue linchado un presunto robachicos. Había sustraído a un menor de edad de su domicilio y al ser descubierto fue tundido a golpes y después incinerado hasta quedar completamente calcinado.
Dos presuntos ladrones “conejeros” que atracaron a un hombre que salía de una sucursal bancaria en Tlaquepaque, Jalisco, fueron baleados por su víctima, quien portaba arma de fuego. Uno de los asaltantes murió y el otro resultó lesionado.
Policías y elementos de la Guardia Nacional rescataron a tres presuntos ladrones que intentaron atracar una joyería en el mercado municipal de Cuautitlán, Estado de México. Comerciantes unidos persiguieron, capturaron y golpearon salvajemente a los fascinerosos.
Pobladores de San Salvador Huixcolotla, en Puebla, lincharon hasta matar a un hombre joven al que acusaron de tentativa del robo de una camioneta en la central de abastos. Los hechos ocurrieron junto a la Comandancia de Policía.
En Tlahuelilpan, Hidalgo, habitantes agredieron tumultuariamente a dos jóvenes que estaban detenidos en la comisaría, señalados de intento de secuestro de un menor de 13 años. La Policía rescató a los sospechosos. Hubo vehículos incendiados y un baleado.
LINCHADORES Y LINCHADOS
– Las entidades federativas con mayor incidencia en estos “ajusticiamientos” y su tentativa son: Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.
– En este tipo de violencia social, participan habitantes de zonas con altos índices de inseguridad y escasa respuesta gubernamental.
– Son cometidos por multitudes, lo que genera impunidad para identificar y sancionar a los participantes.
– El uso de redes sociales realiza linchamientos virtuales e incita a su comisión en el mundo real.
– Tipos de víctimas: presuntos ladrones, secuestradores, robachicos, abusadores sexuales y participantes en hechos de tránsito terrestre.
