El ex director de Petróleos Mexicanos compareció por videoconferencia -desde el hospital- a las audiencias de los casos Agro Nitrogenados y Odebrecht. En ambos asuntos los jueces de control le decretaron auto de vinculación a proceso, pero no pisará la cárcel, pues enfrentará los juicios en libertad y será monitoreado por medio de un brazalete electrónico para que no se sustraiga de la justicia. Se declaró inocente de todo cargo y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y señalar a los culpables que lo intimidaron y presionaron
Emilio Ricardo Lozoya Austin por fin compareció, aunque de manera virtual, ante la autoridad jurisdiccional, y luego de celebradas las audiencias de control constitucional y la de vinculación, quedó formalmente sujeto a las dos causas penales por las que fue extraditado de España. Sin embargo, enfrentará los procesos en libertad con el monitoreo de un brazalete electrónico.
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El martes 28 de julio, en una audiencia sui géneris en la que el imputado se conectó mediante una videoconferencia desde el hospital privado donde se encuentra internado desde su arribo a territorio mexicano, sus acusadores -Ministerio Público federal, Unidad de Inteligencia Financiera y Petróleos Mexicanos- estuvieron presencialmente desde la sala penal y se ventiló el caso de la compra a sobreprecio de la empresa Agro Nitrogenados.
En una larga jornada de aproximadamente doce horas, el Ministerio Público inició sus alegatos de apertura refiriéndose a los delitos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa que se imputan al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntamente recibir un soborno de 3 millones de dólares del empresario Alonso Ancira, presidente Altos Hornos de México (AHMSA), dinero depositado a la cuenta bancaria -en Suiza- de Gilda Susana Lozoya, hermana del extraditado.
Tras escuchar los cargos, Emilio Lozoya aseguró que es inocente de los delitos señalados por el fiscal, y que su compromiso al renunciar al juicio de extradición en España fue aclarar su situación jurídica. En cuanto a los inmuebles particulares cuya compra irregular se le adjudica, al parecer utilizando el dinero obtenido de la dádiva recibida de Ancira, el ex funcionario dijo que declaró su propiedad ante la Secretaría de la Función Pública.
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Indicó que fue coaccionado para llevar a cabo los actos que ahora se le imputan. Según su dicho, fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”, por lo que se comprometió a colaborar con las autoridades del Estado mexicano a señalar y denunciar a los autores de estos hechos.
El juez de Distrito José Artemio Zúñiga Mendoza advirtió que existe disposición del imputado y de su defensa para allanarse en los términos de la pretensión de la fiscalía; es decir, no hubo ningún debate extra en cuanto al tema.
La defensa del ex director de Pemex, integrada por los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda, confirmó que su cliente negocia un beneficio para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Uno de ellos expresó durante la audiencia que han solicitado el criterio de oportunidad, figura legal que prevé la inmunidad penal para aquellos imputados que proporcionen información valiosa sobre delitos de mayor gravedad a los que le atribuyen.
Luego de más de cuatro horas de análisis de los argumentos de las partes, Zúñiga Mendoza no advirtió pruebas ilícitas ni violación a los derechos humanos, y dictó auto de vinculación a proceso al imputado por los delitos antes referidos. Lozoya seguirá el proceso en libertad usando un brazalete electrónico, y en vista que existe riesgo de fuga, quedó comprometido a entregar su pasaporte y su visa a las autoridades.
El miércoles 29 de julio se desahogó la audiencia por el caso Odebrecht. Nuevamente las herramientas tecnológicas hicieron posible que Emilio Ricardo compareciera de forma virtual desde el sanatorio, donde se recupera de una anemia y de una intervención quirúrgica en el esófago. La imputación fue por delitos similares a los del primer asunto: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
En esta audiencia encabezada por el juez de Control en el Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, el Ministerio Público federal presentó una serie de documentos que demuestran irregularidades fiscales, depósitos en cuentas en el extranjero y adquisición de inmuebles en México a través de su madre Gilda Margarita Austin, su esposa Marielle y su hermana Susana. El dinero, un total de 10.5 millones de dólares, era producto de sobornos y procedían de cuentas en el extranjero pertenecientes a la empresa Odebrecht.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó al juez de la causa que Lozoya Austin recibió sobornos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. En dato de prueba que hizo llegar el delegado de la FGR en Washington, se dio a conocer que testigos protegidos en Brasil confirmaron que Emilio recibió la cantidad antes citada de Odebrecht y que se recurrió a varias empresas para realizar estas operaciones. Detalló que se hicieron dos pagos por 4 millones de dólares para la campaña y 6 millones cuando Lozoya ya era director de Pemex.
También se reiteró en el señalamiento oficial que la madre y la esposa del imputado estaban enteradas de estas operaciones y se prestaron para llevarlas a cabo. Del total del soborno que habría recibido el ex funcionario mexicano, 185 mil dólares y un millón 200 mil dólares fueron transferidos a una cuenta de Gilda Margarita Austin y Solís, dinero que se empleó para adquirir un inmueble en Ixtapa, Zihuatanejo, Estado de Guerrero, donde actualmente viven los padres de Emilio.
Por su parte, Lozoya Austin señaló a través de la pantalla que “en el momento de la exposición de datos de prueba, demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan”. Y reiteró su script de la audiencia del día anterior: “Quisiera hacer de su conocimiento, con relación a los hechos objeto de esta investigación, que fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”. Otra vez se comprometió a señalar a “los autores de estos hechos y posibles beneficiarios de los mismos”.
En este caso tampoco se dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del personaje y se decretó la imposición de un dispositivo electrónico de localización satelital para que no se sustraiga de la acción de la justicia.
Aunque no es oficial, trascendió que viendo el trato preferencial que ha recibido Lozoya, otros ex funcionarios de la anterior administración federal, en caso de ser imputados, podrían seguir la misma estrategia de convertirse durante el proceso en testigos colaboradores para obtener beneficios procesales y disfrutar de libertad supervisada, y salir lo mejor librados en cuanto a la posible imposición de penas.
