El nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Jorge Ignacio Pérez Castañeda, dio a conocer el punto número uno de su plan: defender la autonomía del Poder Judicial. Hace unos días, los diputados desaparecieron el Consejo de la Judicatura y dieron facultades al gobernador para designar aspirantes a magistrados. Además, pretende sacar el Servicio Médico Forense para llevarlo a la estructura de la FGE. El reto de Pérez Castañeda es evitar que eso suceda y, de así decidirlo, promoverá una controversia constitucional
Fue en el sexenio compartido de don Héctor Terán Terán y Alejandro González Alcocer (1995-2001) cuando floreció la carrera del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Jorge Ignacio Pérez Castañeda.
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Después de haber sido subprocurador en la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue nombrado, de diciembre de 1995 a junio de 1997, director de Prevención y Readaptación Social del Estado. El siguiente año, en la misma administración teranista, lo designaron director jurídico del Estado.
A la llegada de González Alcocer tras el fallecimiento de don Héctor Terán, Pérez Castañeda regresó al Poder Judicial que había abandonado para trabajar en el gobierno. Lo hizo como secretario judicial del Juzgado Cuarto de Distrito, y justo al finalizar el sexenio e iniciar el del licenciado Eugenio Elorduy Walther, el 1 de noviembre de 2001, fue electo magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia y asignado a la Segunda Sala.
Después de 19 años como integrante del Poder Judicial, el martes 4 de agosto de 2020 fue electo, de manera unánime, presidente del Tribunal para concluir el periodo de Salvador Ortiz Morales, quien el mismo día renunció luego de las presiones de sus compañeros por no estar a la altura de la defensa del Poder Judicial.
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La afrenta máxima a la independencia del Poder Judicial sucedió el 1 de agosto, cuando en el Congreso del Estado, a petición del mandatario Jaime Bonilla Valdez y a través de una iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Molina, los legisladores eliminaron el Consejo de la Judicatura el órgano administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
Salvador Juan Ortiz Morales
La reacción previa y posterior del entonces presidente del Tribunal, Salvador Ortiz, fue gris. Sus compañeros consideraron que no defendió a esa institución de manera adecuada.
Tal escenario de animadversión llevó al también ex subprocurador en Tijuana a renunciar.
Las primeras declaraciones que realizó Pérez Castañeda en su calidad de titular del Poder Judicial, fueron precisamente sobre las acciones que tomarán respecto a la desaparición del Consejo de la Judicatura:
“Si el pleno del Poder Judicial así lo acuerda, nosotros promovemos una controversia constitucional. Queremos que se entienda lo siguiente: podemos no estar de acuerdo con ese tipo de resoluciones, pero en un marco de respeto. El Poder Judicial del Estado no es un poder beligerante, no es un poder agresivo; es un poder que requiere de su tranquilidad para su funcionamiento, el juzgador requiere de un entorno de certidumbre para poder desempeñar su misión de la mejor manera posible.
“Si el pleno lo decide, y mi percepción es que así será, promoveremos una controversia constitucional y que sea la Corte la que decida cuál es el problema con eso. A final de cuentas de lo que se trata es que se preserve la Constitución, y si estamos equivocados, obviamente habremos de respetar la decisión, y si no, también esperamos que respeten la decisión”.
Pérez Castañeda respondió a las declaraciones del diputado Molina, en las cuales informó que magistrados “pidieron la desaparición del Consejo” y fueron publicadas en la última edición de ZETA:
“No hay un acuerdo formal de que desaparezca el Consejo de la Judicatura, pueden ustedes verificar, revisar, las actas del Tribunal, y no habrá una sola postura judicial en ese sentido.
Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la defensa de la autonomía y la independencia de los jueces, está también confiada al Consejo de la Judicatura, es decir, no solamente el pleno del Tribunal es el representante por antonomasia del Poder Judicial del Estado, sino también el Consejo de la Judicatura secunda en la defensa del Poder Judicial. La supresión del Consejo de la Judicatura debilita esa defensa en tanto suprime un órgano que a su vez tiene la encomienda de defender al poder judicial. No es lo mismo tener dos órganos colegiados que tengan como fin defender a nuestra institución, que tener uno solo”, expuso.
DEFENDER LA INDEPENDENCIA
El nuevo presidente del Tribunal, que estará en el cargo hasta el 1 de noviembre de 2020, con posibilidad de ser electo para un periodo completo, delineó ante la prensa las bases de lo que será su mandato:
“1. La defensa de la independencia del Poder Judicial del Estado.
“2. La redignificación del Poder Judicial a través de un discurso ético, toral, de Presidencia y del pleno del Tribunal.
“3.-Buscar las mejores prácticas en todos los Juzgados de la entidad con la finalidad de unificar criterios y formas de trabajar”.
De entrada, con su primer punto marcó una posición de alerta por parte del Poder Judicial frente al Legislativo y el Poder Ejecutivo, entidades de las cuales han provenido iniciativas para desmantelar al Tribunal Superior de Justicia, como aquella de trasladar a la Fiscalía General del Estado el Servicio Médico Forense que depende del Tribunal, o la propuesta que desapareció el Consejo de la Judicatura y dio al gobernador la facultad para presentar un terna de candidatos a magistrado para que en el Congreso del Estado designen a uno, echando por tierra los procesos –impugnados ciertamente- del Consejo de la Judicatura para la selección, por concurso, de los magistrados.
Sobre el Servicio Médico Forense, Pérez Castañeda refirió: “Si forma parte de la Fiscalía, no podría ser imparcial”.
Complementó:
“El sitio legal del Semefo es el Poder Judicial del Estado, o bien un órgano autónomo, por la función que realiza debe guardar absoluta imparcialidad. Desafortunadamente ha habido un rezago histórico desde el punto de vista presupuestal, y eso no nos ha permitido crecer como lo requieren los tiempos de cambio, necesitamos recursos para modernizarnos tecnológicamente y poder eficientar el trabajo judicial; nosotros haremos el esfuerzo al interior de eficientar los recursos, porque sabemos que el recurso también es escaso para el propio Gobierno del Estado y lo entendemos perfectamente, trataremos de hacer nuestra parte en ese sentido y ver de qué manera podemos auxiliar al Semefo. No es olvido, ha sido falta de recursos”.
Adelantó que “vamos como siempre, como le hemos hecho todos los años, a sensibilizar a quienes manejan los recursos para que se nos dote de un mejor presupuesto y poder tener un Tribunal a la altura de esta época”.
Aprovechó y envió un mensaje al gobernador y a los diputados:
“Este gobierno tiene una oportunidad extraordinaria de cambiar al Poder Judicial del Estado para bien, pero tenemos que hacerlo a la par, nosotros consideramos que un Poder puede transformar a otro, pero creo que lo conveniente sería escucharlo, nadie mejor que nosotros nos conocemos, absolutamente nadie. El Poder Judicial del Estado tiene características propias, muy particulares, cualquier pieza que se trastoque, se mueva, nos puede afectar a todo el Poder Judicial. En ese sentido, estamos abiertos al dialogo para que nos escuchen, verdaderamente nos escuchen y podamos en conjunto cambiar para bien al Poder Judicial del Estado”.
La modificación que hicieron los diputados a la Ley para eliminar de la organización interna del Tribunal el Consejo de la Judicatura, aún no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que no ha entrado en vigor. Al ser una reforma constitucional, requiere de la validación de los ayuntamientos, lo cual no ha sucedido.
