En mayo, el 54.9% de los mexicanos no pudieron
adquirir la canasta alimentaria. Para finales de
2020 podría haber hasta 10.7 millones de
personas en pobreza extrema en el país por la
pérdida de empleos y la disminución del ingreso
en los hogares. Aquellos con plaza laboral se ven
obligados a trabajar jornadas más largas
El número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema en México aumentará en 2020, derivado de los estragos económicos provocados por la pandemia de coronavirus, según diversas estimaciones.
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que a causa de la enfermedad COVID-19, hasta 9.8 millones de personas caerán en pobreza por ingresos y hasta 10.7 millones en pobreza extrema.
Mientras que la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) previó que el porcentaje de población en situación de pobreza pasará de 41.9 a 45.9 del total, lo cual significa que al término del año sumarían alrededor de 58 millones de personas en pobreza.
En cuanto a la pobreza extrema, el organismo multilateral proyectó un incremento de 11.1 a 17.4% del total. Es decir, en México habrá 22 millones de personas con un ingreso inferior a la canasta alimentaria.
Roberto Fuentes Contreras
Comparado con los países de la región, México tendrá la cuarta proporción más alta de personas en pobreza al estimarse una caída de -9% de su Producto Interno Bruto (PIB) y registrar el cuarto estímulo fiscal más bajo para contrarrestar los efectos económicos del coronavirus, según datos de la CEPAL.
Ismael Plascencia López, presidente del Colegio de Economistas de Baja California, explicó que el aumento de la pobreza en nuestro país está ligado a la caída de la economía, al desempleo y Al descenso del ingreso de los hogares, así como a la falta de políticas contra cíclicas impulsadas desde el gobierno para mitigar la crisis económica.
Si bien es cierto el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es culpable de la pandemia, sí es responsable de aplicar medidas contra cíclicas que en conjunto con los programas sociales disminuyan las afectaciones negativas ocasionadas por la epidemia.
“En promedio la economía mexicana va a caer 10% del PIB en 2020, el doble de lo que decrecerá la economía de Estados Unidos, donde se están aplicando políticas contra cíclicas”, lo cual implica que no solo no se cumplirá la promesa de López Obrador de crecer más del 2% -como había ocurrido en los últimos 30 años-, sino que “al final de su sexenio seremos más pobres de lo que estamos ahorita” considerando el aumento de la población, afirmó Plascencia López.
En 2019, el crecimiento económico fue de -0.1%, en 2020 habrá una caída de -10%, en 2021 se prevé un repunte del 3%, y entre 2022 y 2024 el crecimiento podría oscilar entre 2 y 3%. De modo que cuando concluya el sexenio, el crecimiento del país será de 0%, “lo que no sucedía desde Miguel de la Madrid”, declaró el entrevistado.
En el ámbito del mercado laboral, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social se han perdido un millón 113 mil 677 empleos formales a nivel nacional de marzo a junio de 2020; en marzo se perdieron 130 mil 593, en abril 555 mil 247, en mayo 344 mil 526 y en junio 83 mil 311.
En ese sentido, el especialista estimó que al igual que lo sucedido en 2001 y 2008, no se recuperarán todos los empleos perdidos, dado que “muchas empresas optarán por automatizar” sus procesos gracias a que el costo de los robots disminuyó alrededor del 70%.
Además, se instalarán softwares para eficientizar el trabajo que antes hacían diez personas. En suma, el proceso de automatización provocará que el deteriorado mercado laboral mejore de forma rápida, por lo que se prevé que la percepción salarial vaya a la baja, apuntó el también director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California.
DEDICAN MÁS TIEMPO DE TRABAJO ANTE BAJA DE INGRESOS
Por otro lado, abundó, se observa que 30% de los hogares mexicanos han mantenido el empleo, pero han visto disminuido “de manera substancial” su ingreso laboral.
Tal es el caso de Jorge Alberto Cruz, quien tuvo que cambiar de trabajo y casa con la llegada del coronavirus. Antes de la COVID-19 trabajaba en una maquiladora, cerca de CETYS, donde hacía cuellos de playeras y le pagaban entre 3 mil 500 y 4 mil pesos a la semana.
Actualmente se dedica a hacer pacas de cajas de cartón por la mañana, y trabaja de guardia voluntario en el estacionamiento del supermercado Aurrerá de Santa Fe por las tardes.
Relató a ZETA que cuando inició la epidemia, la maquila donde trabajaba cerró y él quedó desempleado. “Fui de los pocos que no recibí compensación. Ya había trabajado en esa empresa, pero me salí a otra, cuando regresé apenas iba a cumplir tres meses cuando pasó lo de la pandemia y ya no me renovaron el contrato”, describió.
Aunque en las siguientes semanas buscó colocarse como costurero en otra empresa, al no conseguirlo optó por irse a vivir con su hermana en el mismo terreno que le prestan cerca de los yonkes de Santa Fe y trabajar como guardia voluntario o “viene, viene” en la tienda de autoservicio.
Apenas el mes pasado pudo entrar a trabajar a la empresa donde hace las pacas de cartón de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, con un sueldo semanal de mil 400 pesos. Al ser inferior a lo que ganaba antes de la pandemia, decidió continuar como guardia voluntario de cuatro de la tarde a diez de la noche, donde “no hay paga ni seguro” y “saco hasta 200 pesos en un buen día”, gracias a lo que la gente le da.
Ismael Plascencia López
Entresemana, como los martes y miércoles, cuando la tienda tiene poca gente “nos llevamos entre 100 y 110 pesos, por eso mi esposa también trabaja como guardia voluntaria aquí”, comentó Jorge Alberto, quien agregó que en su labor vespertina lo acompañan sus dos hijos más pequeños, de 9 y 4 años, porque no tienen con quién dejarlos.
El 5 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que la tasa de desocupación aumentó de 4.2 a 5.5% de la Población Económicamente Activa en el país, y 3 millones de personas engrosaron las filas de la informalidad en junio.
En otro punto en el sur de Tijuana, un comerciante de mariscos comentó que hace tres meses instaló su puesto ambulante, luego que no pudiera abrir su negocio de colchones de segunda mano porque esta actividad no es considerada como esencial. El dueño del predio le dio permiso de instalar su puesto para poder tener un ingreso que llevar a casa y pagar la renta del local de colchones (4 mil pesos), así como de su casa (350 dólares).
“Permisos no hay, tenemos que estar pagando las multas cada vez que vienen”, comentó el comerciante, quien máximo dos veces por mes tiene que pagar hasta 500 pesos de multas.
Para solventar los gastos de su casa, su esposa también trabaja cuidando niños y sus hijos mayores de edad trabajan medio tiempo, pero ninguno cuenta con seguridad social.
En mayo, según la estimación de la pobreza laboral hecha por el Coneval -tomando en cuenta la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del Inegi-, 54.9% de las personas no podía adquirir la canasta alimentaria con sus ingresos laborales. Mientras que el ingreso laboral tuvo una caída de 6.2%, al pasar de mil 516.93 pesos en abril de 2020 a mil 422.24 pesos a precios constantes.
Roberto Fuentes Contreras, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, estimó que para el segundo trimestre del año, el Índice de Pobreza Laboral se incrementará por lo menos 7%, con lo que se situará en cerca del 60%, “pero lo más preocupante” es que el declive de ese indicador “será lento”.
Tal como ocurrió después de la crisis de 2008, cuando el Índice de Pobreza Laboral aumentó a 39.5% y tomó diez años disminuirlo. Así que “se desconoce cuánto tiempo llevará regresar a los niveles previos al COVID-19”, de 35.9%, señaló.
Si bien, el Índice de Pobreza Laboral solo mide los ingresos de trabajo y no registra cómo ayudan las transferencias económicas que está haciendo el Gobierno Federal mediante los programas sociales, se espera que “de alguna manera” dichos recursos sustituyan la disminución de los ingresos de la población más vulnerable.
No obstante, el entrevistado observó que la mayoría de los programas está enfocado a áreas rurales, lo que podría conllevar un incremento mayor de la pobreza urbana.
“Hay consenso en que los programas sociales más o menos estaban funcionando, pero lo que no estaba funcionando era el ingreso, lo cual obedece al mercado”, de modo que hay evidencia de que los programas sociales pueden ayudar a combatir la pobreza, pero al implantarlos únicamente tampoco se puede salir de la pobreza.
Aunado a ello, hay evidencia de que los programas sociales que se están aplicando actualmente son más generalizados, lo que por un lado beneficiaría a quienes antes no tenían acceso a ellos, pero por otro, pueden llegar a quienes no los necesitan.
Sobre la decisión del Gobierno Federal del 23 de abril, de incluir 19 programas y acciones de desarrollo social en el conjunto de 38 programas prioritarios para atender la crisis derivada de COVID-19, el Coneval concluyó que la crisis económica amenaza los avances de México en materia de desarrollo social y afectará en mayor proporción a los grupos más vulnerables, entre las que se encuentran micro, pequeñas y medianas empresas o a aquellos que perdieron su empleo por el coronavirus.
Destaca que la falta de políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio puede aumentar la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso, y algunas de las medidas anunciadas por el gobierno “podrían ser insuficientes para llegar a toda la población afectada”.
BC, CON MEJOR PRONÓSTICO QUE EL PANORAMA NACIONAL
Fuentes Contreras refirió que “en Baja California alrededor del 33.3% de la población es vulnerable de caer en la pobreza por ingresos o carencias”, y parte de ese grupo estaría cayendo en pobreza por la COVID-19.
Mientras que el 23.3% que era pobre en 2018 -según Coneval- no podrá salir de esa situación, lo que provoca “frustración” ante una mínima movilidad social.
No obstante, consideró que el deterioro del mercado laboral en Baja California es menor al observado a nivel nacional, ya que en junio pasado la entidad fue una de las pocas donde se generaron empleos formales.
El saldo fue positivo, de 858 nuevos puestos de trabajo, ya que se generaron cerca de 9 mil empleos en la actividad primaria, “lo cual es consistente con que mucho de lo que produce el campo en Baja California se exporta”; sin embargo, las actividades secundarias (industria, construcción y minería) y terciarias (comercio y servicios) perdieron empleos.
En opinión del especialista, aunque el pronóstico para BC sería mejor en cuanto a empleos formales, aún faltan datos respecto a cómo se comportó el sector informal -que por su naturaleza es el más vulnerable- para determinar el impacto negativo en ese sector y en la pobreza a nivel estatal.
Según la Cámara de Comercio en Pequeño, 200 pequeños negocios en Tijuana cerraron sus puertas tras la pandemia y 600 más están en riesgo de desaparecer.
Por otro lado, Jorge Bautista Olvera, académico de la Universidad Iberoamericana en Tijuana, consideró que la industria manufacturera, especialmente la dedicada a fabricar insumos médicos, está ayudando a que “la maquinaria económica” del Estado “no pare del todo”.
Recordó que 1 de cada 3 empleos en la región los genera la industria, de modo que esos puestos de trabajo contribuirán a aminorar la caída de la derrama económica que habrá en el sector turístico del Estado.
Además de Baja California, otras regiones como El Bajío, Jalisco y Nuevo León tienen perspectivas menos desfavorables en cuanto a crecimiento económico y pobreza que el resto del país. No obstante, el especialista hizo énfasis en la necesidad de que los gobiernos Federal y del Estado apoyen a pequeñas y medianas empresas, las cuales generan más del 80% del trabajo.
