En sesión extraordinaria, realizada por la vía virtual, el Cabildo de Tijuana aprobó por unanimidad el decreto sobre los estímulos fiscales para los meses de agosto y septiembre, con los que se podrán condonar el 100 por ciento de multas y recargos en impuestos y derechos municipales.
La iniciativa la presentó el mismo alcalde, Arturo González Cruz, y fue el único punto de acuerdo que se analizó en esta breve sesión. Previo a la votación, los regidores Yolanda García, Edelmira Chamery y Arnulfo Guerrero tomaron la palabra para mostrar su postura a favor de esta iniciativa y coincidieron en que sería una acción que no solo beneficiará al municipio, sino también a los propios ciudadanos que desean cumplir con sus obligaciones.
“La pandemia del COVID-19 está teniendo un alto costo, no solo en vidas humanas, causando sufrimiento y temor, también ha traído crisis financieras, económicas y sociales. En ese sentido, los gobiernos deben tomar decisiones inmediatas con políticas publicas para apoyar a los ciudadanos”, expuso la regidora Yolanda García.
En la ronda de votos, Edna Pérez Corona, Miguel Medrano y de nueva cuenta Edelmira Chamery expusieron también estar de acuerdo e incluso felicitar a González Cruz por presentar esta iniciativa.
También la misma Sindico María del Carmen Espinoza Ochoa se mostró a favor, destacando que es una iniciativa que va a favorecer a los ciudadanos que desean cumplir con sus impuestos, y que por motivo de la pandemia se han retrasado en cubrir sus pagos.
A esta sesión solo faltó la regidora Mónica Vega, sin embargo, la iniciativa se aprobó por unanimidad de los presentes.
De esta forma, en los meses de agosto y septiembre los contribuyentes podrán realizar el pago de impuestos y derechos con el 100 por ciento de descuento en multas y recargos por incumplimiento de los ejercicios fiscales 2020 y anteriores.
El presidente municipal, Arturo González Cruz, explicó que el acuerdo se deriva por la permanencia del Covid-19 a nivel mundial, situación que inhibe las actividades económicas, permeando la capacidad contributiva de la población, hecho que obliga a tomar medidas que atenúen el decremento de la participación ciudadana en este rubro y con esto, mitigar el impacto negativo en las arcas locales.
