Las fuerzas policiacas de los cinco municipios en Baja California han vivido nueve meses sin liderazgo… y se nota.
Quienes han sido incapaces de darle estructura y rumbo a sus corporaciones son los directores de Seguridad Pública, María Elena Andrade Ramírez en Mexicali; Javier Arellano Ortiz en Rosarito; el Mayor de Infantería Orlando Hernández Porras en Tecate; el Capitán Adrián Ortiz Ortiz en Ensenada; y el Capitán Jorge Alberto Ayón Monsalve en Tijuana.
Sin control y supervisión efectiva, los malos policías sirven al crimen organizado, o creen tener derecho de asesinar a presuntos delincuentes y salir impunes. Sin apoyo ni representación, los buenos elementos están en la indefensión, padecen el pago incompleto de sus remuneraciones y la suspensión de los servicios de seguridad social, mientras desempeñan un trabajo de alto riesgo.
Los jefes violan sus derechos, decepcionándolos, dejándolos susceptibles a la capacidad económica corruptora de la delincuencia a la que deben enfrentar sin el armamento ni la capacitación requerida.
Como le sucedió al agente Luis Enrique Montoya Núñez, quien el 5 de mayo fue enviado solo a atender el reporte de un hombre armado en Zona Río Tijuana y fue asesinado por David Sanabia, delincuente que tenía orden de aprehensión pendiente en Estados Unidos por intento de homicidio.
Esta ausencia de dirección y mano fuerte en las policías de los cinco gobiernos municipales encabezados por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha traducido en 210 quejas ciudadanas presentadas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), en las cuales los ciudadanos han considerado que los uniformados han violentado sus derechos a la legalidad, a la libertad, al trato digno y a la seguridad jurídica: 126 quejas fueron en Tijuana, 36 en Mexicali, 28 en Ensenada, 13 en Rosarito y 7 en Tecate.
Uno de esos casos fue el de Benjamín Castro Peredo, quien el 6 de junio grabó a dos agentes de Tijuana que los atacaron sin razón. Aquí la transcripción de la grabación:
Benjamín: “Yo nomás fui por mi mujer, a su trabajo viejo, yo no tengo ningún problema, no sé por qué me detienes, ya me pegaste, oficial… le estoy hablando.
Oficial: “Corres, joto… ¿por qué corres?”.
Benjamín: “Por los videos que están pasando en Facebook de cómo se pasan de lanza viejo”.
Oficial: “¿Quién se está pasando de lanza?”.
Benjamín: “¡Los oficiales, carnal! Con la gente”.
Oficial: “¡Chinga a tu madre, pendejo, no estás en Estados Unidos, baboso, ¿eh?!”, fue la respuesta.
En el mismo período, la CEDHBC registró ocho denuncias de abuso policiaco, una en Ensenada, otra en Rosarito y seis en Tijuana, donde el 24 de mayo, cuatro agentes se vieron involucrados en el homicidio de Roberto Bravo Reyna, después que falsearon información en un Informe Policíaco Homologado en el que pretendieron presentar como uso justificado de la fuerza, el homicidio del joven cuyo cadáver presentó 17 orificios de bala.
Resulta que pese al origen militar, el don de mando no se le da al Capitán Ayón, quien no designó ni coordina a su director de Policía, Roberto Esparza, ni al responsable de Inteligencia, área que de acuerdo a los policías locales, es controlada por Alfredo Rivas Aispuro, un no militar que sirve de enlace del Ejército y, sin cargo oficial, despacha en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Tijuana.
En Mexicali, la desconexión de su directora se ha hecho más evidente en medio de la pandemia por coronavirus, cuando más de 250 policías municipales contagiados de COVID-19 han reclamado haber sido enviados a resguardarse con solo el 60% de sueldo, ya que esa incapacidad no se clasifica como riesgo de trabajo, lo que les hace imposible mantener dignamente a sus familias. De hecho esta semana, el Cabildo consideró removerla.
La corporación en Rosarito refleja su falta de rumbo en el aumento de la incidencia mortal de 9 a 20 homicidios por mes, con matones que huyen de las escenas del crimen sin ser capturados por los agentes locales, los mismos que no tuvieron la capacidad de responder al llamado de auxilio de su compañero Honorio Cota Hernández, quien el 29 de marzo fue perseguido y atacado a balazos durante 15 largos minutos sin recibir apoyo, antes de ser lesionado y morir dos semanas después.
Similar descontrol se vive en Tecate, donde Ismael Gómez Sierra “El Chiquilín”, cabecilla criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación detenido el 6 de julio, dijo que pagaba por información a por lo menos 19 policías municipales corruptos. La misma ciudad donde buenos agentes tienen restringido el acceso a servicios de salud y funerarios desde diciembre de 2019 por falta de pagos al Issstecali.
En Ensenada, la ausencia de habilidades directivas se ha evidenciado en los reclamos públicos de los uniformados que no reciben el pago completo de sus prestaciones, no tienen esquema de jubilación ni equipo suficiente y tampoco patrullas. Pero deben trabajar en un municipio donde la violencia homicida sigue en aumento, y en menos de un año, ya les costó la vida a cuatro agentes: dos ministeriales y dos municipales. Al final del turno, los uniformados son enviados a sus casas sin armas.
A la fecha, salvo por facilitar el trabajo de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación en sus municipios, de poco han servido las recientes llegadas del Mayor de Infantería Hernández a Tecate, y del Capitán Ortiz a Ensenada.
Manejar con efectividad una fuerza policial implica tener autoridad moral y operativa, entonces, mientras los mandos locales continúen supeditados a las instrucciones de una milicia que interviene en los nombramientos, en los objetivos y las estrategias, pero sin tomar la responsabilidad y el control, las tropas municipales seguirán preguntándose quién es el jefe, y serán incapaces de respetar -y menos comprometerse- con una persona designada, sin liderazgo.
