Los cinco policías que participaron en la detención y asesinato de Roberto Alfonso Bravo Reyna el 24 de mayo de 2020, cuando le asestaron 17 disparos mientras se encontraba desarmado y sometido, no han sido separados de sus cargos en la Policía Municipal de Tijuana.
La historia del joven asesinado fue narrada por su padre, don Antonio Bravo Pérez, y publicada en la edición de ZETA del 19 de junio, bajo el título “Municipales lo acribillan”. Para entonces los cinco agentes continuaban laborando impunemente.
A pesar de los llamados de auxilio ante la Fiscalía General del Estado exigiendo justicia para su hijo muerto, en la Policía Municipal de Tijuana no habían reaccionado contra los oficiales involucrados. De hecho fue hasta el viernes 26 de junio, una semana después de la publicación de este Semanario, que decidieron reaccionar.
Supuestamente a petición de Sindicatura y de Asuntos Internos, los cinco municipales fueron retirados de sus cargos, no así suspendidos. Desde entonces a la fecha, todos los días deben presentarse a no hacer nada en las oficinas administrativas de la Municipal de Tijuana. Como quien dice, siguen contratados, se les sigue pagando, no trabajan, pero están a disposición para cuando las autoridades investigadoras los requieran. Viven y son pagados, en la impunidad.
Los hechos sucedieron el 24 de mayo de 2020. Oficiales de la Policía Municipal marcaron el alto a una camioneta. Eran cuatro los ocupantes: tres hombres, Roberto, Abel y el apodado “El George”, y una mujer, Itzel. Los cuatro eran conocidos, amigos. Pasaba la una de la mañana cuando una unidad de la Policía Municipal les marcó el alto. Iban a exceso de velocidad porque pensaban que la patrulla los perseguía.
Pero no era así. Los agentes los interceptaron precisamente por conducir a exceso de velocidad, y en algún momento la escena se descompuso hasta el horror, de manera brutal. El joven de 29 años, Roberto Alfonso Bravo Reyna, terminó muerto con 17 disparos en su humanidad.
Poco después de marcarles el alto a los jóvenes, arribaron dos patrullas más al lugar. En total cinco policías involucrados en el crimen. El jefe del Distrito Centenario, a quien identificaron con el apellido Chávez; el oficial Rodrigo Roa Rodríguez y tres más de apellidos Cruz Heredia, Galaviz Estrada y Ulloa.
De acuerdo con los testigos, o sea, los otros tres ocupantes de la camioneta donde el copiloto era el asesinado Roberto, el conductor (“El George”) y los ocupantes del asiento trasero -la pareja entonces formada por Abel e Itzel-, luego de marcarles el alto, los policías municipales los separaron a cada uno en una patrulla. A excepción de Roberto, a quien el jefe de la Policía de Centenario llevó a un lugar retirado, cerca de la Canalización del Río Tijuana, por el rumbo de El Alamar.
Los testigos refieren que escucharon disparos y después nada. En una segunda declaración, porque la primera había sido obtenida con base a la tortura, declararon que el municipal regresó con su amigo Roberto malherido. De hecho que la víctima se dolía, exclamaba dolor y solicitaba una ambulancia porque no quería morir. Pero ninguno de los oficiales allí presentes atendió el llamado de auxilio de manera eficiente. Lo dejaron morir.
A los sobrevivientes, a ninguno de los cuales atacaron como a Roberto Alfonso Bravo Reyna, los amenazaron. Uno de ellos contó que uno de los oficiales le mostró una foto en el teléfono celular para amedrentarlo. Era la imagen de Roberto desangrándose, acribillado. Les indicaron la historia que deberían contar ante el Ministerio Pública.
Así fue como los municipales crearon su farsa. Escribieron oficialmente un informe con falsedades. Dijeron que iban persiguiendo la camioneta donde viajaban los cuatro, porque tenían el reporte de una privación de la libertad. Declararon que una vez que detuvieron el vehículo, “rescataron” a las dos personas privadas de la libertad, a quienes identificaron en el parte como Abel e Itzel. Y “detuvieron” a los secuestradores, Roberto y “El George”.
En su mundo policíaco, los oficiales declararon oficialmente que Roberto les había disparado, ellos respondieron y lo mataron… de 17 disparos a corta distancia.
Cuando en el Servicio Médico Forense practicaron la prueba de Rodizonato de Sodio al cadáver de Roberto para ver si presentaba partículas de plomo, indicativo de que había accionado un arma, estos salieron negativos. Ni ese día ni en los anteriores, el joven había disparado una pistola. Incluso uno de los oficiales “resultó herido”. En realidad era un rozón, que suponen los investigadores, fue auto infligido o producido por alguno de sus compañeros para sustentar su historia.
Don Antonio, padre de Roberto, relató esta historia a los investigadores de la Fiscalía General del Estado, incluso convenció a Itzel y a Abel de acudir ante la FGE a rendir una nueva declaración donde narraran lo ocurrido y no lo que los policías les habían obligado a decir en las primeras horas del 24 de mayo. Así lo hicieron. “El George”, que fue aprehendido como “secuestrador”, fue puesto en libertad a los pocos días y nada se sabe de él. Abel e Itzel también han guardado un bajo perfil. Temen que los policías impunes hasta la fecha, tomen represalias contra ellos, a pesar que la evidencia también los incrimina.
Don Antonio no tiene abogados. De manera frecuente acude a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde suelen ignorarlo. En la institución que titula Guillermo Ruiz Hernández, las investigaciones avanzan lentamente. Aún no han requerido a los policías inmiscuidos, aunque sí existe la carpeta abierta sobre el caso.
Mientras tanto, la impunidad impera en este caso de brutalidad policiaca, en el cual cinco policías siguen trabajando y se les sigue pagando, aun cuando han abandonado los operativos y todos los días se presentan al pase de lista. “Están a disposición”, como refieren en la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, pero en la Fiscalía General no los han llamado.
Don Antonio no pierde la esperanza de encontrar justicia, sigue yendo a la FGE en busca de respuestas que no recibe.
