En cinco minutos, diputados avalan reforma que obliga a restaurantes, estéticas, hoteles y transporte de carga de alimentos perecederos a tramitar una licencia con costo por definir. El sector restaurantero está a favor de las verificaciones, pero en contra del cobro de nueva licencia sanitaria; pagan hasta 40 mil pesos anuales por renovar otros permisos
En Baja California, 3 mil 500 restaurantes no volverán a abrir sus puertas como consecuencia del novel coronavirus, y con ello, 70 mil personas quedarán desempleadas, según estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
A los estragos de la enfermedad respiratoria se sumarán las afectaciones que provocará la reforma a la Ley de Salud, que obliga a restaurantes y otros establecimientos del sector comercio y servicios a tramitar una licencia sanitaria, cuyo costo podría alcanzar los 20 mil pesos, de acuerdo con versiones extraoficiales.
La autoridad no ha dicho cuál será la tarifa por el nuevo trámite que entró en vigor el 16 de mayo. Montserrat Caballero Ramírez, quien lidera la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Salud, aseguró que “no hay un estimado de cuánto costará”, pero confirmó: “De que va a costar, va a costar”. No obstante, negó que la reforma persiga fines recaudatorios.
Fuentes cercanas al nuevo desencuentro entre la iniciativa privada y los legisladores advierten que, más que recaudatorio, el fondo del tema radica en que se entregó al gobierno estatal el control de negocios para que pueda negar la licencia sanitaria a capricho de Jaime Bonilla Valdez, tal como -dicen- ocurrió con la cervecería Insurgente.
De modo que “no se trata de regularlos, porque los establecimientos, como los restaurantes, ya están regulados puesto que cumplen con normas, verificaciones y derechos”, sino de tener control sobre los opositores del mandatario estatal.
Incluso hace unos días el Gobierno de México publicó los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral, con el fin de “lograr una reapertura exitosa, escalonada y responsable de las actividades laborales”.
EN CINCO MINUTOS AVALAN REFORMA
En la sesión del 11 de mayo de 2020 -cuando la mayoría seguía la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la llamada Ley Bonilla-, el pleno del Congreso de Baja California aprobó con 17 votos a favor, cinco abstenciones y ningún voto en contra la reforma a la Ley de Salud.
De la sesión virtual de poco más de cinco horas, los legisladores dedicaron cinco minutos con 18 segundos a aprobar la modificación al Artículo 153 de la citada Ley, con lo que quedó establecido que restaurantes, bares, hoteles, estéticas, peluquerías, establecimientos de masaje, así como centros de reunión y espectáculo, requieren licencia. Además de funerarias, centros de desarrollo infantil, rastros, albercas y baños públicos, transportes de carga de alimentos y perecederos.
Una vez leído parte del dictamen y previo a su votación, el presidente de la Mesa Directiva, Luis Moreno Hernández, pidió a los oradores en contra de la reforma manifestarse, pero ninguno hizo uso de la palabra. Los diputados que dicen ser de oposición no mostraron ni un gesto de desaprobación o inconformidad, menos aún señalaron que la disposición representa un golpe al bolsillo de los ciudadanos, como tampoco alertaron sobre el riesgo de que esta nueva carga impositiva cause más desempleo al no poder ser sufragada por empresarios asfixiados económicamente por la epidemia de coronavirus.
A partir de las 4 horas con 51 minutos y 21 segundos de transmisión en el video de esa sesión, el Lector corroborará cómo uno a uno los legisladores votaron, aquellos que provienen de partidos que le pedirán su voto en los próximos meses. Incluso algunos intentarán conservar su escaño en un proceso de reelección al que podrán concurrir sin dejar su puesto, arguyendo haber trabajado sesuda y rigurosamente por el bien de Baja California. Otros más sostendrán como artilugio ser “independientes”.
LA INCONGRUENCIA DE LA 4T
En diciembre de 2019, la Ley de Salud se reformó para crear la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), que sustituirá a la Subdirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, dependiente del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California (Isesalud), sin que se añadiera la modificación al Artículo 153, recientemente aprobada.
Monserrat Caballero
Al respecto, la diputada Montserrat Caballero Ramírez declaró que la enfermedad COVID-19 no se tenía a finales del año pasado y que ha venido a cambiar la situación de higiene, de ahí que, en abril, el gobernador Bonilla Valdez enviara esta nueva modificación.
Sin embargo, cuando ZETA le cuestionó por qué en ninguna parte de la iniciativa se hace mención del padecimiento respiratorio, contestó: “Es una situación generalizada que incluye al COVID, pero no se da por el COVID”.
En entrevista, Caballero Ramírez afirmó que habían “descubierto” que en el Estado no se cumplían ciertas medidas higiénicas. Ejemplificó el caso de “cuatro o tres restaurantes de comida china que tenían perros muertos”, todos, hechos ocurridos en la administración anterior.
“Sabemos que la Coepris regula a los establecimientos del sector gastronómico, sin embargo, sabemos que existía mucha corrupción y llegaban a la puerta del establecimiento, se les daba un dinerito y ahí se paraba la cosa”, aseveró.
— La actual administración estatal lleva siete meses, ¿se puede decir que ha seguido la corrupción y por eso se votó así?, inquirió ZETA.
“Podemos decir que es parte de los factores, porque si bien es cierto no todas las dependencias se vaciaron, hay dependencias que continúan con los mismos empleados. No digo que todos los empleados de la administración pasada fueron malos, sería un error de mi parte cortar a toda la gente con la misma tijera, lo que sí sabemos es que seguíamos yendo a restaurantes y a negocios que no contaban con las normas higiénicas”.
Y más adelante planteó: “¿Qué es lo que buscamos? Más que abatir la corrupción, cambiarnos el chip de que una vez que pase la pandemia, vamos a vivir con COVID y nuestras normas deben cambiar”.
— Estos actos de corrupción que ha referido, ¿ya los denunció? De no ser así, ¿por qué no lo ha hecho?
“Son actos que se han concientizado. No precisamente esos actos nos llevan a tomar estas medidas. Son actos que hemos visto en las irregularidades en comercios, y las hemos normalizado. Entonces, lejos de hacer una denuncia vamos a estar en comunicación con Coepris, porque no me atrevería a decir que todos los funcionarios han cometido actos de corrupción”.
Sobre esto último, el titular de Coepris, David Gutiérrez Inzunza, negó que en la dependencia haya tal situación. “Que quede muy claro: respeto la opinión de todo mundo, pero de lo que estoy cierto es que desde que inicié como titular, primero en Zona Costa y luego a nivel estatal, no ha habido una sola denuncia o un solo acto de corrupción”.
En junio inicia cobro de IVA e ISR en comida a domicilio
Derivado de la Miscelánea Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión, a partir del 1 de junio entrará en vigor el cobro de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) a plataformas digitales, incluidas aquellas dedicadas al transporte de alimentos.
En un comunicado, Uber Eats informó que sus tarifas no se modificarán por las disposiciones fiscales, ni para los repartidores. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), actualmente alrededor de mil establecimientos (10% del total) sigue laborando, sin embargo, de cada 10 restaurantes, 4 no tiene acceso a plataformas digitales.
“Hasta ahorita no hemos tenido una notificación de las plataformas, de que nos aumentaría el porcentaje de cobro a nosotros”, externó Iván Nolasco, quien preside la Canirac Ensenada.
Expuso que los establecimientos gastronómicos pagan 30% a una plataforma como Uber Eats, “estamos pugnando por bajar ese porcentaje para que no sea tan lesivo para los negocios, en caso de que los impuestos a las plataformas empiecen a afectarnos, creo que optaríamos por poner nuestros propios servicios a domicilio de manera directa”.
En opinión del dirigente restaurantero, los legisladores estatales y federales deberían dejar de agredir al sector con disposiciones que fomentan la informalidad, y, en lugar de eso, tendrían que trabajar para ayudar al gremio.
Para concluir, Nolasco llamó al Congreso de la Unión a regresar la deducibilidad del 100% en el consumo de alimentos.
Agregó que con la epidemia no hay margen para abordar otro tema que no sea coronavirus. “En su momento cuando entren las solicitudes veríamos cómo distribuir a los 24 verificadores con los que se cuenta” para dar seguimiento al proceso de solicitud de licencia en el que antes de otorgarla o no, se debe hacer una inspección a los establecimientos.
Monserrat Caballero Ramírez expuso que si la COVID-19 termina pronto, el Congreso podría aprobar una modificación a Ley de Ingresos 2020 que tendría que enviar el Ejecutivo determinando el costo de la licencia, de lo contrario, el cobro del trámite podría hacerse en la Ley del próximo año.
La reforma a la Ley no establece la vigencia de la licencia, sin embargo, la diputada morenista indicó que será renovable. “Todavía no determinamos si va a ser por un año o cuánto tiempo, lo que sí es un hecho es que la gente la puede perder por no cumplir con la norma”.
— ¿También pedirán licencia a gente que trabaja en mercados sobre ruedas colocando uñas y vendiendo alimentos?
“Para esto hace falta que hagamos un reglamento, y obviamente no le puedes exigir lo mismo. La higiene la podemos exigir en todos los sentidos, pero sabemos que las condiciones de trabajo son diferentes”.
Caballero Ramírez negó que se piense cobrar 20 mil pesos por cada licencia, puesto que tal cantidad “es lacerar mucho al ciudadano”, y agregó: “No le podría decir si va a costar 500 pesos, 5 mil, 2 mil pesos, depende de los giros”, de modo que se efectuará un análisis para determinarlo.
El pago tampoco sería por estas fechas, “sería absurdo de nuestra parte hacer que hoy ya se pagara esto, cuando los negocios están cerrados”.
Y concluyó: “Estoy en toda la disposición de escuchar a estos sectores (que se han manifestado en contra), pero ya se acabaron los tiempos en que se les pide permiso, porque pagan campañas, no específicamente Canirac, sino otros sectores empresariales”.
Miguel Angel Badiola
A FAVOR DE INSPECCIONES, EN CONTRA DE COBRO POR LICENCIA
Cuatro empresarios restauranteros consultados por ZETA dijeron estar a favor de las inspecciones que lleva a cabo la autoridad, ya que contribuye a dar confianza a los comensales, pero expresaron su desacuerdo con pagar un nuevo trámite cuando el sector ya cumple con diversas regulaciones.
“Difícilmente podemos pagar los impuestos actuales para que todavía nos empiecen a cargar otros gastos, por menores que sean, no sería justo”, consideró.
El secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional de la Canirac, Miguel Ángel Badiola Montaño, calificó la disposición como un “tiro de gracia” al sector. La organización trabaja con el actual gobierno estatal -como lo hizo con el pasado- para coadyuvar en las verificaciones.
“Cuando sucedió el tema de los restaurantes chinos, un servidor salió a dar la cara con el entonces cónsul general de China a defender la gastronomía china. Nosotros mismos hemos trabajado con las direcciones de reglamentos de los municipios para que revisen a profundidad todos los restaurantes y hemos aplaudido la clausura de los lugares que no cuentan con las elementales normas de higiene y manejo de alimentos”, indicó.
Badiola anticipó que el sector restaurantero se amparará contra la reforma a la Ley de Salud, por lo que ya se trabaja en una estrategia legal.
RESTAURANTEROS PAGAN ENTRE 15 MIL Y 40 MIL PESOS POR PERMISOS
Cada año los propietarios de establecimientos gastronómicos formales pagan entre 15 mil y 40 mil pesos para renovar diversas licencias, pues el costo depende de la Ley de Ingresos de cada municipio, así como del tamaño del lugar.
Las licencias que renuevan con costo son: de Protección Civil, de Bomberos, de Alcoholes y la Ambiental. Aparte, tramitan un visto bueno de Seguridad Pública. También la Coepris hace una inspección, que hasta el cierre de esta edición no tenía costo y se vería afectada con la reforma a la Ley de Salud.
Sobre las verificaciones de la Coepris, el dueño de un establecimiento del sector -quien pidió el anonimato- comentó que, a raíz de la pandemia por coronavirus, la dependencia “ha cobrado notoriedad”, pero antes “ni se paraba por los establecimientos”.
Datos proporcionados por la Coepris indican que del 1 de noviembre de 2019 a la fecha se verificaron 115 restaurantes, de los cuales 70 fueron sancionados y en 50 se aplicaron medidas de seguridad que “corresponden a suspensión de actividades y/o aseguramiento de productos que no
Comercio, transporte y turismo rechazan pago de nueva licencia sanitaria
Los sectores de comercio, transporte y turismo rechazaron la reforma a la Ley de Salud de Baja California, al considerar que el pago de una nueva licencia sanitaria dificulta la subsistencia de muchos negocios, ya afectados por los estragos económicos de la epidemia de coronavirus.
Gina Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) de Tijuana, señaló que diversas organizaciones empresariales analizan la posibilidad de interponer un amparo conjunto.
“El Congreso no socializó la iniciativa, se desconoce para qué se regularía a ciertos giros que ya están regulados por la Cofepris, máxime cuando la propia autoridad federal ya emitió los protocolos para las empresas ante COVID-19”, acusó.
“Las declaraciones de la diputada de Morena (Montserrat Caballero Ramírez), de pedirnos permiso, están fuera de lugar”, dijo, ya que no se trata de eso, pero hay una Ley “que seguramente desconocen los diputados” y obliga a consultar a las Cámaras.
“Buscamos un acercamiento con el gobernador ante la falta de empatía, el absoluto desprecio por nosotros, que somos micro negocios y el sector más vulnerable, que es quien los puso en el gobierno y que está muy lastimado por la actitud del Congreso”, indicó Villalobos.
Agregó que de los 2 mil 700 afiliados, por lo menos 300 ya no regresarán a trabajar por las afectaciones de la epidemia, y de esos 2 mil 400, la mitad se verán afectados por esta reforma, de modo que el pronóstico de empleos que se perderán es incierto.
Sobre la reforma -publicada el 15 de mayo-, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tijuana, Jorge Macías Jiménez, consideró que “no es momento de estar inventando nuevos trámites e impuestos” ante la crisis que se vive. “Más allá del costo económico está el costo administrativo, son permisos por todos lados, y en lugar de simplificar las cosas las están complicando”, manifestó.
Por su parte, el delegado de Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Tijuana, Tecate y Ensenada, Israel Delgado, aseguró que el sector ya está regulado y esta nueva licencia sanitaria “viene a golpearlo más”. Alrededor de 3 mil 600 camiones transportan alimentos perecederos o enlatados en Baja California, lo que representa 20% del parque vehicular, y previó que los transportistas de San Quintín serán los más afectados, pero “todavía estamos a la espera de que definan cuáles son los conceptos que entran en esta regulación, falta claridad”, consideró.
El presidente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana, Gilberto Leyva, aclaró que el sector no está en contra de las medidas sanitarias, pero presenta una caída del 90% y “va a ser muy difícil” su reactivación, lo cual no se contempla para este año, por lo que un nuevo cobro parecería más un obstáculo, cuando actualmente se requieren apoyos y flexibilidad del gobierno.
Respecto a la posibilidad de modificar la Ley de Ingresos 2020 para estipular la tarifa de la licencia sanitaria como estableció Montserrat Caballero Ramírez, para el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías es “inconstitucional” porque las leyes de ingresos tienen un plazo para presentarse, y no pueden modificarse intra ejercicio.
Adelantó que a partir del 15 de junio se presentaría el amparo, el cual “demostraría que el Poder Legislativo que se convirtió en un poder al servicio de un partido y de una persona, pese a que su función es ser representantes populares”.
cumplen con los requisitos mínimos que establece la legislación mexicana”.
RECUPERACIÓN DEL SECTOR TOMARÍA CUATRO AÑOS
En Baja California hay 10 mil establecimientos de venta de comida, los cuales generan alrededor de 200 mil empleos directos, según la Canirac.
Por la emergencia sanitaria, actualmente solo el 10% de los restaurantes continúa operando bajo el esquema de servicio a domicilio. No obstante, las ventas han caído 80%, por lo que estos lugares “no están satisfaciendo sus necesidades prioritarias de gastos, como el de luz, gas, renta, y nómina”, afirmó Miguel Ángel Badiola Montaño.
En tanto que el socio y administrador de Grupo Plascencia, Julián Plascencia, consideró que para las cadenas restauranteras la situación es más complicada, ya que emplean a gran número de personas, lo que implica que las nóminas sean de millones de pesos. “Es sumamente difícil y más porque la clase trabajadora no ha tenido apoyo para compensar ese salario que no le hemos podido pagar completo” a quienes no están laborando.
Agregó que el grupo restaurantero podría ya no reabrir algunos de sus establecimientos, y estimó que la recuperación del sector podría tomar entre tres y cuatro años.
Otra afectación que han tenido es consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar, que ha incrementado el costo de insumos de importación. “Estamos cancelando muchas de las importaciones que hacíamos de productos que necesitamos para nuestras recetas, vamos a reestructurar nuestros menús para que ya no incluyan esos productos. Es un reto muy grande”, y ejemplificó que en México nadie produce queso mozzarella, utilizado para las pizzas y otros platillos preparados por Grupo Plascencia.
Para el presidente de la Canirac Ensenada, Iván Nolasco, la situación “crítica” por la que atraviesa el sector ha hecho que los restaurantes que siguen abiertos, hayan tenido que reducir sus horarios de operación, y recriminó: “El apoyo del gobierno ha sido muy precario, solamente ha habido algún aplazamiento en cuestión del Seguro Social, del Infonavit, pero en realidad todos los impuestos siguen sin diferimiento, sin poderlos aplazar o tener una prórroga real para cumplir con estas obligaciones una vez pasada la contingencia”.
En su opinión, “el Gobierno Federal ha enviado el mensaje que, como dueños de negocios o empresarios, estamos solos”.
En un recorrido hecho por ZETA en diversos restaurantes en Playas de Tijuana, área que solía estar repleta de visitantes antes del coronavirus, ahora los pequeños comercios lucen casi vacíos.
“Estamos en una etapa muy crítica, luego que este establecimiento cerrara por mes y medio. Tenemos venta para llevar, pero es muy mínima, por lo que de 80 trabajadores se redujo a 20, sin embargo, han visto mermado sus ingresos porque ya no cuentan con las propinas, pues no se está dando el servicio”, refirió Mauro Villalobos.
En otro establecimiento, Karem García, quien se desempeña como cajera, comentó que es posible que los lugares reabran a partir del 15 de junio, aunque con restricciones sanitarias y poco personal, con lo que tampoco se prevé que las ventas vayan a aumentar.
