¿Qué parte del “no” será imposible de entender para el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y su secretario general, asesor político, consultor legal y secuaz, Amador Rodríguez Lozano?
Ahora quieren que la jornada electoral para elegir al gobernador, se lleve a cabo el mismo día que la elección de Presidente de la República, bajo la premisa que al iniciar de manera simultánea, la presidencia y la gubernatura se impulsarán mutuamente, para que quien supla a Bonilla solo permanezca tres años, empiece en 2021 y termine en 2024 con Andrés Manuel López Obrador.
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¿Cómo explicarles a estos servidores del pueblo que la sentencia dictada del 11 de mayo de 2020 por unanimidad de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue para que respetaran el contenido del Decreto 112 del 11 de septiembre de 2014?, el que además de obligarlos a gobernar por dos años y no por cinco, como pretendieron inconstitucionalmente, ordena también que “por única ocasión el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2024 iniciará funciones el primero de noviembre de 2024 y concluirá el treinta y uno de agosto del 2027”.
Que para efectos de la concurrencia de elecciones debía haber un período acortado que es el del gobierno actual, no hay más. Resulta ocioso que ahora propongan por otra “única ocasión” que otro gobernador se elija para otro “periodo distinto” al sexenal.
Lo dijeron fuerte y claro los integrantes de la SCJN: los congresos no pueden estar reformando leyes y constituciones según les convenga, o se los pidan gobernadores que así atentan contra la división de poderes.
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Pero el respeto al marco jurídico es algo que evidentemente no está en el interés de Jaime Bonilla, quien, por capricho y porque puede, decidió una vez más ridiculizar a diputados morenistas -para que tengan menos posibilidades de buscar la reelección- y ordenarles presentar esta iniciativa de reforma constitucional con la intención de modificar otra vez el contenido del Decreto 112 de hace seis años.
La propuesta fue filtrada por el gobierno estatal el 30 de mayo, tan mal hecha por los empleados bonillistas que hasta el nombre de la “diputada proponente” escribieron mal: Monserrat Cabellero en lugar de Montserrat Caballero. Con el error corregido, la presentaron en Oficialía de Partes el lunes 1 de junio y un día después pasó a Comisiones, y con una expedites inusitada, diputados de la Comisión de Gobernación y Legislación encabezada por Juan Manuel Molina -contagiado de COVID-19- ya tenían listo el dictamen para su firma el jueves 4.
Incongruentes, los congresistas que aprobaron y patrocinaron una encuesta para que el gobernador Bonilla se quedara por cinco años en el Poder Ejecutivo, bajo la tesis de que periodos cortos eran nocivos para BC, ahora quieran recortar la siguiente administración estatal a tres años.
No conformes, para reducir el próximo periodo usan los mismos argumentos que presentaron para ampliarlo: generar “ahorros financieros” y administraciones estatales “más vigorosas y eficientes”.
También mienten al asegurar que empatar la elección de gobernador con la presidencial era un objetivo de los diputados desde 2014, porque en lo que respecta a la concurrencia, la relatoría de hace seis años incluye propuestas de la coalición PRI-PVEM y PAN, ambos grupos coincidieron en dos puntos, primero que la elección del gobernador se debía empatar en 2021, y segundo, que el gobernador electo tomaría posesión el 1 de noviembre de 2019. La única diferencia fue que los del partido albiazul proponían que terminara el 31 de octubre de 2021, y los del tricolor, el 31 de julio de 2021. Solo el panista Luis Felipe Ledezma presentó una propuesta para que la elección de empate fuera en 2015, pero no fue secundado (consultar la liga https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Dictamenes/1_REFDESTADO_10JUL14.pdf)
El dictamen del 4 de junio de 2020, también contiene un “análisis constitucional” que se resume al derecho que tiene el pueblo a modificar su forma de gobierno, y al hecho de que ellos, como diputados son los representantes del pueblo, léase, son los buenos. Adicionalmente, propusieron realizar un foro el 5 o 6 de junio.
Así pretenden suplir el decreto de 2014, aprobado por un Congreso multipartidista que realizó un proceso de consulta ciudadana y consensó las propuestas de nueve grupos parlamentarios para que la elección a gobernador empatara con las federales intermedias y así fomentar la participación en esa elección usualmente con mayor abstencionismo, para que el cargo más importante fuera el del mandatario estatal, y evitar que un cargo de tal trascendencia fuera producto del arrastre de una campaña nacional.
En medio de la opacidad de las negociaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y lo repentino y mal planteado de la propuesta, resulta difícil visualizar qué hay más allá de la respuesta visceral del gobernador y sus asesores, para que su sucesor tampoco pueda tener un gobierno de seis años.
Las certezas son pocas y las posibilidades demasiadas. Si se analiza desde la paridad de género, puede ser que los de Movimiento Regeneración Nacional tengan claro que la próxima candidata será una mujer y pretenden que solo administre por tres años.
También está lo obvio: que el candidato a gobernador de 2024 podría ser arrastrado por la inercia de Morena, como le sucedió a Jaime Bonilla con Andrés López Obrador, en el entendido que ellos sigan ostentando las preferencias nacionales.
O tal vez la misión sea allanar el camino a los amigos del actual mandatario, que tengan la oportunidad de continuar activos, como el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, cuyo periodo concluye oficialmente el 31 de octubre de 2024. Así podrían estar desalentando a un candidato que vean fuerte en la oposición, desanimando a los diputados y munícipes de Morena para obligarlos a ganar la reelección como camino a la gubernatura; incluso, dándole más tiempo a un nuevo candidato morenista para posicionarse.
Pero más allá de la validez de los argumentos, de la bondad o perversidad de las intenciones, es un hecho que la bancada y el gobierno de Morena en Baja California pueden concretar el cambio, dado a que tienen los votos necesarios y, de acuerdo a la Ley, están en tiempo para hacerlo, no sin sus probables impugnaciones que darían pie a otro desgastante jaloneo político, justo seis meses antes de que inicie el próximo proceso electoral.
Y todo por el revanchismo del gobernador en turno, léase Jaime Bonilla Valdez.
