Desde las entrañas del Poder Ejecutivo se pretende empujar -nuevamente- la reforma al Artículo 44 Constitucional que homologa las elecciones locales con las presidenciales para los comicios de 2024, y como consecuencia, reducir el periodo de la próxima gubernatura que se decide en 2021. Los plazos les alcanzan, ya que la reforma debe publicarse antes de la segunda semana de septiembre, pero la votación sigue en duda tras lo ocurrido el 12 de junio, cuando el Poder Legislativo rechazó la iniciativa de la diputada Montserrat Caballero Ramírez. Sin embargo, para el abogado Rogelio Robles Dumas, nada les impide presentarla para el próximo periodo de sesiones, o bien, hacerle adecuaciones e intentarlo de nuevo. Mientras Morena acomoda sus fichas, los partidos de oposición -PAN, PRD y MC- ya tienen listos los recursos legales para dar batalla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación… otra vez
En medio de una de las crisis mundiales más severas del siglo en materia de salubridad, y en uno de los estados más afectados por la enfermedad COVID-19 a nivel nacional, donde ya se superaron los 8 mil casos confirmados, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez dedica tiempo y esfuerzo para hacer política y cabildeo en temas electorales, como la duración de su sucesor en el cargo.
El Ejecutivo estatal aún piensa en la reforma constitucional que permita reducir el próximo periodo de gobierno a tres años, y ha reactivado el acercamiento con algunos legisladores en busca de que apoyen el emparejamiento del proceso electoral local con el presidencial en 2024, lo que directamente reduciría el periodo del próximo mandato.
El 12 de junio, tras varios días de intenso cabildeo, el parlamento local dio marcha atrás al Dictamen 47 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, propuesto por la diputada Montserrat Caballero, el cual modificaba el Artículo 44 de la Constitución local para homologar las elecciones presidenciales y de gobernador para 2024, argumentando algunos temas vagos de austeridad y de trabajar en forma más estrecha con el nuevo mandatario federal.
Con 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la propuesta dirigida desde el Poder Ejecutivo fue rechazada, en gran medida por los votos de Rosina del Villar, Carmen Hernández, Araceli Geraldo y Juan Meléndrez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes fueron en contra de los intereses de su bancada.
Tras rechazarse la propuesta, el sector empresarial y los partidos políticos de oposición se unieron para aplaudir la medida, pero dos semanas después, versiones del interior del Poder Ejecutivo y Legislativo, sostienen que pretenden revivir la reforma.
Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones donde todo jugaba a favor del bonillismo, en esta ocasión hay una serie de factores que generan incertidumbre, desde la capacidad para reclutar votos de Morena o de otros partidos, los plazos para presentar una nueva iniciativa y el desenlace de las acciones de inconstitucionalidad del PAN y Movimiento Ciudadano contra la reducción en el inicio del proceso electoral, el cual recorrieron del 20 de septiembre al 6 de diciembre de 2020.
Amador Rodríguez Lozano
EN EL AIRE LEY VENGANZA/LEY BONILLA 2
El lunes 22 de junio, el portal de la revista Proceso publicó una nota en la que aseguraba que el gobernador Jaime Bonilla Valdez se reunió con por lo menos diez de sus diputados para informarles que la reducción del periodo de la próxima administración estatal era una instrucción presidencial.
En la publicación se establece que la reunión se llevó a cabo en las oficinas del Ejecutivo estatal en Tijuana, y que se les instruyó aprobar el tema por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El martes 23 de junio, la coordinadora de la bancada de Morena, Montserrat Caballero Ramírez, desmintió la reunión con el titular del Poder Ejecutivo el día anterior a través de la red social Facebook; varios diputados se unieron para rechazar la publicación, lo que no dijeron es que la reunión no fue con Bonilla, sino con el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien sí convocó a algunos legisladores para hablar del tema.
Una fuente que pidió a ZETA el anonimato, no pudo precisar si en verdad hubo una instrucción presidencial, pero reconoció que desde el Poder Ejecutivo están buscando el mecanismo ideal para volver a proponerlo.
Por su parte, Montserrat Caballero negó que hubiera una reunión oficial de diputados y el gobernador para hablar sobre el tema, pero aseguró que sus compañeros de bancada pueden congregarse libremente con funcionarios o el propio Bonilla. En caso particular, ella negó haber participado en alguna reunión en esos días.
Comentó que, como inicialista, nadie se le ha acercado para hablar y desconoce si algún diputado de su partido intente presentar una iniciativa similar, pero adelantó que la respaldaría, puesto que representaría un ahorro importante empalmar las elecciones con las presidenciales, pues el costo de los comicios ronda los 500 millones de pesos, además de reducir el hartazgo en la ciudadanía al realizar seis procesos electorales en ocho años.
Entrevistado por ZETA, el abogado Rogelio Robles Dumas comentó que el Artículo 32 de la propia Constitución local establece que una iniciativa que no fue aprobada, no puede presentarse nuevamente hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, que iniciaría el 1 de agosto.
Esta premisa es respaldada en el Artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que tendrían que esperar hasta agosto para presentar la misma reforma constitucional al Artículo 44.
Cuestionado respecto a si una pequeña modificación a la reforma podría pasar por una nueva y así volver a presentarla, Robles Dumas aseguró que es una posibilidad, pero sería complicado porque el Artículo 44 especifica la duración del mandato del gobernador, por lo que resultaría muy complicada una nueva justificación que respaldara modificar la Constitución para que la elección de gobernador se realice el mismo día que la presidencial.
El abogado -que ha trabajado en varias ocasiones como asesor jurídico en el Poder Legislativo- comentó que si los diputados de Morena querían mantener “viva” la iniciativa dentro del Congreso, tendrían que solicitar una votación económica para regresar el dictamen a Comisiones, lo cual se respalda en el Artículo 133 de la Ley Orgánica. Este movimiento les habría dado dos semanas para reformarlo y volverlo a subir a pleno.
Otro error que refirió, le da la razón al diputado David Ruvalcaba, quien el día de la sesión aseguró que toda reforma de carácter electoral debe pasar por la Comisión de Reforma de Estado y no por Gobernación, como ocurrió en esta ocasión, y debe realizarse 90 días antes de iniciado el proceso electoral.
Sin embargo, Jaime Bonilla Valdez aún podría salirse con la suya, ya que existe la posibilidad de presentar nuevamente la iniciativa el primero de agosto, aprobarla fast track, turnarla a los ayuntamientos para que la aprueben en una sesión exprés y emitir una declaratoria en cuestión de días para que la reforma se apruebe antes de la segunda semana de septiembre. O bien, podrían reformar el Artículo 32 de la Constitución para presentar iniciativas en el mismo periodo.
Monserrat Caballero
SCJN PUEDE DERRUMBARLO TODO… DE NUEVO
Lo único que no se encuentra en manos del Gobierno del Estado, es que, en las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría decidir un tema coyuntural que desecharía cualquier intento por revivir la iniciativa.
Resulta que tanto el Partido Acción Nacional como Movimiento Ciudadano (MC), se encuentran en espera de la reactivación de la justicia el 1 de julio, para presentar las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma a la reducción del proceso electoral contemplado por el Instituto Nacional Electoral para dar inicio el 20 de septiembre, pero que por mandato del gobernador -con la venia del Legislativo de mayoría morenista- se prolongó hasta diciembre con el fin de contar con más tiempo; más de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, precisamente para hacer modificaciones como la Ley Venganza de Bonilla para reducir el periodo de mandato del próximo gobierno estatal.
Salvador Miguel de Loera, representante de Movimiento Ciudadano en el Instituto Estatal Electoral de Baja California, aseguró que el PAN ya presentó el recurso ante la SCJN vía electrónica, pero aún no es analizado por los ministros; MC también recurrirá el tema la próxima semana.
La intención de MC y el PAN es que la SCJN dé marcha atrás a la reforma del Congreso local para que el periodo electoral inicie en septiembre, ya que la modificación de Bonilla afectó severamente el proceso. Por ejemplo, la reducción de plazos para la recepción de firmas a los candidatos independientes, quienes además tendrán más “trabas” para registrarse y presentar firmas, como acudir a la Capital del Estado y sostener un domicilio legal en la Capital con el argumento de la austeridad.
Esta reforma también afectará el desempeño de los consejos distritales y para interponer quejas contra algún candidato durante la campaña.
Lo más relevante es que si la SCJN decide avalar a los partidos y dar marcha atrás a esta reforma, automáticamente regresaría el proceso electoral a septiembre, y con ello impedirían cualquier reforma trascendente de carácter electoral aun estando publicada, ya que las modificaciones importantes deben efectuarse 90 días antes del inicio del proceso electoral, plazo que ya venció.
“Esa iniciativa no fue de manera inocente, fue toda esa temporalidad para manipular a su antojo o pervertir la norma electoral, si hubiera arrancado en septiembre, ya no podrías modificar”, reclamó De Loera, quien rechazó que estén abiertamente enfrentados con el gobierno, solo que han presentado un verdadero desorden en los temas legislativos y electorales.
El representante electoral de MC aprovechó para calificar de ilegal una nueva Ley Bonilla porque no se ha cumplido con el Artículo transitorio federal que empalma las elecciones federales con las locales, lo cual se contempla para 2021.
Recordó que en Veracruz y Puebla, su partido impugnó los periodos cortos de gobierno, y, aunque los ministros reconocieron que representa una “lesión” al mandatario, afirmarlo que es algo razonable porque el bien mayor es la concurrencia de las elecciones.
Dado que ya existe un transitorio constitucional que establece la fecha para cumplir con la Ley de 2014, además que la SCJN ya lo reiteró a través de la sentencia, consideró que no existe justificación jurídica para posponer el empalme electoral, e incluso, podrían incurrir en un incumplimiento a la sentencia de la Suprema.
Por su parte, Robles Dumas aseveró que la iniciativa presentada por la diputada morenista estaba tan “floja” que muy probablemente iban a darle reversa en la SCJN, sobre todo por la “antinomia legal” que ocasionaría, es decir, una contradicción de leyes.
“De aprobarse caería en contradicción con el Octavo Transitorio con la reforma de 2014 para efectos de concurrencia y para concurrencia que serán en 2021, Hay dos disposiciones que se contraponen una con la otra (Artículo 44 y el Octavo Transitorio), y como la Suprema dijo que la concurrencia se da en 2021, de ahí decían que caerían en un desacato por incumplimiento”, sentenció el abogado, para luego rematar que, si no se cuidan, los diputados podrían ser destituidos.
