La XXIII Legislatura de Baja California votó en contra la iniciativa para empatar la elección de gobernador con la de presidente de la república en 2024, lo cual hubiera implicado que el siguiente periodo gubernamental se extendiera sólo por tres años.
Con 10 votos en contra, 14 a favor y una abstención, posicionamientos emitidos en sesión celebrada este viernes 12 de junio, el proyecto presentado por la diputada de Morena Montserrat Caballero Ramírez quedó descartado como reforma a la Constitución Política de Baja California.
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Se requerían 17 votos a favor para lograr la aprobación correspondiente.
La iniciativa estaba encaminada a adicionar un párrafo al artículo 44 de la normatividad, en aras de concretar el empate de elecciones.
A decir del abogado Adolfo Solís Farías, quien intervino en conferencia de prensa el día de ayer, la modificación era inviable en vista de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a que el actual gobierno del estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, debe ser de dos años en tanto que la siguiente gubernatura correrá del 1 de noviembre de 2021 al 31 de agosto de 2027.
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Ello en virtud de que la SCJN ordenó que se restituya el artículo octavo transitorio, donde se establecen esos plazos, tras invalidar la reforma con la que se pretendió ampliar a cinco años la gestión del actual mandatario estatal. La invalidación tuvo lugar en vista de que la denominada “Ley Bonilla” se aprobó el 8 de julio de 2019, una vez que el político tijuanense había sido electo para gobernar por dos años.
De acuerdo con Solís Farías, de haber prosperado el proyecto de la diputada Caballero Ramírez se hubiera incurrido en una manipulación de la Constitución, toda vez que la Corte ya dejó establecido qué duración debe tener la siguiente gubernatura; de modo que incumplir la sentencia habría abierto la posibilidad de que los legisladores que votasen a favor fueran destituidos y consignados ante un juez de distrito, con penas de hasta 9 años.
El dictamen se hizo objeto de cuatro votos en contra de los diputados de Morena. Desde que se aprobó en sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la legisladora de ese instituto político Rosina del Villar Casas se pronunció en desacuerdo, en vista de que a su modo de ver la iniciativa se contraponía a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida el 11 de mayo para invalidar la reforma con la que se pretendía ampliar a cinco años el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla Valdez.
De acuerdo a la sentencia de la Corte, se debe restituir el artículo octavo transitorio, el cual establece que la duración de la administración en curso debe ser de dos años en tanto que la siguiente gubernatura habrá de correr del 1 de noviembre de 2021 al 31 de agosto de 2027. De ahí que del Villar Casas, apostara por no desacatar el fallo del máximo tribunal.
Los demás diputados del partido oficial que votaron en contra durante la sesión de este viernes, son Araceli Geraldo Núñez, Carmen Leticia Hernández Carmona y Juan Meléndrez Espinoza.
A diferencia de los diputados renuentes de Morena, quienes se mantuvieron en esa postura con todo y que la iniciativa fue presentada en representación del grupo parlamentario de ese instituto político, Luis Moreno Hernández optó por pedir licencia a su posición como diputado propietario (emanado del hoy extinto partido Transformemos).
Desde el interior del Congreso se había dicho que probablemente Moreno Hernández se pronunciaría en desacuerdo con la iniciativa. Sin embargo, el día de ayer, jueves 11 de junio, el tijuanense determinó dejar la presidencia del Congreso y su curul en la XXIII Legislatura.
El día de hoy, luego de que el proyecto de Caballero Ramírez fuera rechazado, Moreno Hernández asumió como subsecretario en la Secretaría General de Gobierno del estado, cargo que le fue ofrecido por el titular de la dependencia, Amador Rodríguez Lozano, según se dio cuenta en una vídeo transmisión.
En la sesión extraordinaria de este viernes, también rechazaron la modificación para empatar comicios en 2024, Gerardo López Montes (PRD), Rodrigo Otáñez Licona (PBC), Loreto Quintero Quintero (PAN), David Ruvalcaba Flores (PRI), Eva María Vázquez Hernández (PAN).
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Fausto Gallardo García, se abstuvo de fijar postura. A propósito argumentó: “Mi voto es en abstención dado que creo que requiere el proyecto de mayor análisis en cuanto a la procedencia de la constitucionalidad”.
Los legisladores que se pronunciaron porque el dictamen saliera adelante son Claudia Josefina Agatón Muñiz (PT), Miguel Ángel Bujanda Ruiz (sin partido), Montserrat Caballero Ramírez (Morena), Elizabeth Cano Núñez (Morena), Julia Andréa González Quiroz (Morena), Juan Manuel Molina García (Morena), Víctor Manuel Morán Hernández (Morena), Efrén Moreno Rivera (Transformemos/hoy extinto), Víctor Hugo Navarro Gutiérrez (Morena), María Trinidad Vaca Chacón (sin partido), Ramón Vázquez Valadez (Morena), María Luisa Villalobos Ávila (Morena), Julio César Vázquez Castillo (PT), Eva Gricelda Rodríguez (Morena).
David Ruvalcaba Flores manifestó sobre su rechazo al dictamen (el número 47 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales) que conforme a la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Reforma del Estado y Jurisdiccional también tenía facultad para dictaminar la iniciativa y no se le requirió para tales efectos. También deploró que no se haya solicitado la opinión de autoridades en materia electoral.
Criticó que con todo y que Caballero Ramírez argumentó que el sentido de su iniciativa encajaba con un reclamo ciudadano, ello no se haya sustentado con la implementación de una consulta, tal como se sí se consultó a la población el planteamiento de ampliar a cinco años la gestión que hoy encabeza Bonilla Valdez (la que finalmente quedó en dos años).
La diputada del Partido Acción Nacional, Eva María Vázquez arguyó que el empate de elecciones ya tuvo su momento jurídico legislativo, con la Reforma Electoral de 2014, la cual redundó en la concurrencia de las elecciones locales con las intermedias federales que habrá de darse en 2021.
Sobre la restitución artículo en el que se establecen los plazos para la actual gubernatura y la siguiente, Vázquez Hernández asentó:
“Se deberá leer el octavo transitorio conforme al texto exacto que tenía y tiene la reforma de 2014, no se debe de leer en partes, sino de manera integral”.
Por otro lado, mencionó que de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución local se debió citar a los Ayuntamientos para revisar la iniciativa, toda vez que en su momento (siempre y cuando hubiera sido aprobada) habrían de avalar su procedencia.
En coincidencia con Ruvalcaba Flores, sostuvo que pese a que Caballero Ramírez justificó que con el empate de elecciones se lograría un ahorro considerable, en materia de organización de comicios, “no se desprende ningún estudio que permita distinguir a cuánto asciende y si existe un ahorro financiero”.
Igualmente coincidió con Rosina del Villar Casas en el sentido de que la SCJN ordenó la restitución del octavo transitorio, el cual establece el plazo de la siguiente administración (en seis años).
“Los invito a que voten esto (la reducción a tres años) en contra para que no sean considerados violadores de la Constitución”, profirió.
“Quienes voten a favor de este dictamen serán recordados como los diputados que defraudaron la Constitución, como aquellos diputados que traicionaron al pueblo de Baja California”, advirtió.
El diputado del Partido de Baja California, Rodrigo Otáñez Licona, quien al igual que los legisladores de PRD y MC, hizo uso de la voz, observó que “los abogados en la materia nos dicen que es probable que se revierta la reforma”, en caso de que se aprobara.
“Los invito a hacer un ejercicio de reflexión, debemos considerar muchas cosas en este dictamen”, expuso y citó: “Tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario”.
Finalmente, Rosina del Villar Casas alertó: “Esta reforma sí se contrapone a la resolución de la SCJN en la Acción 112/2019 y sus acumuladas”. Su aprobación “estaría violentando el fallo emitido por la Corte el 11 de mayo donde se determinó que la norma (artículo octavo transitorio) debería regresar…”. Con ello, legisladores y cabildos “podrían ser destituidos como lo apunta el artículo 105 de la Carta Magna”.
La reunión de trabajo, en la que se votaron otros asuntos, se clausuró a las 13:55 horas. A los diputados de la XXIII Legislatura se les citó para el 17 de junio en el ánimo de volver a sesionar, en la modalidad de sesión ordinaria.
