El día de miércoles 17 de junio de 2020 se llevó a cabo una asamblea de abogados histórica: por los participantes, por el lugar y por el tema. Asistieron representantes de todos los colegios, la asamblea fue en el estacionamiento de los Juzgados Civiles y Familiares y el tema fue la exigencia de la reanudación de la actividad jurisdiccional en forma inmediata.
Se habló claro, mucho y fuerte; los abogados están indignados por la apatía del Poder Judicial del Estado en cuanto a la reactivación de la función jurisdiccional y la tibieza con la que se ha tratado ese asunto, acordándose la exigencia de que se reanuden las labores de los juzgados sin ningún pretexto ni prórroga el día ya señalado por el propio Consejo de la Judicatura, que es el 1ro. de julio de 2020.
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Hubo quejas en cuanto al trato a los abogados en general, y particularmente a las abogadas embarazadas y a los abogados mayores de 60 años, escuchándose algunos reclamos en el sentido de que los abogados no somos tan tontos como para no sabernos cuidar, que los juzgadores se preocupen de ellos y de su personal.
Se habló también de que las suspensiones reiteradas de la actividad jurisdiccional por parte del Poder Judicial, no obstante que dicha actividad fue considerada como esencial por parte de la autoridad sanitaria, constituían una violación al Artículo 17 constitucional y posiblemente se hacían acreedores a juicio político.
Se informó que los abogados del colegio Emilio Rabasa, presididos por el Lic. Sergio Carbajal Franchini, promovieron un juicio de amparo en contra del Tribunal Superior, a fin de que dotaran al personal del equipo necesario protector para poder trabajar y que les fue concedido, y que entonces ignoraban qué medidas habían tomado para cumplir con la sentencia de amparo.
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También se señaló que la responsabilidad de la administración de justicia les correspondía tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, y por supuesto al Poder Judicial; y que, sin embargo, el Poder Legislativo no aprobaba el presupuesto necesario para el buen funcionamiento, y que el Poder Ejecutivo no entregaba las partidas correspondientes oportunamente. Se dijo que el presidente del Tribunal, Salvador Ortiz, los mandó con el gobernador del Estado, Jaime Bonilla (a los abogados organizados), y este los mandó con el secretario de Gobierno Amador Rodríguez, quien -lisa y llanamente- dijo que no había presupuesto para implementar las medidas de sanidad.
Los abogados organizados enfatizaron que estos actos no tenían relación más que el pugnar por un administración de justicia en los términos de la constitución y a la que tiene derecho cualquier ciudadano, que era ajena a cualquier interés político partidista, y que además, contrario a lo que algunos empleados de los Juzgados habían manifestado, el objetivo no era poner en riesgo la salud del personal; y tal era el caso que se había reclamado ante un Tribunal Federal, que obligaran al Poder Judicial a tomar las medidas pertinentes para proteger su salud en el trabajo.
Asimismo, los abogados asambleístas manifestaron su conformidad con el número de asistentes y su calidad e hicieron el compromiso de acudir el 1ro. de julio de 2020 para corroborar que se lleve a cabo la reanudación de labores, y en caso contrario, tomar los acuerdos pertinentes.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado también fue objeto de discusión: se habló insistentemente de que no hacía su trabajo, no obstante los altos sueldos que recibían sus integrantes; que se valoraría la petición de pedir su desaparición y plantear otra forma de realizar las actividades que se les asignan.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C.
Correo: lic_g_davila@hotmail.com
