En un año, dice el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, esa institución ha interpuesto cuatro controversias. Mayormente por el recorte de gastos, pero también por la Ley Bonilla y el regreso de los tiempos oficiales a las grandes televisoras como lo ordenó el Presidente de la República. A la espera de resultados, por ahora celebran la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio revés a la modificación de la Constitución de Baja California para ampliar el mandato de Jaime Bonilla Valdez a cinco años, después de celebradas las elecciones de 2019
Para el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, la pandemia por la enfermedad COVID-19 cambiará “muchos modos, usos y costumbres electorales”, y aunque todavía no definen la nueva forma de hacer campañas políticas, ya es un tema de estudio y análisis en el INE.
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El próximo año se tendrá en México la elección más grande de los últimos tiempos. Habrá procesos electorales en los 32 estados, 15 renovaciones de gubernatura, 30 congresos, mil 926 municipios y estarán en capacidad de participar unos 96 millones de electores -6 millones más que en la elección de 2018- y 290 cargos más respecto a ese proceso electoral. Aun así, y debido a los recortes, en el Instituto esperan gastar lo mismo -alrededor de 8 mil 500 millones de pesos- en los comicios de 2021.
Sobre la Ley Bonilla, Lorenzo Córdova celebra el contundente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la declaró inconstitucional.
A continuación, la entrevista de ZETA con el titular del INE.
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— Con el fallo de la Corte sobre la Ley Bonilla, ¿se fortalecen las instituciones del poder electoral, el Tribunal Superior de la Federación y en el INE?
“Sí, nada más que hay que ser congruentes. El Tribunal local no creo que haya sido demasiado… Creo que cuando las instituciones las ejerce el control del Estado frenan, porque es su trabajo los abusos del poder. Creo que sí hay un buen mensaje de funcionamiento de democracia constitucional, la institucionalidad de una democracia constitucional, lo que sí es cierto es que estamos viendo tantos temas, no sé si ha habido momentos, no me acuerdo honestamente, de un tema en la Corte que hubiera tantas controversias y acciones de inconstitucionalidad interpuestas. Me queda claro que el INE en un año, en toda su historia, interpuso una que no le afectó a la Corte en su momento, en 23 años. En un solo año el INE ha interpuesto cuatro acciones de controversias, la última en tiempos de radio y televisión, que vamos a tener que ajustar porque no nos concedieron la suspensión, habría que ver el tema de fondo, pero sí estás hablando de un ejercicio del poder que está generando muchas controversias”.
— ¿De qué son las otras tres acciones?
“Dos fueron con el tema de los recortes presupuestales, incluyendo el de las remuneraciones al personal. Hemos estado en la lógica de disminuirnos los fondos a los altos funcionarios, pero sin tocar a los del servicio profesional electoral, ellos son los que están ahí, que ponen la mano dura a los gobernadores para decidir los términos generales. El problema de fondo han sido los recortes, porque de cara al próximo año, los recortes que nos metieron para 2020 van a dejar sin capacidades financiera, sin capacidad de organizar la elección; no se trata de desconocer que la Cámara pueda definir el presupuesto, lo único que queremos decir es que hay ciertas reglas, y más en un contexto como el que se nos viene en términos económicos. Todos tendremos que hacer esfuerzos, pero lo que decimos es que haya un diálogo y se establezcan las bases, los procedimientos para eventualmente hacer recortes, porque si se hacen de manera discrecional, al rato no va a haber posibilidad de cumplir ciertas funciones que, para órganos como el Poder Judicial o el INE, son indispensables. Sin abusos ni pedir que no haya controles y mucho menos.
“Y bueno, luego fue la acción de Baja California, y la última acción contra los tiempos del Estado, lo que nos va a representar por la voluntad, por la decisión unilateral de la Presidencia, una disminución. Si sumas todos los spots diarios -cerca de 6 mil o poco más-, previendo cuáles les tocan a las autoridades electorales, al INE, a las tareas de difusión o educación cívica, y el otro se les da a los partidos políticos, entonces en un contexto como el actual, le estás quitando el espacio a los partidos políticos. No son los mejores spots y lo que quieras, pero es como un espacio de equilibrio político”.
Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com.- Lorenzo Córdova Vianello
— Si quieren utilizar espacios, van a tener que adquirirlos directamente…
“Exactamente. No me gusta que me anden condonando impuestos a los concesionarios de radio y TV, lo digo con toda franqueza. Si son impuestos, pues discutamos por qué, porque luego en todo caso hagamos una reforma fiscal y vayamos viendo, pero no así, porque… ¿Te acuerdas de aquel regalazo que se hablaba en septiembre de 2002, con Fox? Es otro regalazo, pero en este contexto, afectando además tiempos que están constitucionalmente destinados para fortalecer la discusión democrática. No se tocó el tiempo que se destine a los partidos durante los comicios electorales, eso sí se mantuvo intacto. Lo que se tocó y llamamos que el tiempo de periodos ordinarios, por ejemplo, que ahorita como suscribimos las elecciones el Coahuila e Hidalgo, volvimos a los tiempos ordinarios, porque ahí sí la totalidad de los tiempos oficiales los usa el Estado -48 minutos-, y fuera de los procedimientos electorales usamos nada más el 12%. Cuando te disminuye el total de los tiempos en 12%, digamos no es el mismo de 48 minutos que el 12% de 41, que son 7 minutos en televisión. De todos modos, creo que no había que dejarla pasar, son actos unilaterales y el modelo de comunicación política fue un pacto muy importante en su momento. Afortunadamente durante las elecciones no se vio afectado ese tiempo”.
— Aun así, las elecciones de 2021 ¿serán las más caras de la historia? ¿Sabe cuánto van a costar?, porque son elecciones federales…
“No tenemos todavía una estimación de costos, pero sí van a ser las más grandes de la historia. Hay una serie de indicadores que ya tenemos más o menos, pero te dan una idea de la magnitud de la elección. La primera, el número de electores. Estamos estimando que de aquí a un año va a ser del orden de 96 millones de electores, que significa 6 millones más que en 2018, y por la lógica de nuestro sistema electoral, si tienes más electores, vas a tener más casillas por fuerza y más funcionarios de casilla, y en consecuencia vas a tener que visitar a más electores en sus domicilios. El trabajo de campo es carísimo, y hay que ver ahora si lo podemos hacer por cuestiones virtuales. Ya solamente por ese hecho, las elecciones van a ser más grandes, y si se sigue con la inercia, serían más caras.
“Lo que queremos hacer es, como propósito, no tener más de lo que costaban las elecciones de 2018. Y te podría decir que si tomas en cuenta el número de cargos a disputar en 2021, como ahora son elecciones en todos los 32 estados, 15 gubernaturas, 30 estados con congresos que se renuevan, 30 distritos que se renuevan, el número de municipios son mil 926, son casi todos los que se dicen, pero en algunos no hay elección. Por donde lo veas, la elección es más grande, son como 290 cargos más a elegir que en 2018, pero nuestra idea es que no cuesten más que en 2018 y tratar de absorber el costo sobre crecimiento de la elección como una manera también de responsabilidad en un contexto que económicamente estará de la patada.
“En el tema de los costos vamos a tener novedades, pero bien pactadas con los partidos, porque si por ahorrar nos metemos en un problema de confianza, de credibilidad, pues mala cosa haremos. A todos los que en Baja California batallaron y batallamos desde afuera para que no se cometiera ese atropello, nos van a decir ‘Se los dijimos, porque iba a costar más, de todas formas, va a haber elecciones en Baja California para lo de gobernador’, y era una falacia. Y fíjate que no lo explotamos, porque se decía que para la elección de gobernador a 2021 iba a aumentar los costos, pues en 2021 va a haber no solo elecciones a gobernador en Baja California y de alcaldes, claro. La verdad, el costo de la de gobernador es solo en papelito, la boleta, que es un costo realmente menor”.
— ¿Cuánto costó la elección de 2018?
“Te hablo de lo que corresponde al INE. El gasto en el proceso, el proyecto de proceso electoral fue algo así como 8 mil, 8 mil 500 millones de pesos, eso solo el INE, porque hay que sumar costos. El trabajo de campo es lo más caro, a los otros les toca el trabajo, la impresión de materiales que tiene su costo, pero el más gravoso es el trabajo de visita a domicilios, capacitación a funcionarios de casilla, y eso lo absorbe el INE. Si no me equivoco, fueron como entre 8 mil y 8 mil 500 millones de pesos”.
— ¿Tiene el INE un antecedente de otro intento similar al de Baja California, de alterar el orden democrático?
“Sí hay un antecedente que se dictó justamente por la misma Suprema Corte de Justicia, digamos no fue tan burdo ni se pretendió legitimar indebidamente como ocurrió con lo de Baja California. Lo que pasó es que inmediatamente después de la elección se amplió el mandato para la objeción del gobernador, y que intentó legitimar con ese burdo ejercicio -ilegal, por cierto- sin fundamento legal que fue la consulta. Había un antecedente si no me equivoco de 2006, cuando por intentar homologar las elecciones locales con las federales, se modificó la Constitución para que los alcaldes que ya estaban a cargo, en algo similar, digamos los tiempos fueron distintos y ya habían tomado posesión, extendiéndoles el mandato por un año, para que duraran cuatro años. El asunto se llevó vía acción de inconstitucionalidad a la Corte, y en algún momento sentó ese precedente que hoy se ratificó con la Ley Bonilla, y se mantuvo ese precedente de que a elección concluida no se pueden modificar los plazos ni para extenderlos, ni para un efecto que también tendría un fraude constitucional como le llamó el presidente de la Corte, que eventualmente una mayoría decidiera o se sintiera legitimada para poder recortar mandatos también, o podría ser para un lado o para el otro, y habría sido gravísimo porque en uno u otro caso tendrías claramente un subordinado: la voluntad popular expresada en las urnas, a la voluntad política de una mayoría que podría ser oscilante o cambiante”.
— ¿Todas las elecciones son concurrentes con las federales? Digamos en el caso de Baja California, por eso fue de dos años; Baja California Sur fue por un periodo de cinco, Puebla por uno, Veracruz fue de dos… ¿Ya todos están?
“Puebla también fue de dos; no todas, pero la elección de 2021 va a tener una novedad. Va a ser la primera vez que en los 32 estados va a haber algún tipo de elección, al menos una concurrente con las federales. En 2018 tuvimos una concurrencia, pero hubo dos estados, Baja California y Nayarit, donde no hubo elecciones locales, solo federales. Así que en 2021 vamos a tener una novedad o un paso adelante en este proceso de homologación de elecciones locales y federales, pero todavía falta un tramo final. Fue una intención que se plasmó en la reforma de 2014 y paulatinamente se han dado los calendarios. No se han terminado de acomodar, aunque insisto, en 2021 vamos a dar un paso más porque todavía en 2022-2023, habrá algún tipo de elección estatal desfasada de la federal. Tengo muy presentes dos en 2023 a gobernador, la de Estado de México y Coahuila, que se van a realizar un año antes de la elección presidencial. Si no me equivoco, esas elecciones serán por gobernadores por cuatro años, para que finalmente se empalmen hasta 2027, con las intermedias como pasó ahorita en Baja California, que fueron dos años”.
— ¿Habría manera de poner un candado a la Ley electoral, para que no salga otro Bonilla?
“Creo que no, pero más todavía sobre el incidente que ratificó de manera contundente, porque los argumentos de la Corte fueron absolutamente demoledores, claros y contundentes, incluso muchos de los argumentos los celebro, porque los que se habían puesto por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la anticonstitucionalidad que se presentó, aunque se desechó, aunque procesalmente no prosperó, al igual que otros argumentos que se retomaron y se presentaron en la opinión y argumentación. Creo que después de lo de la Corte, la verdad resultaría innecesario. Creo que el presidente es muy fuerte jurídica y políticamente, muy poderoso, y deslinda contra probables atropellos como el que se cometió en Baja California.
“La interpretación de la Corte no deja lugar a duras. La Constitución es muy clara, creo que el precedente de que las reglas del juego se pueden modificar solamente antes de que el juego arranque, está bastante establecido. Tenemos problemas de otra índole donde creo que vale la pena gastar esfuerzos políticos, porque la sentencia de la Corte, vuelvo a insistir, nos libra de probables intentonas en el futuro. Y es muy contundente la Corte, por eso hay que celebrar”.
Foto: INE/Cuartoscuro.com.- El INE realizó una sesión virtual del Consejo General, en la cual todos los consejeros, incluido el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, participaron vía remota. El consejo aprobó posponer las elecciones en Coahuila e Hidalgo.
— Si en el Estado alguien quisiera reformar de una vez la Ley para que en 2023 tengan elecciones por seis años, lo puede hacer y retrasar la concurrencia…
“Eso sí. Ojo, eso difícilmente lo podrías evitar. Me acuerdo que cuando platicamos de cara a la consulta o pseudo consulta que hicieron en Baja California, si en algún momento se consideraba, por qué fue la reforma de 2014-15, la del Transitorio: porque se quiso homologar, por un lado, a propósito de lo que decía la reforma general, la nueva reforma electoral de avanzar en la homologación, pero más me acuerdo que se discutió con qué elección se empalmaba. Si con la intermedia de 2021, o con la presidencial de 2024 y se siguió la ruta de no ir al 24, solamente por dos años en 2019, porque no se quería sobreponer la renovación del Ejecutivo local con la del Ejecutivo federal.
“Entonces, yo decía que es válida, era válida una reforma donde se plantea que la elección iba a ser por dos o cinco años, la respuesta es sí, el problema es cuándo se hizo. Si se hacía antes de los 90 días previos al arranque del proceso electoral que establece la Constitución federal, pues era válida. Si una reforma la hubieran querido hacer, de una vez la hubieran hecho a más tardar en mayo de 2018, pero no se vale hacerla en julio o agosto de 2019, cuando ese periodo ya terminó. Sí se puede, como es el caso del Estado de México. Es una decisión digamos soberana que cumple con las reglas que establece la Constitución para ampliar las normas del juego. El problema acá no era si es soberana o no, lo alegaron y nadie lo duda como lo alegaban los defensores de la llamada Ley Bonilla; el problema es que aquí se hizo sin seguir las reglas del juego, y las reglas tienen que estar claras antes de que el juego arranque, porque si no, se afecta el principio de certeza de las elecciones”.
— ¿Es factible que las personas que colaboraron con estos actos, como el Congreso, el Tribunal electoral local sean sancionables?
“El caso de los magistrados del Tribunal Electoral de Baja California, lo que creo es que la Corte abiertamente les dio una cátedra de Derecho Constitucional básico importante. Es una autoridad que pudo impugnar, el hecho fue impugnado, en tres ocasiones les revocó la resolución la Sala Superior y creo que, en todo caso, habla de una postura imparcial, pero sí en todo caso de equilibrio. Con la sentencia de la Corte se demostró con todas las luces que era equivocada, por decir lo menos. En el caso del Congreso, de los cabildos, no creo que una sentencia en automático de la Corte detone una responsabilidad, pero hay indicios más allá de lo constitucional, eso es incuestionable. Que hubo algún tipo de actuación sesgada o intencionada políticamente, o peor aún, en un acto de corrupción, claro que tiene que implicar y fincar responsabilidades.
“Insisto: no es en automático por la sentencia de la Corte, pero si la sentencia de la Corte que ya revocó el acto tiene algunos elementos adicionales de que hubo alguna intencionalidad más allá de la libre y justificada convicción autónoma de los diversos órganos, que además estuvo acompañada de actos de corrupción, sea de alguna intencionalidad que trastoque el ejercicio libre de la autoridad, pues claro que debería investigarse. Hay una propuesta de un senador de la República que ha sentado la importancia de hacer investigaciones, y digamos un caso tan complicado políticamente, si hay algún indicio, claro que tendría que indagarse”.
— En el caso de la consulta que se realizó, ¿es o no sancionable?
“El problema es que no acabo de entender si fue una consulta financiada y convocada por el Congreso, porque entonces sería un acto que no tiene base legal, no porque no puedan existir consultas, sino porque las consultas cuando son convocadas y revisadas por la autoridad, tienen que seguir el principio de legalidad. Esto quiere decir que el órgano que las realiza, tiene que tener facultades para realizarlas, y el Congreso de Baja California no tiene facultades para realizar una consulta. Suponiendo que fuera el Congreso, porque ya no cabe entender si era… hubo mucha opacidad, por cierto, en el tema, y no acabo de entender si era financiada por los legisladores en lo particular o por el Congreso, porque según la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, la consulta la tiene que organizar el Instituto Estatal Electoral”.
— La hicieron al margen de la legislación…
“Lo digo así: se trató de una consulta alegal, es decir, que no tenía un fundamento legal. Si además fue realizada por una autoridad, creo que hay un ejercicio indebido de recursos por una autoridad que no tiene atribuciones, el principio de legalidad es básico. En una democracia constitucional, de hecho el Artículo 14 de la Constitución, todos los actos de autoridad tienen que estar fundados y motivados, y eso quiere decir que el principio de legalidad se traduce en que las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que tienen autorización expresa en las normas, y en Baja California si alguien quiere hacer una consulta como autoridad -repito- tiene que seguir las rutas y cauces legales, y eso en Baja California implica que solo se pueda llevar a cabo a través del Instituto Estatal Electoral.
“Luego lo que se realizó fue lo de la Ley Bonilla, que no tenía ninguna base legal, era una consulta alegal. Por cierto, también la que se realizó con la cervecera, porque esa no tiene ninguna base jurídica cierta, claramente no tienen facultades para hacer consultas”.
— En Baja California se movieron los tiempos de la elección de 2021 dos meses, de septiembre a diciembre, ¿hay alguna afectación por eso?
“Eso está ocurriendo en varios estados, en efecto Baja California movió el arranque de la elección, si no me equivoco al 1 de diciembre, hay algunos estados que lo han modificado al 1 de enero. Diría no hay un impacto mayor, lo digo desde el INE. No me gusta mucho que se estén moviendo los inicios de las elecciones tan cerca digamos de que ello ocurra, de que arranquen, y no por otra cosa más que por la certeza en todo caso se diluye, pero mientras cumplan el requisito de las modificaciones y cumpliendo la fecha de inicio de la elección, sea 90 días antes del arranque de la misma, no crea un parámetro de legalidad al que digamos prevé el Artículo 105 de la Constitución, que a los 90 días arranque el proceso electoral como fecha límite para modificar las leyes electorales.
“Andar moviendo fechas cerca del arranque de los procesos no manda buena señal, pero es más una preocupación por el momento de tipo política y del mensaje que se manda, no tanto de cuestión técnico-operativa. Si me dicen que pone en riesgo el proceso electoral, la respuesta de entrada sería ‘no’, pero hay que estar atentos. Hay ciertos temas, como los tiempos para realizar las precampañas, los tiempos de inter campañas, la definición de candidaturas, por supuesto los tiempos de campaña, que si esos se empiezan a alterar con tanta cercanía, sería grave, pero hasta donde entiendo, no hay una alteración de estos, que sí son tiempos de los que depende la equidad de la contienda, no tanto el tema técnico y operativo”.
— ¿Han contemplado la nueva modalidad de hacer campaña? Evidentemente será más una campaña mediática que territorial, por la actual contingencia sanitaria.
“Me temo que es temprano para decirlo, evidentemente la Ley no se ha modificado ni está planteando una modificación de cambios en este tema específico. Las campañas siguen siendo definidas en la Ley como el conjunto de actos y reuniones, propaganda, etcétera, tanto en campo como también en medios electrónicos o impresos. No es tanto el tema de la definición legal, pero sí creo que esta pandemia va a cambiar muchos modos y usos y costumbres del tema electoral, incluyendo el modo en que se realizan las campañas. Ya lo estamos viendo, no es solo un asunto derivado de la pandemia.
“Debo decirlo también con toda franqueza: si a nivel de piso el próximo año vamos a tener elecciones para renovar más de mil 900 municipios, y esas son elecciones muy de campo, muy de suelo, de tierra, sí hay una migración hacia el modo de hacer campañas. Ojalá no lleguemos a las campañas con intervenciones sanitarias, que definan así el distanciamiento y demás, porque eso sí querría decir que la pandemia nos ha pegado de una manera pesada e indeseable. Pero creo que sí, ya los modos de convivencia, incluidas las campañas, se van a ir alterando y estaremos hacia esa migración de campañas más digitales, más virtuales”.
— ¿Participarán en 2021 partidos como México Libre y Redes Sociales Progresistas?
“No lo sé; si tienen registro, sí. Lo que pasa es que todavía falta mucho trecho, y ahora lo estamos discutiendo. Con la pandemia tuvimos que interrumpir muchos procedimientos de verificación que son indispensables para determinar si reciben o no el registro. Hemos recibido siete notificaciones de intención de convertirse en partidos políticos de esas agrupaciones. Arrancamos con más de 100, luego se volvieron 86 y al final los que nos entregaron solicitud formal en febrero pasado fueron siete. Digamos que los que hoy podrían eventualmente constituirse en partidos políticos, serían siete y no más. Dicho eso, el proceso todavía es largo, porque tenemos que hacer primero una verificación de que las afiliaciones no estén duplicadas, y hemos encontrado un número muy importante de afiliaciones duplicadas. La Ley prohíbe la doble afiliación, entonces lo que el INE tiene que verificar es que, si hay duplicaciones, solamente se contará la última, y eso puede implicar que pueden perder parte importante del porcentaje de las afiliaciones que originalmente habían presentado, porque sí estamos encontrando un número importante de duplicados. Qué quiere decir esto: puede traducirse que entre quienes preliminarmente habían alcanzado el número de afiliados que pide la Ley, cerca de 233 mil, pueden caerse de afiliados y no alcanzar el número. O dos, que asambleas que preliminarmente habían cumplido el quórum que pide la Ley: 300 asistentes a las asambleas distritales o 3 mil en las estatales, y que preliminarmente tuvieron, después con este cruce se caigan y se queden sin quórum, y por lo tanto no sean computadas. O el tema de que no hayan intervenido organizaciones religiosas. Ya hicimos una solicitud de información a la Secretaría de Gobernación para conocer los padrones de ministros de culto en el país, que no haya organizaciones corporativas sindicales que intervinieran en la formación de partidos. Y finalmente la fiscalización, que no haya dinero mal habido en la carrera al proselitismo. Si esas características se superan, entonces se otorgará el registro.
“¿Cuándo lo sabremos? La Ley originalmente establecía que estos los tenía que realizar a más tardar a finales de junio, para que los partidos que hubieran superado estos requisitos, pudieran ejercer su registro a partir del 1 de julio próximo, y tener en consecuencia que ese financiamiento público, los tiempos de radio y televisión, todo esto participar solos en esta primera ocasión en las elecciones de 2021. El problema es que con la pandemia, todas esas actividades de verificación se suspendieron porque implican una gran concentración, son más de cien funcionarios que estaban haciendo esas verificaciones en las instalaciones del INE y ahora están en sus casas. Como se trata de información sensible, no se la pueden llevar a su casa, entonces, hay actividades que están detenidas.
“En próximas semanas el Consejo General tiene que establecer cuándo será y cómo se ajustarán los calendarios, aunque por supuesto dependemos de una fecha incierta, que es cuando se levante la emergencia sanitaria por parte de las autoridades competentes. No creo que vayamos a llegar al 1 de julio, creo que esto va a retrasarse, lamentablemente, y bueno, tendremos que apurar el paso porque, evidentemente, entre más tiempo pase, menos tiempo tendrán esas instituciones para poder hacer sus tareas de proselitismo y arraigo social de cara a la elección de 2021. Pero todavía es incierto, lamentablemente”.
Muchas gracias.
