Narcos ex líderes de cárteles o células del crimen organizado promueven amparos en penales federales. Inés Coronel Barreras, suegro de “El Chapo” Guzmán, reclama actos de tortura y malos tratos en el Cefereso Número 12 de Guanajuato. Sus hijos en prisiones de Oaxaca y Estado de México también se quejan de la actuación de las autoridades. “Z-40” en la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, se dice aislado e incomunicado. Su hermano “Z-42” teme ser trasladado. Otros conocidos criminales temen ser contagiados de coronavirus en sus lugares de encierro
A pesar que los Juzgados de Distrito se encuentran muy disminuidos en sus actividades, por lo menos diez presuntos narcotraficantes de diversos cárteles mexicanos actualmente recluidos en penales de máxima seguridad, han acudido a presentar demandas de amparo en plena pandemia por coronavirus, ante actos que vulneran sus derechos humanos, según se desprende de sus reclamos.
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Entre los principales sucesos de los que se duelen figura, desde luego, la falta de atención médica y de acciones que garanticen su salud para no contagiarse de COVID-19; otros, en contrario, reclaman de las autoridades la suspensión de sus visitas familiares, íntimas y de defensores, alegando incomunicación.
Los más preocupados, son los narcos presos que temen ser extraditados por el gobierno mexicano, pues días antes de que se decretara la emergencia, se habría declarado procedente su entrega a autoridades norteamericanas. Otros más, alegan que han sufrido de actos de tortura y tratos crueles e inhumanos durante su internamiento en centros penitenciarios.
Entre los ex líderes y miembros relevantes de las principales organizaciones criminales, se encuentran los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales “Z-40” y “Z-42”, respectivamente; el suegro de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Inés Coronel Barreras y sus hijos Óscar Inés y Edgar Coronel Aispuro; y Mario Cárdenas Guillén “El Gordo”.
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También Orso Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”, Carlos Arturo Quintana “El 80”, Vladimir Gómez Zamudio “El Pollo” o “El Estudiante”, y Ernesto Bernal Elías “El Caras”.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), los antes mencionados pertenecen a algún grupo delictivo, como Los Zetas, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Cártel de Juárez. En la mayoría de los casos, obtuvieron la suspensión de plano por el tipo de actos reclamados, varios de ellos alusivos al Artículo 22 constitucional; sin embargo, a los que reclaman la apertura de los penales para que sus familiares puedan acudir a visitarlos, les fue denegada esa medida cautelar, pues sería poner en riesgo su salud, la de sus consanguíneos y la del personal de las prisiones federales.
LOS CORONEL
Desde tres cárceles mexicanas de máxima seguridad, la familia política del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, preso en un penal de súper máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, reclaman lo que consideran excesos de las autoridades, con relación a las condiciones de su encierro.
El padre y los hermanos de Emma Coronel fueron separados estratégicamente por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para prevenir riesgos institucionales.
En el caso de Inés Coronel Barreras, suegro de Guzmán, se solicita el amparo y protección de la justicia federal, aduciendo que en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 12 Ocampo en Guanajuato, sufre “actos de tortura, golpes y malos tratos”. En su escrito también reclama los traslados de prisiones de los que ha sido objeto desde su encarcelamiento.
El papá de Emma refirió que fue cambiado ilegalmente de cárcel en dos ocasiones. La primera ocurrió cuando fue extraído el 9 de enero de 2014 del Cefereso Número 1 Altiplano en el Estado de México, al Cefereso Número 11 en Hermosillo, Sonora. De ese lugar fue excarcelado el 28 de noviembre de 2016 para trasladarle al Cefereso Número 12 en Guanajuato, donde actualmente se encuentra.
El Juzgado federal que conoce del juicio de garantías, concedió la suspensión de plano y de oficio en favor del recluso, por lo que ve a los señalamientos prohibidos en el Artículo 22 constitucional, solicitando de las autoridades responsables los informes correspondientes. Sin embargo, por lo que ve a los traslados, se negó la suspensión de actos, pues estos revisten el carácter de consumados “al haberse ordenado y ejecutado por las autoridades responsables antes de la presentación de la demanda”.
Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40” / Inés Coronel Barreras / Jorge Iván Gastélum Ávila, Orso Iván Gastélum Cruz, “El Cholo Iván”
En el mismo tenor, solicitó un amparo Óscar Inés Coronel Aispuro, hijo del antes señalado que hasta 2016 guardó prisión acompañando a su padre, tanto en su travesía por Altiplano, como en Hermosillo, pero a partir de esa fecha, mientras el hombre mayor era enviado a Guanajuato, al junior le remitieron al Cefereso Número 13 Mengolí, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, desde donde tramita su moción. Le fue concedida la suspensión de plano por los actos de tortura, no así por el añejo traslado.
El más joven de los Coronel Aispuro, Edgar, quien participó en la planeación y consumación de la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera el 11 de julio de 2015, se halla en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ratificó su demanda de amparo en contra de actos de incomunicación con sus defensoras. El Juez de Amparo ya solicitó el informe previo a las autoridades penitenciarias.
LOS TREVIÑO
Otros hermanos que se sienten agraviados por el trato que reciben en los penales federales en los que se encuentran, son Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”, ex líder de la organización criminal Los Zetas, y Óscar Omar “Z-42”, quien le sucedió en la jefatura en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. Ambos se quejan de acciones diversas.
“Z-40”, recluido en el Cefereso Número 2 Occidente en Puente Grande, Jalisco, luego de recorrer varias prisiones de máxima seguridad, entre estas el Cefereso Número 9 Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, reclama incomunicación y aislamiento. Está enojado porque desde el mes de abril se cerró el acceso del penal para las visitas familiar e íntima, y se restringió el contacto con sus abogados. Incluso argumenta que se encuentra separado del resto de la población penitenciaria.
Un Juez de Distrito de Jalisco le concedió la suspensión de plano a Miguel para que en caso de que exista incomunicación, los funcionarios responsables cesen dicha práctica. Sin embargo, conforme han respondido las autoridades responsables en sus informes previos, las quejas del “Zeta” se van desvirtuando.
Por ejemplo, el mayor de los Treviño refería no tener visitas desde enero porque el personal del penal les impedía el paso, aunque de los pases de visita archivados, se sabe que en marzo y parte de abril, “Z-40” fue visitado por su concubina, un hijo, una hija y frecuentemente por sus defensores. También dijo que no le permitían hacer llamadas telefónicas, y de un registro con su firma se advierte que habló con personas del exterior en diferentes fechas.
Otro reclamo de Miguel Ángel es la falta de atención médica y el riesgo de ser infectado por el virus que hoy circula por el mundo. Al respecto, se anexó una nota médica del área de Cardiología, de fecha 31 de marzo de 2020, en la que un especialista asentó en el expediente clínico “hipertensión arterial sistémica controlada, cefalea migrañosa visual tensional controlada (…) Continuar lo indicado por medicina interna (…) Se recomienda ejercicio cardiovascular por ingesta de sal, tomar dos litros de agua al día, continuar bitácora de TA 2 veces al día…”.
Pese a lo anterior, “Z-40” interpuso un incidente de incumplimiento de la suspensión de plano otorgada en el juicio de garantías, pero al resolver, el juzgador estimó infundado el recurso, pues las autoridades no mantienen incomunicado al quejoso, aunque por razones de seguridad institucional se le mantiene aislado del resto de la población para que no sea agredido por internos que pudiesen ser sus enemigos. Tiene acceso al teléfono para comunicarse con el exterior, conforme a un rol establecido.
Por su parte, “Z-42”, internado en el penal federal Altiplano en Almoloya de Juárez, promovió el amparo para no ser trasladado a cualquier otro reclusorio del país, pues ya antes ha sido removido a Oaxaca y a Guanajuato. La demanda fue admitida primero en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, donde le fue concedida la suspensión de plano para que no se le cambie de prisión. Después, el asunto, por incompetencia territorial, fue derivado a un juez federal del Estado de México.
El director general del Cefereso Número 1 Altiplano, no rindió su informe de cumplimiento de la suspensión otorgada al quejoso en el tiempo que establece la Ley, y pese al apercibimiento que le hizo el juzgador, se hizo acreedor a una multa el 23 de abril. El funcionario solicitó que se deje sin efectos la medida de apremio, pero el juez respondió que no puede revocar sus propias resoluciones.
EXTRADITABLES
Dos personas privadas de libertad están angustiadas por su probable extradición en cualquier momento, pues aseguran que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya decretó la procedencia del acto de justicia internacional. Se trata de Jorge Iván Gastélum Ávila “El Cholo Iván”, del Cártel de Sinaloa; y de Mario Cárdenas Guillén “El Gordo” o “El M-1”, del Cártel del Golfo.
“El Cholo Iván”, que también utiliza el nombre de Orso Iván Gastélum Cruz, ya había promovido amparos contra extradición internacional a inicios del año, pero los juicios sobreseyeron debido a que no existía el acto reclamado. Ahora sería diferente, ya que el ex jefe de plaza de Los Mochis para su ex patrón Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, asegura que el 5 de marzo fue dictada una orden de detención provisional con fines de extradición en su contra.
Gastélum Ávila se encontraba presionado desde inicios de 2020, cuando el gobierno mexicano realizó múltiples extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos, principalmente del Cártel de Sinaloa. “El Cholo Iván” es representado legalmente por los mismos abogados que patrocinaron a varios de los que fueron entregados a la justicia norteamericana, y en su caso, esperan ofrecer mejores resultados a su cliente.
En este juicio de garantías radicado en un Juzgado de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en Toluca, Estado de México, se concedió -como ocurre en todos los casos de extradición- la suspensión de plano al quejoso, para que se desahogue el procedimiento de rigor y no se violenten los derechos humanos de Gastélum, quien pudiese ser entregado extrajudicialmente.
Por su parte, Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel, ex líder del Cártel de Golfo, gestionó protección federal para no sufrir de la misma situación legal que su fraterno, quien está preso en una prisión de EU. En el juicio de amparo contra la cancillería mexicana y otras autoridades, a “El Gordo” también le fue concedida la suspensión de plano del acto reclamado.
OTROS QUEJOSOS
En la cárcel de máxima seguridad Altiplano, sigue su curso el juicio de amparo tramitado por Carlos Arturo Quintana Quintana “El 80”, ex líder del Nuevo Cártel de Juárez o La Línea, quien exige atención médica porque asegura contar con todos los síntomas del coronavirus y las autoridades penitenciarias no le hacen caso. El juez está a la espera de los informes de las responsables.
En tanto, en el penal federal de Puente Grande los reclusos Bladimir Gómez Zamudio “El Pollo” o “El Estudiante”, ex líder del Cártel de Juárez en Quintana Roo; y Ernesto Bernal Elías “El Caras”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa en Sonora, presentaron una demanda de garantías de manera conjunta.
Ambos se duelen de “incomunicación por las determinaciones de prohibir las visitas de abogados defensores al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente. Fue precisamente su representante legal quien entregó el escrito en la Oficialía de Partes de los tribunales de Distrito.
En diversos reclamos de los presos por el concepto de “incomunicación”, los jueces de Distrito han normado criterio en el sentido de que la suspensión indefinida de la visita familiar y conyugal en razón de la pandemia, y la situación general de salud en el país y del propio centro de reclusión, “denota que se ubican en una situación especial, y, por ende, debe negarse la suspensión solicitada para esos efectos”.
Para la autoridad judicial, tal situación no se trata de incomunicación la que definen como “prohibición absoluta para hablar o comunicarse con terceras personas, en agravio de un detenido”, puesto que las autoridades penitenciarias cuentan con mecanismos, tales como la comunicación telefónica y videoconferencia para que las personas privadas de libertad no pierdan contacto con sus seres queridos.
