Pues sí, los únicos que estaban convencidos de que la Ley Bonilla sería declarada constitucional, eran el gobernador Jaime Bonilla Valdez; su secretario general y promotor de la modificación en el Congreso estatal, Amador Rodríguez Lozano; el fiscal general del Estado y también parte del equipo legal de Bonilla que realizó la estrategia de los cinco años, Guillermo Ruiz Hernández; por supuesto, algunos de los miembros del gabinete y muchos de los seguidores de Movimiento Regeneración Nacional que fueron engañados con la información proporcionada.
Y claro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en un video dijo claramente a Bonilla: “La Ley va a pervivir”.
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Esto fue evidente en la contundente unanimidad de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el 11 de mayo de 2020 votaron todos por la determinación de inconstitucionalidad de la conocida como Ley Bonilla, pues fue modificada para beneficiar a una sola persona, a Bonilla, pues.
Si algo destacó de los posicionamientos de los ministros de la Corte, fue la declaración del ministro presidente, Arturo Zaldívar cuando dijo que la modificación a la Constitución de Baja California para ampliar el mandato de dos a cinco años, realizada el 8 de julio de 2019, había sido un “fraude a la Constitución”.
En ese sentido, los defraudadores de la Constitución bajacaliforniana tienen nombre y apellido. Se trata de los 21 diputados locales que aquel 8 de julio votaron por la reforma:
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- Trinidad Vaca Chacón (PAN)
- Victoria Bentley Duarte (Morena)
- José Félix Arango (PAN)
- Sergio Tolento Hernández (PAN)
- Édgar Benjamín Gómez Macías (PRI)
- Alfa Peñaloza Valdez (PAN)
- Mónica Hernández Álvarez (PAN)
- Iraís María Vázquez Aguiar (PAN)
- Raúl Castañeda Pomposo (PAN)
- Carlos Torres Torres (PAN)
- Claudia Josefina Agatón Muñiz (PT)
- Alejandro Arregui Ibarra (PRI)
- Bernardo Padilla Muñoz (PRI)
- Ignacio García Dworak (PAN)
- Blanca Patricia Ríos López (PRI)
- Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI)
- Rocío López Gorosave (PRD)
- Job Montoya Gaxiola (MC).
- Catalino Zavala Márquez (Morena)
- Víctor Manuel Morán Hernández (Morena)
- Luis Moreno Hernández.
Aun así, algunos fueron reelectos y son miembros de la actual Legislatura: Trinidad Vaca Chacón, Luis Moreno Hernández, Víctor Manuel Morán Hernández, Claudia Josefina Agatón Muñiz y Catalino Zavala Márquez, quien solicitó licencia para juramentar como secretario de Educación del Estado.
A estos defraudadores, se suman los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que en un par de ocasiones, aprobaron los recursos interpuestos por terceros (uno de estos por la ahora directora de DIF Estatal, Blanca Estela Favela, cuando simuló ser precandidata de Morena a la candidatura por el Gobierno del Estado) para ampliar el mandato de dos a cinco años de gobierno.
Se trata de Jaime Vargas y Leobardo Loaiza, que en conjunto mayoritearon la posición en contra de la magistrada Elva Regina Jiménez Castillo, quien siempre argumentó, entre otras cosas, que no era posible la modificación de la convocatoria, puesto que la petición se hacía de forma extemporánea y, meses después, coincidiría la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hay quienes arguyen, incluso en esta edición en una entrevista que realizó el reportero Eduardo Andrade al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que para que los diputados votaran a favor de modificar la Constitución, hubo un pago de por medio. De hecho un día antes de la elección y a poco más de un mes de votar a favor de la inconstitucionalidad, el entonces presidente del Congreso, el priista Benjamín Gómez Macías, denunciaría públicamente que los estaban presionando para, a cambio de un millón de dólares, votar por la modificación a la Ley para ampliar el mandato.
La cuestión no se reduce al reclamo de Bonilla, quien insiste que si le dicen cuál artículo de la Constitución violó, renuncia; el tema de fondo es la prevalencia del Estado de Derecho. Los diputados de Baja California de la pasada Legislatura violentaron los principios de certidumbre electoral, de seguridad jurídica, de Derechos Humanos, solo para satisfacer la necesidad de una persona para perpetrarse en el poder por más tiempo para el cual fue electo.
Los defraudadores por el momento están impunes. Más allá de la “sanción” de expulsar del PAN a los suyos que contribuyeron al fraude a la Constitución, ningún otro partido ha reaccionado en consecuencia. Por ahí en alguna dirigencia nacional política, o en alguna organización ciudadana, han considerado la opción de llevarlos a juicio político, de hecho un punto de acuerdo fue presentado por el PRD, pero la bancada de Morena mantiene el tema congelado.
Será muy difícil que puedan fincarles algún tipo de responsabilidad a los 21 diputados defraudadores, incluidos los cinco que siguen en el Congreso del Estado. Lo que sí, sus nombres, como los de los magistrados electorales, no deben olvidarse, pues son las personas que a fuerza de violentar principios jurídicos del sistema mexicano cumplieron el capricho a una persona, pasando por encima de la Constitución, tal como quedó asentado en las distintas posiciones de los ministros el 11 de mayo de 2020, cuando votaron por la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla.
Así que mucho ojo, por si algún día le piden el voto otra vez: recuerde a los que fueron (y son) los diputados que defraudaron la Constitución.
