La crisis de salud derivada del coronavirus ha expuesto al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como un hombre de personalidades múltiples. Tres casos para ejemplificar:
1. El morenista, que al igual que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le restaba nivel de gravedad a la pandemia.
2. El mandatario aguerrido que mandó a “resguardo domiciliario” a más de 75 mil trabajadores.
3. El gobernador regañado y convencido de que, para evitar el caos económico, vale el riesgo regresar a laborar a 40 mil empleados, la mayoría de maquilas, en medio de la curva de ascenso rápido de COVID-19.
El gobernador aguerrido surgió los días 12 y 13 de abril, cuando respaldó la versión del comediante Eugenio Derbez respecto a que el Instituto Mexicano del Seguro Social no estaba dándole la protección suficiente a su personal de salud. Bonilla declaró: “… hay imprecisiones”, que leyó lo que le mandaron, pero en el fondo es cierto, “pues el IMSS no se pone las pilas”.
La reacción de la dependencia federal fue enviar funcionarios de primer nivel a supervisar las instalaciones en BC y respaldar a la delegada, lo cual fue suficiente para que Jaime Bonilla desechara su versión de que los médicos estaban “cayendo como moscas”. A la fecha el reporte oficial es que 180 trabajadores del Sector Salud han sido contagiados, sin reporte de muertos.
Incluso el mandatario llegó al punto de la rebelión entre los días 17 y 20 de abril, cuando públicamente enfrentó a Hugo López-Gatell, de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, porque la Federación estaba proporcionando información errónea y desfasada del reporte epidemiológico de la pandemia y de la ocupación hospitalaria. Al final se pusieron de acuerdo.
Pero lo que de verdad generó entusiasmo en la población, fue la decidida defensa que el ingeniero Bonilla emprendió a partir del 1 de abril sobre los trabajadores de las empresas no esenciales, a quienes prometió serían enviados a sus casas con goce de sueldo del 1 al 30 de abril (más tarde la cuarentena sería ampliada al 30 de mayo).
Por orden del gobernador, Sergio Moctezuma Martínez López, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado y Jorge Mario Tagle Rodríguez, director de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Baja California, emprendieron una campaña que incluso fue calificada como agresiva y no apegada a derecho por algunos empresarios.
Cerraban las empresas por no ser consideradas esenciales, y después debían probar lo contrario para poder abrir. Si no producían para Baja California de entrada no calificaban, tal fue caso de Smith Healthcare, que fue cerrada el 6 de abril, luego que se informó que fabricaba partes de respiradores para exportarlos a Estados Unidos. De la empresa debieron llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado para reiniciar trabajos el día 12 del mismo mes.
Más tarde, Bonilla anunció que la empresa Zahorí, que produce materiales para techo, copropiedad de Carlo Bonfante Olache -ex secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid- sería suspendida por segunda vez porque había reabierto con “palancas” y el responsable sería amonestado. Al día siguiente, el director de la Cofepris fue removido.
El 17 de abril, el secretario del Trabajo informó: “…del 7 de abril a la fecha, se ha logrado enviar a resguardo domiciliario a un total de 67 mil 341 trabajadores”, y para el día 24 ya eran más de 75 empleados enviados a casa.
Pero en la conferencia mañanera del 19 de abril, el gobernador empezaba a cambiar de opinión. Apoyado por el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, dijo que el cáncer, el tabaquismo y el alcoholismo, tenían más fallecimientos que el coronavirus, sin que esas muertes hayan congelado las actividades laborales. Como si tales afecciones fueran contagiosas y se pudieran comparar con la peligrosidad generalizada de la actual pandemia.
El día 20, de nuevo puso en duda la gravedad de la contingencia sanitaria, cuestionando “…si no es una situación donde realmente nos estén asustando los científicos”. Discurso fuera de lugar que no consideró el impacto de la enfermedad en las familias de los 327 fallecidos por COVID-19, ni a los parientes de los 269 enfermos que estaban hospitalizados hasta la mañana del 7 de mayo.
En ese periodo, el mandatario estatal también manifestó que la lógica era que, por sus similitudes, BC actuara como California en el tema laboral y el regreso a las calles.
Lo que omitió agregar fue que no hay punto de comparación, ya que para controlar el contagio, el gobernador californiano Gavin Newsom hizo la declaratoria de emergencia desde el 5 de marzo, tras la primera muerte por coronavirus, y para el 19 del mismo mes, con mil casos confirmados y 19 decesos, implementó medidas estrictas de aislamiento, ordenó a los trabajadores no esenciales, residentes de California, salir solo para comprar alimentos o acudir a un hospital. Desde el 20 de marzo se suspendió el ingreso de mexicanos por sus garitas, y el 19 de abril ya estaban hablando de haber achatado la curva del contagio.
Mientras en Baja California el confinamiento se solicitó el 31 de marzo y sin sanciones el pico más alto de contagios se padecerá alrededor del 14 de mayo, siguen recibiéndose cientos de visitantes de California y la gente continúa en las calles, al punto que ha sido un argumento de los funcionarios estatales para justificar el regreso, asegurando que tienen mayor riesgo de contagiarse sin trabajar porque violan las restricciones que trabajando en las empresas, donde se establecieron protocolos de protección.
La dualidad de criterios del gobernador Bonilla continuó la última semana de abril hasta rematar el 2 de mayo, con el anuncio hecho por Mario Escobedo, titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, del regreso a labores de 40 mil trabajadores el martes 5 de mayo. El funcionario informó que se permitiría la reactivación de empresas no esenciales que forman parte de la cadena de suministro de otras que sí lo eran, la mayoría ubicadas en Estados Unidos, con las cuales se firmó recientemente el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC).
Así, entre el 19 de abril y el 2 de mayo, surgió el Bonilla indeciso, regañado por el Gobierno de México, obligado por los acuerdos con EU que terminó por recular y decepcionar a por lo menos 40 mil trabajadores y sus familias.
Ahora, por el bien de los retornados, habrá que esperar que las medidas de protección funcionen, y como sociedad estar pendientes de las estadísticas y monitorear la curva epidemiológica del sector productivo.
Porque el gobierno bajacaliforniano decidió empezar lavándose las manos, el secretario Alfonso Pérez Rico admitió, el 5 de mayo, que habría contagios en el sector trabajador, pero se atrevió a asegurar que sería por sus actividades fuera de las empresas.
