Surte efecto la presión de reclusos y organismos supervisores de derechos humanos
Luego de registrarse 37 contagios y tres decesos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 2, autoridades federales obtuvieron del Gobierno del Estado de Jalisco la práctica de 500 pruebas rápidas para detectar casos sospechosos de coronavirus.
Así lo anunció el Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, quien señaló que apoyarán a las autoridades federales. “El señor gobernador nos pidió que ya mandáramos las pruebas rápidas para poder hacerlas entre (los internos y los servidores públicos)”.
El funcionario enfatizó que las pruebas rápidas, no son concluyentes para diagnosticar la presencia de COVID-19, se efectuarán “siguiendo los protocolos, y estamos trabajando junto con ellos para hacer las pruebas; entonces, si estamos trabajando en esa área”.
El muestreo aleatorio podría iniciar el próximo lunes, pues algunos empleados del penal de máxima seguridad que se encuentran de descanso, confirmaron a ZETA que ya fueron citados para presentarse el 1 de junio al área médica.
Finalmente, la presión ejercida por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, del Instituto Federal de Defensores Públicos (IFDP), que promovió un amparo en favor de 379 personas privadas de libertad, rindió frutos, pues buscaba poner a salvo la vida e integridad de los presos.
También sirvió el ejercicio realizado por la organización civil DOCUMENTA, A.C., que presentó una demanda de garantías en favor de la población reclusa, interesada en que se respeten y garanticen sus derechos humanos.
Por su parte, decenas de internos considerados de alta peligrosidad, entre los que se encuentran Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”, Adán Salazar Zamorano “Don Adán”, J. Jesús Méndez Vargas “El Chango”, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, Juan Pedro Saldívar Farías “Z-27” e Israel Vallarta Cisneros, también exigieron sus derecho fundamental la salud, a través de demandas de amparo.
Debido al precario sistema de salud del Gobierno Federal en el Estado de Jalisco, tuvo que solicitarse el apoyo a las autoridades sanitarias locales, que solo se enfocaban a realizar pruebas PCR en el complejo penitenciario de Puente Grande, de administración estatal, y donde se han detectado 95 casos de COVID-19 y seis fallecimientos, entre internos y personal del Reclusorio Preventivo.
Pese a la pandemia y al diagnóstico del centenar de contagiados, tanto en los penales estatales como en el centro federal existe presión de parte de los privados de libertad en que se levante la suspensión a las visitas, pues se encuentran desesperados de no ver a sus seres queridos.
En el caso de la Dirección General de Reinserción Social de Jalisco ya se estudia la posibilidad de reanudar el contacto de los presos con sus familiares, debido a que han recibido la advertencia de un posible levantamiento en caso de que se prolongue la medida de suspensión de visitas.
