Jaime Bonilla Valdez sí tiene vacas sagradas,
lo cual quedó evidenciado en la exoneración
de sus dos ex funcionarios estatales, Cynthia
Gissel García Soberanes y Jesús Damián
Nuñez, retirados de sus cargos ante
señalamientos de corrupción. Rosendo
Colorado, el denunciante, habló con ZETA y
no se explica cómo llegaron a esa conclusión,
pues todavía en enero fue citado a declarar y
le informaron de nueva evidencia, los avances
de la Unidad de Inteligencia Financiera en los
que se exponía la compra de vehículos lujosos,
e incluso la supuesta inyección financiera
inexplicable a un rancho ganadero del padre
de García Soberanes
El primer escándalo de corrupción en la era de la Cuarta Transformación se resolvió de la misma forma que los mandatos anteriores que tanto criticaron: con un carpetazo.
El miércoles 15 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó no ejercer acción penal contra la ex secretaria del Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes, y el ex oficial mayor Jesús Damián Núñez Camacho, acusados en diciembre de 2019 de ser los protagonistas de una red de corrupción que solicitaba sobornos a cambio de promesas para recibir millonarios contratos en el nuevo gobierno encabezado por Jaime Bonilla Valdez, que entró en funciones apenas en noviembre.
La turbulencia ocasionada por los señalamientos mediáticos culminó en la renuncia de ambos funcionarios. En consecuencia, la FGE abrió una carpeta de investigación de oficio contra Cynthia Gissel y Jesús Damián para esclarecer los hechos.
A casi cinco meses de hacerse públicas las acusaciones, nadie fue castigado, la FGE no ha dado una explicación clara sobre lo ocurrido y parece que todo fue resuelto en un escenario político y de intereses. Lo único que se sabe del Número Único de Caso 0202-2019-44071, es “por un boletín de prensa de la FGE donde exonera a los implicados, debido a que no tenían calidad de servidores públicos, aunado que a la fecha se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta ese momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal”.
Esas palabras coinciden con las cuestionables declaraciones de Virgilio Andrade, ex secretario de la Función Pública, que en agosto del 2015 determinó que no hubo conflicto de interés en torno a la investigación de la “Casa Blanca” del entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Rosendo Colorado, el abogado y político que denunció los actos de corrupción en los que fue partícipe -aunque asegura desconocía en ese momento la situación-, se dijo extrañado por la decisión de la Fiscalía, toda vez que, en enero de este año, fue citado para ampliar su testimonio y le dijeron que no se preocupara, pues se había pedido apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual recabó nuevas pruebas.
Entrevistado por ZETA, se confesó preocupado porque recibió amenazas de muerte hace meses, y ahora que le fue retirada la escolta, se siente expuesto por haber denunciado lo ocurrido.
ZETA buscó reacción tanto de Cynthia García como de Jesús Núñez, pero no se logró. Tampoco se pudo obtener una versión de Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del Estado, cuya única declaración del tema la dio el 20 de abril en Tijuana, asegurando que se decidió cerrar el caso por falta de recursos económicos para mantenerle la escolta de Rosendo Colorado.
Este irrisorio argumento fue descalificado por el ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Benjamín Almanza, quien consideró lamentable que una investigación concluya por falta de recursos económicos, sobre todo cuando se trata de proteger al testigo principal de un caso, como si al archivar el expediente dejara de ser vulnerable a alguna agresión.
A NINGÚN INVOLUCRADO LE CONVENÍA QUE SIGUIERA LA INVESTIGACIÓN: COLORADO
Hay algo que Rosendo Colorado tiene claro: a ninguno de los implicados -ni empresarios ni funcionarios- les convenía que la investigación continuara, y por eso se archivó.
En entrevista con este Semanario, afirmó que desde hace tres semanas comenzaron a retirarle su equipo de escoltas, lo que lo hizo sospechar que la investigación no llegaría a buen puerto.
Era de esperar, pues tanto los empresarios Roberto Valadez García y Carlos Patiño, como Cynthia Gissel y Jesús Damián, saldrían perjudicados judicialmente, por lo que optaron por negar lo ocurrido, regresar el dinero y cerrar el conflicto.
Foto: Cristian Torres.- Jaime Bonilla, Gobernador
El ex diputado priista, que se unió a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a partir de la campaña de 2019, hizo un recuento sobre su vínculo con Cynthia y Jesús Damián, quienes le pedían recabar apoyos económicos de empresarios mexicalenses para el voluntariado Gente como Tú, con Bonilla.
La supuesta asociación civil -que no cuenta con registro ante alguna dependencia de gobierno- brindaba apoyos sociales para personas desfavorecidas sin ningún marco jurídico o proceso de fiscalización.
“No estaba registrado, la AC, la suspicacia, cualquier AC debió estar registrada, todos esos depósitos, incluso Cynthia declaró en sus redes, inflando números, de cuántos apoyos habíamos entregado y aun así eso era una confesión, el hecho de decir que regalamos tanto y tanto, pero la Ley dice que también debiste hacerlo de la forma jurídica”, reclamó Rosendo Colorado.
Refiere que le solicitaban apoyos por 100 mil o 200 mil pesos que recolectaba con sus amigos de la iniciativa privada; cada peso se gastaba para el apoyo social. Sin embargo, para el mes de septiembre u octubre, García Soberanes les requirió un monto superior a 20 millones de pesos para erogar los primeros compromisos del programa de desayunos escolares, proyecto insignia del gobernador, el cual inició el lunes 4 de noviembre. Una investigación de ZETA confirma que ese día se firmó el contrato y se inició con la cobertura, sin un proceso de licitación.
Según Colorado, era una gran suma de dinero, por lo que cualquier empresario pediría un aval, una garantía, un comprobante o documento que dejara constancia de la donación. Ante ello, Cynthia ofreció los contratos para proveer alimentos en los penales de Baja California, pero no se concretó en ese momento.
“Se vio transparente y real, pero estaban todos en la mesa los que ya señalé (Amador, Jesús Núñez y Cynthia), y estas personas que ahora forman parte del gabinete de Bonilla, me dicen: ‘Te vamos a dar el suministro de las cárceles, tenemos que hacer las cosas bien, muy, muy puntuales con generar ahorros al Estado, luego el dinero no llega a donde tenía que ser’, mienten, y ahí descubrimos. Yo comento con los empresarios, les pregunto si lo denunciamos, y dijeron que mejor no, ‘deja ver qué onda, que nos devuelvan el dinero porque estaban pagando en intereses’, lo empiezan a devolver una parte, quedan pendientes siete u ocho millones”.
Rosendo continuó:
“Ellos (empresarios y funcionarios) quedaron exhibidos, en lo personal, siempre fue cuidar sus intereses económicos, porque ellos estaban chingando, nadie me quiso respaldar, los que se chingaron la lana se hicieron patos”.
Sus ex amigos empresarios se molestaron cuando interpuso la denuncia ante la Secretaría de Honestidad. Por ello, al ser llamados a declarar, negaron toda información, e incluso dijeron no conocerlo, cuando la propia FGE se hizo de evidencia de que sí había un vínculo.
En enero fue citado nuevamente a declarar ante la FGE y, en ese momento, la encargada de la investigación -de la que no mencionó nombre- le dijo que no se preocupara porque había avances importantes en la investigación, ya que con apoyo de la UIF se detectó la compra de más vehículos lujosos comprados en efectivo por parte de Núñez Camacho, e incluso la inyección de capital a las cabezas de ganado propiedad del padre de Cynthia García Soberanes, cuyo origen del recurso resultó inexplicable para el Ministerio Público.
Agregó que, aunque no tuvo acceso al expediente, supo de diligencias que se hicieron, como la de mandar a testificar a los involucrados en el retén militar, donde supuestamente fue detenido el secretario particular de García Soberanes por miembros del Ejército Mexicano, con una fuerte suma de dinero, parte de los supuestos sobornos.
La propia fiscal le comentó que otros empresarios de Tijuana denunciaron actos similares que robustecieron la indagatoria.
Colorado dijo que él sólo fue uno de los encargados de realizar ese tipo de diligencias, toda vez que otros recibieron solicitudes similares, pero decidieron callar y actualmente forman parte del Gobierno del Estado.
Respecto a la investigación administrativa, considera que tendrá el mismo resultado, pues también en el mes de enero le citaron a declarar, pero pidió que solicitaran una copia de su declaración a la FGE, puesto que la última vez tuvo que permanecer en la oficina entre siete y ocho horas, lo que le resultó sumamente cansado.
UN TEMA JURÍDICO SE ARREGLÓ EN LO POLÍTICO: ABOGADO Y SEA
Tanto el abogado Benjamín Almanza como el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Fiorentini Cañedo, encuentran una respuesta en lo político, donde no lo hallan en lo jurídico. El primero de ellos es claro en decir que la Fiscalía tenía la obligación de presentar el caso ante un juez, y que el Poder Judicial determinara sí había o no delito que perseguir.
Recordó que el Artículo 19 de la Constitución Mexicana, establece que la vinculación a proceso requiere solo acreditar un hecho probable de delito y un señalamiento creíble para permitir una investigación ante el juez.
“Mi opinión es que es más jurídico que político, por menos que esos señalamientos hay cientos de personas vinculadas a proceso. El requisito constitucional es mínimo, el nivel probatorio, es mínimo, solamente que haya un señalamiento o indicio, primero que se acreditó un delito”, refiere Almanza, quien considera, se deja un pésimo precedente, pues los bajacalifornianos votaron por un cambio, el cual no se ve reflejado con este tipo de resultados.
Agregó que sí ambos funcionarios son inocentes, el gobernador Jaime Bonilla Valdez tendría la obligación de regresarlos a sus puestos, pues se violó su debido proceso y se dio un despido injustificado.
Fiorentini Cañedo coincidió en el tema político, y descalificó las acciones del Gobierno del Estado en torno al combate a la corrupción, al no existir estrategia real para erradicar este “virus” tan incrustado en la sociedad.
Recordó que la última vez que sesionó el Comité Coordinador, tanto funcionarios como consejeros se pusieron de acuerdo para “reventar” la reunión, lo cual quedó al descubierto cuando revisaron sus “acordeones” que dejaron en la mesa.
Este tipo de conductas, además de la embestida que ha emprendido el gobierno para reducir el peso jurídico del SEA en Baja California, dejan claro el poco interés que tienen en que un sistema ciudadano funcione.
Almanza reclamó que tal parece que la investigación no solo debe acreditarse a través de testimonios, sino por medio de la auditoría de bienes y uso de recursos, para lo cual pudieron solicitar ayuda de la UIF, lo cual es sumamente sencillo.
NO DEBEN VOLVER AL GABINETE: MONSERRAT
La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, Monserrat Caballero, se dijo respetuosa del resultado de la investigación, pero ante la duda que generó el comportamiento de ambos servidores públicos, no deben volver al gabinete.
“Mi opinión generalizada es que lamentablemente no hubo más tela de dónde cortar, y si decidió darles carpetazo, deben tener los elementos para llegar a esa conclusión, pero en Morena estamos en un punto, un plan de trabajo y no dar espacio a dudas, se respeta, pero esas personas no regresarán a esas funciones. Luego entonces actuamos sobre la norma, hay duda, sí la hay para los ciudadanos, la Fiscalía ya determinó, en Morena determinamos que no pueden volver a esos cargos públicos”, reiteró.
En su perspectiva, falta mucho que ajustar en el marco jurídico vigente, toda vez que históricamente ha beneficiado a “bribones” que se han aprovechado de la función pública para cometer actos de corrupción de manera impune.
Aunque Caballero no pudo precisar exactamente qué mecanismos requieren ser modificados urgentemente, Fiorentini Cañedo concordó en que la legislación está hecha para que los políticos se protejan entre sí, y urgió al Congreso a definir una Ley de Extinción de Dominio que permita endurecer sanciones contra funcionarios y empresarios corruptos.
Por su parte, la diputada Eva María Vásquez declaró que resulta sumamente lamentable la decisión, pero extendió su señalamiento hacia otras figuras que también se vieron involucradas en los actos de corrupción, pero que permanecen dentro del gabinete de Bonilla Valdez, como es el caso de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno.
La legisladora panista considera que la Fiscalía y el Gobierno del Estado le fallaron a la ciudadanía porque había testigos y evidencia, pero faltó voluntad política para resolver este caso tan emblemático del actual gobierno.
CYNTHIA GISSEL ACUSA A RUIZ URIBE
La única declaración oficial que pudo tomarse de Cynthia Gissel García Soberanes, es una publicación en su red social Facebook, realizada el 10 de abril, cinco días antes de que fuera exonerada.
La ex priista aprovechó ese espacio -donde no hay manera de cuestionarla- para defenderse sobre las acusaciones y señaló directamente al delegado único del Gobierno de México en Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, de todo el problema en que se vio involucrada.
Expuso que todo el escándalo surgió a raíz de sus declaraciones del funcionario federal, donde señaló que cruzó el retén de El Centinela con una “estratosférica suma de dinero”, lo cual -refiere- nunca pudo acreditar.
Agregó que Ruiz Uribe tuvo un conflicto con ella cuando intentó imponer a funcionarios dentro de su dependencia, a lo que ella se negó.
“Te vas a arrepentir de no hacerme caso, el próximo gobernador voy a ser yo, Bonilla solo va a estar un año y ocho meses”, dijo García Soberanes que le respondió ante la negativa.
Referente a los señalamientos de Jaime Rojo Peñuelas y Rosendo Colorado, los calificó de falsos e inverosímiles, y además resultaron desacreditados por los propios implicados que dijeron no conocer a Cynthia, a Jesús, a Amador e incluso a Rosendo.
Por último, en torno a los mensajes de WhatsApp utilizados como prueba, García Soberanes comentó que fácilmente pueden ser editados a través de aplicaciones de celular como Yazzy o Whatsfake, lo cual asegura ocurrió.
