Tras la reapertura del relleno sanitario EcoWaste, ubicado en la colonia Francisco Zarco, de Tijuana, después que obtuvo una suspensión del Tribunal Administrativo de lo Contencioso a la clausura interpuesta por el Ayuntamiento de Tijuana, vecinos afectados por la contaminación de este relleno, acusaron la existencia de actos de corrupción.
Fue el pasado 10 de abril cuando la dirección de Protección al Ambiente municipal, clausuró las operaciones de este relleno para evitar riesgos a la salud de quienes viven cerca, después de hacer una inspección en el lugar, derivada de las quejas ciudadanas.
Sin embargo, a partir del lunes 20 de abril, el relleno reabrió sus puertas, después que la magistrada Flora Arguiles Robert, del Tribunal Contencioso Administrativo de Baja California, le otorgó una suspensión a la clausura, argumentando que las medidas tomadas por el Ayuntamiento no eran de su competencia.
Los abogados Carlos Atilano Peña y José Evaristo Zepeda, quienes han fungido como asesores legales de los colonos afectados, manifestaron que están estudiando el tema por considerar que han existido algunas inconsistencias en la manera como se ha llevado el caso; asegurando que están recabando pruebas de un posible conflicto de intereses y actos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno estatal.
Asimismo, Zepeda señaló que la magistrada Arguiles Robert actuó favoreciendo a la empresa EcoWaste, a quienes dieron facilidades para que presentaran los recursos legales para hacer efectiva la suspensión de la clausura; mientras que, a los ciudadanos inconformes, les han puesto una serie de obstáculos para atender sus peticiones.
Por parte de la empresa señalada, el director ambiental, Rufino Radilla Camacho, explicó que desde el año 2017 obtuvieron los permisos por parte del gobierno de Baja California para operar con el lodo residual que proviene de una planta tratadora en Estados Unidos, que recibe los desechos provenientes de Tijuana, y que antes se trataban en la estación de Punta Bandera.
Randilla rechazó que los hubiera favorecido por corrupción, y aseguró que todo fue hecho con base a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, en la que se establece que el tipo de residuos que manejan es competencia estatal.
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