En un solo movimiento, el dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez, perdió el control de su bancada en el Cabildo mexicalense y ahora enfrenta tremendo problema, pues su indecisión ha provocado que algunos grupos panistas lo vean mal, por lo menos en la diezmada militancia de la Capital del Estado.
Y es que la semana pasada, el regidor Héctor Ibarra Calvo renunció a la coordinación de su bancada tras el conflicto que sostuvo con sus compañeros Diego Echeverría y Cristina Mares Vejar, quienes rompieron con los acuerdos y negociaciones del Partido Acción Nacional en torno a la reestructuración de la deuda municipal y votaron a favor, pese a que la indicación de su fracción era oponerse.
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A pesar que ambos aplicaron un “Bujandazo” al negociar por su cuenta y romper con el partido para beneficiarse con posiciones, la postura de la dirigencia estatal fue tibia e incluso complaciente, y no pasó de un muy cuestionable anuncio de una posible investigación en su contra, expresada más por presión de la prensa que por verdadera convicción.
La indecisión de Méndez provocó que la ya distanciada relación entre Ibarra Calvo -más afín al grupo de Gustavo Sánchez, y por ende contraria a las mecenas del “kikismo” de Baja California- y la dirigencia estatal terminara por romperse, y ahora no le queda otra que delegar la coordinación a los otros dos regidores que, ya dejaron claro, pueden negociar por su cuenta sin consultar al partido.
La ganadora en esto es la alcaldesa Marina del Pilar Ávila, pues la oposición ya había encontrado un “bloque” de mediano nivel que podía hacerle frente a algunas decisiones, pero ya les encontró la forma.
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Premiado
Israel Clemente González, quien saliera por la puerta de atrás de la Secretaría de Salud de Baja California, donde se desempeñaba como director administrativo, fue premiado por el Gobierno del Estado, pues a escasos meses de ser removido del cargo en cuestionables circunstancias, sus servicios fueron requeridos nada menos que en la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, bajo el mando de Salomón Faz, recientemente ungido como responsable de la administración material y humana del Estado.
El funcionario proveniente del gobierno kikista y que posteriormente formó parte de las filas de la Cuarta Transformación durante los primeros meses del bonillismo en la Secretaría de Salud, fue ubicado en un puesto privilegiado, pues ahora firma las adquisiciones del gobierno, sin importar que sostuvo un conflicto muy abierto con Pérez Rico, al grado que se le vinculaba con las falsas denuncias interpuestas contra la dependencia por el supuesto cobro de moches para entregar contratos a favor de empresas que posteriormente negaron las querellas.
Llama mucho la atención que el gobernador Jaime Bonilla Valdez viva descalificando a su antecesor, pero mantenga en puestos clave a cercanos a “Kiko”, que no precisamente tienen la mejor reputación.
3 millones de pesos
El Ayuntamiento de Mexicali debe nada menos que 3 millones de pesos a la Fraternidad Policíaca, dirigida por el ex Comandante Antonio Navarrete Castillo. Dicho adeudo proviene de la administración del panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, quien prácticamente desvió las aportaciones de más de mil 400 policías, sin responder a nadie y sin saber a dónde se canalizó el dinero.
Aunque no fue generada por Marina del Pilar Ávila, como representante del gobierno municipal, se ha vuelto su deuda. Este retraso ha impedido brindar apoyo financiero a siete familias de agentes fallecidos.
