El 31 de octubre de 2019 se venció el decreto que exime del pago de derechos por consumo de agua a las asociaciones civiles o religiosas que brindan asistencia social. Esta semana, dos albergues migrantes recibieron una notificación telefónica sobre el posible corte del servicio por falta de pago.
Fue durante la mañana del martes 17 de marzo cuando la Casa del Migrante Tijuana y la Casa Madre Assunta recibieron una llamada por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), aunque horas después se pusieron de nuevo contacto para decirles que “siempre no” iba a proceder el corte, por el anuncio que hizo el gobernador Jaime Bonilla de no generar recargos ni cortes durante la contingencia por el COVID-19.
Gilberto Martínez, administrador de la Casa del Migrante Tijuana, comentó con este Semanario que cada año son beneficiados con el decreto que los exime del pago por el servicio de agua potable; pero desde que se venció el anterior, han acumulado más de 40 mil pesos semanales en el gasto de agua, sin contar con la posibilidad para cubrirlo.
“Siempre hemos tenido este apoyo de la condonación del pago del agua por el decreto, como la mayoría de los albergues que atienden a los migrantes”, declaró Martínez.
Señaló que cada año se renueva el decreto, aunque por el cambio de administración estatal el anterior venció el 31 de octubre. Desde entonces están en la espera de que se emita el correspondiente para este 2020.
Por su parte, Paulina Olvera, directora de Espacio Migrante en Tijuana, consultada sobre este tema, comentó que al ser un espacio de nueva creación, aún no ha logrado obtener la constancia como asociación civil. El albergue abrió sus puertas en junio del año pasado, buscando la constancia para ingresar al programa de condonación; pero hasta este mes de marzo no han podido avanzar en el trámite.
Personal del Gobierno del Estado les informó que se estaba revisando el protocolo para la asignación de esta constancia, la cual es el principal requisito para lograr ingresar al programa de condonación del pago del agua. La excusa en el retraso de este trámite fue que las autoridades se encontraban revisando “qué asociación trabaja y cuál no”, para entregar el documento.
En lo que se resuelve, comentó Olvera, son los mismos integrantes de la asociación civil quienes -con donaciones o sus recursos propios- cubren el pago de los recibos de agua por cerca de 5 mil pesos mensuales, para evitar cualquier corte y no tener complicaciones que afecten la integridad de la población vulnerable que atienden.
La CESPT informó a ZETA que las mismas asociaciones civiles solicitaron asistencia a través de la línea 073 para consultar la situación, siendo canalizados al departamento de Cobranza, donde se les informó que el corte no procedía, al ser identificados como beneficiarios del decreto. Sería el Congreso local quien deba emitir este decreto, lo que se tiene previsto que suceda dentro de tres semanas.
