Los representantes del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador; del Poder Judicial, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, firmaron este jueves 5 de marzo, un acuerdo para colaborar en el caso Ayotzinapa.
El convenio se signó durante una reunión en Palacio Nacional, con los padres y las madres de los 43 normalistas de la Normal Raúl Isidro Bugos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.
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“[Se comprometen a] realizar y colaborar en todos los actos que resulten necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente”, indica el texto, en el primero de tres puntos.
El segundo compromiso es para reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas a las víctimas, en concordancia a los principios de un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad.
“Dar seguimiento de manera puntual y permanente al Caso Ayotzinapa, para no dejar en el olvido los hechos derivados del mismo y, en su oportunidad, hacer del conocimiento de la sociedad la verdad”, señala el último rubro.
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El titular del Poder Ejecutivo Federal compartió en sus cuentas de las diversas redes sociales, el acuerdo de una sola hoja con las rúbricas de los tres servidores públicos. “No solo es razón de Estado, sino de nación”, indicó el mandatario nacional.
Por su parte, los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron al presidente López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto Castillo, indague también el caso Iguala.
La petición se dio en Palacio Nacional, durante reunión en la que también participaron los titulares de la secretarías de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero Dávila, y el de la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.
Según informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra, los padres entregaron al mandatario nacional un documento en el que plantearon lo que consideran que deben ser las acciones a tomar, entre las que se pide que la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indague al ex acalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.
Además de a Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); y a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
En tanto, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), agregó que al fiscal Gertz Manero le pidieron que inicie ya acciones penales en contra de ex funcionarios federales, estatales y municipales, al igual que otras personas implicadas.
Por su parte, el Fiscal General refrendó su confianza y respaldo a Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, mientas que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que aceptó la reunión como muestra de apoyo a los familiares.
López Obrador aceptó el escrito y se comprometió a realizar un cronograma que contemple acciones hasta septiembre. Asimismo, de los nuevos hallazgos en fosas clandestinas, fueron enviados seis restos humanos a la Universidad de Innsbruck.
La reunión de este jueves 5 de marzo fue la quinta privada que sostienen los padres de los 43 normalistas con López Obrador. En septiembre, antes del quinto aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, se reunieron por primera ocasión, luego sostuvieron encuentros bimestrales en noviembre y enero de 2020, y a partir de ahí han sido mensuales.
Firmamos un acuerdo con el fiscal General, Alejandro Gertz y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para trabajar juntos en el propósito de esclarecer y hacer justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. No solo es razón de Estado, sino de naciónhttps://t.co/giloLcxyGX pic.twitter.com/ECNhUP8oEO
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 5, 2020
