La Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró durante una sesión extraordinaria realizada este jueves 6 de febrero, como “infundado” el último recurso de reclamación que retrasaba el proceso para que se pronuncie sobre la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, de dos a cinco años.
El mandatario estatal interpuso el recurso de reclamación 178/2019-CA, derivado de la controversia constitucional 324/2019, que promovió el Poder Legislativo bajacaliforniano, en la cual se cuestionó la validez de ampliar tres años el periodo de gobierno.
Los ministros de la Primera Sala de la SCJN (Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández) rechazaron por unanimidad el recurso de reclamación interpuesto por Bonilla Valdez.
El actual gobernador de Baja California cuestionó las facultades del Congreso estatal para promover dicha controversia constitucional, lo cual rechazaron los cinco ministros, por lo que podrá continuar el análisis del asunto.
El pasado 20 de enero, el ministro José Fernando Franco González-Salas consideró en un acuerdo que era preciso resolver dicho recurso de reclamación para poder continuar con el proceso dentro de la SCJN.
“Se advierte que está pendiente de dictarse resolución en el recurso de reclamación 178/2019-CA, derivado de la controversia constitucional en que se actúa, por lo que se reserva fijar fecha para que y tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos”, indicó el ministro Franco González-Salas en el acuerdo.
Además del Poder Legislativo bajacaliforniano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de insconstitucionalidad en contra de la llamada “Ley Bonilla”, que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador de Baja California.
Dicha acción se acumuló con los medios de control constitucional que presentaron los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de Baja California (PBC), que buscan que el mandato de Jaime Bonilla Valdez dure solo dos años.
Los recursos fueron asignados para su estudio a la ponencia del ministro José Fernando Franco González-Salas, al igual que la controversia constitucional que promovió la administración de Francisco Vega de Lamadrid, ex gobernador de la entidad y el Instituto Nacional Electoral (INE), las cuales ya fueron desechadas por la SCJN.
El pasado 4 de noviembre, Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está “totalmente” en contra de la llamada “Ley Bonilla”.
“El presidente López Obrador ya se pronunció en términos de lo qué pasó en Baja California y el presidente López Obrador dijo que está totalmente en contra de lo qué pasó en Baja California”, expresó el funcionario federal durante una entrevista con la cadena televisiva La Octava, de Grupo Radio Centro.
Sin embargo, Scherer Ibarra indicó que a pesar de estar en contra de la llamada “Ley Bonilla”, el titular del Poder Ejecutivo Federal no interpondrá un recurso ante la SCJN, para evitar que se genere presión sobre la decisión que deberán tomar los ministros ante las cuatro acciones de inconstitucionalidad que habían sido presentadas por diversos actores.
“Pero el presidente López Obrador también es respetuoso del Poder Judicial y sabe el peso que tiene el Ejecutivo en las decisiones que pueda tomar el Judicial. Entonces, el presidente, sabiendo que hay cuatro acciones ya en el Poder Judicial, dice ‘¿para qué cargo una quinta acción de inconstitucionalidad al Poder Judicial, con el peso que tiene todo el Ejecutivo Federal, que eso puede hacer que el Judicial pueda tomar una decisión distinta a la que pueda tomar”, abundó el Consejero Jurídico de la Presidencia.
“Yo ya me pronuncié, en lo personal, no estoy de acuerdo con lo que se hizo en Baja California, que ellos decidan lo que quieran decidir […] Yo creo está muy largo lo que ya pasó, no creo que tenga mayor discusión. Estoy cierto de que hay una Constitución sobre la que se votó y punto”, acotó el funcionario federal.
¿Dos años?, le preguntó un conductor del programa ‘Los Periodistas’. “Como debe ser”, respondió Scherer Ibarra.
Por su parte, López Obrador afirmó el pasado 4 de diciembre, que respetaba la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de considerar inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, aprobada en el Congreso de Baja California para ampliar, de dos a cinco años, el periodo de mandato del actual gobernador.
“Quiero decir que respetamos la decisión que tomo la Suprema Corte [sic] el día de ayer declarando inconstitucional la reforma que se hizo en el Congreso local de Baja California, el Tribunal Electoral, a petición de la Corte”, indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
El titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que la acción de respetar la opinión de la autoridad electoral, “deja de manifiesto que no somos iguales, se acuerdan allá mismo en Baja California, acordaran en lo oscurito y luego usaban los órganos para legitimar lo que ya habían negociado o ya habían transado”, recordó.
A través de una opinión solicitada por la SCJN, el TEPJF consideró el pasado 3 de diciembre, que es inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, ya que siete magistrados coincidieron en que la modificación se aparta de la “regularidad constitucional”.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que la reforma aprobada por el Congreso bajacaliforniano, que permite ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez como gobernador es inconstitucional.
“No es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido al Gobernador por voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años, pues el texto transitorio impugnado de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la norma suprema […] no es válido que se prorrogue el mandato”, señaló el TEPJF.
Sin embargo, en la opinión jurídica solicitada por el ministro José Fernando González-Salas, se considera la prórroga o ampliación de mandato también viola el principio de no reelección previsto por la Constitución Federal.
“Los artículos constitucionales transitorios que han sido impugnados violan el principio de no reelección consagrado en el artículo 116, fracción I de la Carta Magna, de tal suerte que la norma impugnada resulta inconstitucional por violentar el principio de no reelección”, abundó el TEPJF.
Los siete magistrados consideraron, además, que los temas de retroactividad, división de poderes, prohibición de leyes privativas y conclusión de los efectos que tiene el artículo transitorio reformado van más allá del ámbito electoral.
El documento, remitido a la SCJN el pasado 30 de octubre, como parte del análisis que se realiza de la acción de inconstitucionalidad, contó con el respaldo de los siete magistrados que integran la Sala Superior, quienes firmaron el documento.
Anteriormente, el TEPJF desechó en varias ocasiones los recursos interpuestos por diversos actores por considerar que escapaba el ámbito electoral, a pesar de que en al menos tres ocasiones señaló que el periodo de la elección donde obtuvo el triunfo Bonilla Valdez era solo por dos años.
