La iniciativa del Gobierno del Estado de Baja California no regulariza esos vehículos, pero le permitiría recaudar mínimo 400 millones de pesos. Vendedores de autos usados y nuevos consideran que la medida aumentará el contrabando
A partir del 10 de febrero, el Congreso de Baja California dictaminará la iniciativa que creará al Instituto de Identidad Vehicular, organismo descentralizado que se encargaría de censar a los llamados autos “chocolate” a cambio de un medio de identificación (engomado).
Tras las modificaciones legislativas, el dictamen podría aprobarse antes del día 21 del mismo mes, pese a que la iniciativa es “inconstitucional”, y viola los acuerdos suscritos entre Gobierno del Estado y Federación.
Con ello, la administración emanada de Movimiento Regeneración Nacional, tendría impacto en la economía de los propietarios de autos irregulares, arguyendo el combate a la inseguridad y la contaminación, sin garantizar la regularización de esas unidades.
Eva María Vázquez , diputada del PAN.
Esto último se lee en la propia iniciativa, que a la letra dice: “Es importante resaltar que el documento que expida y otorgue ese instituto no representaría un instrumento oficial con el que se acredite la legal estancia de la unidad vehicular de procedencia extranjera en el Estado”. Así, pues, la medida bonillista podría sumarse al rotundo fracaso de los esfuerzos que anteriores administraciones emprendieron en la materia.
FEDERACIÓN, ÚNICA FACULTADA PARA REGULARIZAR
Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista, señaló a ZETA que la iniciativa enviada al Poder Legislativo es “inconstitucional”, toda vez que el Artículo 131 de la Carta Magna establece:
“Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos que sea su procedencia”.
Esto significa que toda la reglamentación en materia de vehículos irregulares corresponde a la Federación, no al Estado, explicó el especialista. Por esa razón el gobierno de Baja California “no puede censar, ni disponer o avalar bajo ninguna circunstancia el control de esas unidades”, que al ser introducidas al país sin cumplir con las leyes fiscales, implican contrabando.
En términos jurídicos, el Estado está invadiendo competencias, pues si bien la Federación no ha hecho nada para resolver el problema y la propuesta del Estado no es “descabellada”, sí viola la Constitución mexicana, y por tanto es ilegal, afirmó.
Adicionalmente, el convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal que signó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Gobierno del Estado de Baja California (vigente desde el 12 de agosto de 2012), señala en su decimosegunda que la entidad “deberá negar el otorgamiento de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de los vehículos en los casos que no se acredite la legal estancia o tenencia en el país en el régimen de importación definitiva, tratándose de vehículos de procedencia extranjera”.
Semejante compromiso también establece el Anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal federal entre SHCP y el Estado (vigente desde el 27 de septiembre de 2016); sin embargo, este documento sí faculta a la autoridad estatal a embargar mercancías de contrabando, incluidos autos “chocolate”.
Los documentos mencionados son públicos, cualquier ciudadano puede consultarlos, particularmente los dos últimos en el portal del Diario Oficial de la Federación.
Cuestionado sobre la contradicción entre el Anexo 8 y la iniciativa, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, aseguró: “No, no tiene absolutamente nada que ir en contra, ese (la iniciativa) es el ejercicio soberano de un Estado donde como dice el gobernador Bonilla, el 80% de los vehículos que cometen delitos son ‘chocolate’”.
Pero Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), indicó en entrevista que el Anexo 8 no solo da facultades al Estado para combatir el contrabando de vehículos, también obligaciones, por lo que calificó “muy grave” la pretensión del gobierno bonillista.
Alejandra León Gastélum, senadora de Baja California
“Es posible que el gobernador desconozca la existencia de esta obligación, pero el hecho de que él (Jaime Bonilla Valdez) no lo haya firmado como gobernador no lo exime, como a cualquiera que ocupe el cargo, de darle debido cumplimiento”, sostuvo.
Montserrat Caballero Ramírez, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, reconoció que existen “puntos que son contradictorios” entre el Anexo 8 y la iniciativa, aunque aseguró que los legisladores cotejarán para no violentarlo y modificarán la iniciativa estatal en los trabajos que harán las comisiones de Hacienda y Gobernación, encabezadas por morenistas.
TEMA AMBIENTAL, UNO DE LOS VACÍOS DE LA INICIATIVA
A decir de la diputada Caballero Ramírez, la iniciativa consta de más de 30 artículos, y reiteró que esa norma no regularizará los autos “chocolate”, como la gente -por confusión- piensa.
“Vamos a hacer un padrón vehicular para saber con cuántos vehículos contamos, en qué situación están y solo van a poder circular en Baja California, pero no en carreteras federales”, dijo, a la vez de observar la necesidad de dejar en claro qué modelos entrarían en dicho registro, puesto que no se considerarán los automóviles de lujo. Eso tampoco se especifica en documento.
Aunque es el pretexto de la propuesta estatal, otro vacío radica en que en la iniciativa de Ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado se lee que este tiene como objetivo evaluar los niveles de emisiones contaminantes de los vehículos, pero no precisa qué ocurrirá con aquellos que no pasen esa verificación.
Si la principal motivación del Ejecutivo es combatir la contaminación en Tijuana y Mexicali, se debe dejar “muy claro” qué va a suceder con esos vehículos, además de cuáles y cómo operarán los centros de verificación, opinó.
CENSO PODRÍA RECAUDAR POR LO MENOS 400 MDP
No existe una cifra oficial precisa sobre cuántos autos irregulares hay en Baja California. El censo de la administración pasada señalaba 100 mil, pero en el caso del secretario general del Gobierno, lo estima en un millón.
La mayoría de los entrevistados consideraron que sumarían hasta 400 mil vehículos, por lo que, se estima que el gobierno recaudaría por lo menos 400 millones de pesos al año, ya que según la iniciativa, el trámite costaría “como mínimo mil pesos” y tendría que renovarse anualmente. El trámite podrán hacerlo las personas que presenten documentos que acrediten la propiedad del vehículo y cuenten con licencia de conducir vigente.
En cuanto a las sanciones por incumplir con las disposiciones de esta nueva Ley, la iniciativa indica que se impondrán multas. La mínima va de 30 a 50 UMA (Unidad de Medida y Actualización) y la remisión del vehículo, equivalentes a más de 2 mil 606.40 pesos, sin contar el arrastre y el tiempo en que esté en el depósito o corralón.
“En caso de reincidencia, la multa impuesta se duplicará y se procederá a la remisión del vehículo”, de incumplirse con las fracciones III y V del Artículo 30, reza el documento. En tanto, si se violan las fracciones I y II del mismo artículo, la multa será de 50 a 70 UMA con remisión del vehículo al depósito, equivalentes a más de 4 mil 344 pesos.
Conforme a los 29 artículos de la iniciativa a los que ZETA tuvo acceso, no está claro cuántos recursos económicos y de personal requerirá el Instituto de Identidad Vehicular para operar. Según Caballero Ramírez, la Comisión de Hacienda determinará su viabilidad financiera, y tentativamente el organismo dependerá del Ejecutivo.
Eva María Vázquez Hernández, diputada local panista, aseguró que esta iniciativa es meramente recaudatoria y va en detrimento de los bajacalifornianos, más aún cuando presenta “tantas lagunas”, cuyos puntos deja a discreción o interpretación de la autoridad. Aunado a que no justifica el tema ambiental (que solo se enuncia), ni el de seguridad.
Se pronunció a favor de que el Congreso haga un parlamento abierto en que se escuchen todas las voces, pero adelantó la posibilidad de que la mayoría morenista dé un albazo legislativo como en diciembre de 2019, con el alza de impuestos.
Por otro lado, Alejandra León, senadora por Baja California, observó la contradicción en la misma autoridad estatal, que por un lado fusiona secretarías bajo el argumento de la austeridad, y por la otra, crea dependencias como este Instituto, calificándolo como “ilógico”.
Además, criticó que el gobierno de su otrora compañero de bancada en el Senado es “más recaudador y no le interesa realmente ver el verdadero desarrollo y vocación del Estado”, tal como ocurrió con el alza de impuestos. “Esa no es la política de la Cuarta Transformación”, advirtió León.
MEDIDA ESTATAL INCENTIVARÁ CONTRABANDO
Fernando Parra Carrillo, presidente del grupo especializado de autos usados de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, manifestó su desacuerdo con la iniciativa estatal, dado que son vehículos de contrabando.
Previó que si la medida prospera en el Congreso local se incentivaría el contrabando, ya que la gente preferirá pagar mil pesos al año por el engomado que hasta 2 mil dólares que se cobran por importar un automóvil. Con esto también se incrementaría la corrupción en las aduanas.
Por su parte, Guillermo Rosales Zárate, director de la AMDA, externó que la iniciativa y el discurso electoral de Bonilla generan la expectativa de que pronto habrá un esquema de regularización, lo que está haciendo el “caldo gordo” a los comerciantes que introducen vehículos de contrabando como a las organizaciones que lucran con la “defensa” de la circulación de estos.
Aunque consideró no habrá una excepción para Baja California, y por ende no se regularizarán los autos irregulares, la AMDA reiterará el llamado a las secretarías de Gobernación y de Hacienda para que adviertan de la gravedad de lo que pretende hacer Bonilla Valdez; en su caso emprenderá “las acciones necesarias” ante la Fiscalía General de la República.
SIN VISOS DE PRONTA SOLUCIÓN
De acuerdo con la afectación de cada sector, se plantea una solución. Para los comerciantes de carros usados, los autos “chocolate” acabarían al disminuir el valor de las importaciones.
La regularización sería el ideal para Anapromex. Según su dirigente, Fidel Villanueva, a quien el 7 de febrero se reunió con el senador Ricardo Monreal en busca de modificar la última Miscelánea Fiscal. Incluso adelantó que la Secretaría de Seguridad federal trabajará en un Registro Público Vehicular (Repuve) que costará no más de 250 pesos.
La industria automotriz nacional -que emplea a más de 3 millones de personas en el país- pugna por que se respete a cabalidad el decreto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prorrogó por tercera ocasión consecutiva para regular la importación definitiva de vehículos y restringirla, pese a que el aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte posibilita la importación de autos de Estados Unidos y Canadá con una antigüedad mayor a diez años.
En medio está el ciudadano que no podría adquirir un auto nacional nuevo o seminuevo, y que padece un transporte público ineficiente y caro. Esa sociedad decente que hace el esfuerzo de traer un carro, es la que estará “expuesta a que cuando vayan a los censos, el SAT (con quien el gobierno estatal compartirá la información recabada) pueda ejercer sus facultades y se los quite”, advirtió el abogado fiscalista Adolfo Solís.
Desde 2007, cuando el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther propuso un programa para acabar con los autos irregulares, pasando por José Guadalupe Osuna Millán y recientemente Francisco Vega de Lamadrid que pretendió regularizarlos, no se han logrado los resultados esperados.
La razón es que la regularización es una facultad exclusiva de la Federación, por lo que es indispensable un acuerdo en esa materia entre SHCP y Estado, lo cual no sucederá “tan fácilmente” por la presión de la industria automotriz. Aunque también sea una realidad que se cometan delitos con esas unidades.
Ante la inacción del Servicio de Administración Tributaria, que algunas ocasiones combate a los autos “chocolate” y otras no, al considerar que también es un problema social, en la opinión de Solís Farías “el Gobierno del Estado “debería ser más sensato”.
“En lugar de proponer normas que violen la Constitución, debería tratar de hacer los convenios que brinden certeza a los particulares, porque lo único que está haciendo es engañar y confundir a la sociedad, y eso es inadecuado”, concluyó.
