El tema del recorte presupuestario a partidos vuelve a ocupar la agenda legislativa, en este caso en el Senado de la República, con la misma propuesta: 50% menos para las fuerzas políticas. Consejera del INE opina que hace falta mayor discusión al respecto, mientras diputado de Encuentro Social prevé que en esta ocasión la iniciativa prosperará
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La reducción del presupuesto público a partidos constituye un “asunto legislativo prioritario” en la agenda del Senado de la República y está contemplado para tratarse en el periodo actual de sesiones ordinarias de la LXIV Legislatura, que abarca de febrero a abril.
El tema se retomará en el Congreso de la Unión luego que, el año pasado, la iniciativa que a propósito impulsó Mario Delgado Carrillo en la Cámara de Diputados fracasó, al haberse votado a favor solo por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como de su fuerza política aliada, Partido Encuentro Social, con lo que no se logró mayoría calificada.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el destino que tuvo la propuesta y planteó “volverlo a intentar”, “seguir insistiendo”.
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Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com.- Martí Batres Guadarrama.
En la lista de temas prioritarios de la asamblea senatorial está incluido el proyecto de decreto presentado el 10 de julio de 2019 por el integrante de la bancada de Morena, Martí Batres, en lo referente a “una reducción del 50% del financiamiento público de las prerrogativas de los partidos políticos locales y nacionales con participación electoral en entidades federativas”.
Batres Guadarrama pretende que se modifique el Artículo 23 de la Ley General del Partidos Políticos, relativo al acceso de las fuerzas políticas al presupuesto público, así como el 51 de la misma normatividad, concerniente al monto total a distribuir entre las entidades partidistas.
El proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, donde quedó con estatus de “pendiente”.
En cuanto al Artículo 23, el ex dirigente nacional de Morena apuesta por que los institutos políticos sigan percibiendo financiamiento, aunque a su modo de ver, la partida no debe calcularse con base en la fórmula contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que la cantidad destinada a las actividades ordinarias permanentes de los partidos tendrá que establecerse “multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
El resultado equivale a los fondos que en total reciben los partidos (anualmente): una vez hecha la operación, la cantidad se distribuye entre estos de manera igualitaria en un 30% y proporcionalmente al número de votos obtenidos en un 70%.
A decir del senador, desde 2015 ha habido iniciativas para reformar el 41 Constitucional, encaminadas a que el monto en cuestión se modifique “a través de una disminución de la UMA del 65 al 32.5%”.
Conforme al proyecto de decreto, el “promovente” además desaprueba que las leyes emanadas de los estados de la República no puedan limitar el presupuesto local para los partidos nacionales que participen en elecciones locales.
Tratándose del Artículo 51, el legislador justamente se inclina por que el financiamiento procedente de las entidades federativas se establezca multiplicando el total de ciudadanos inscritos en el padrón local por el 32.5% del valor diario de la UMA.
Batres Guadarrama argumentó que el monto otorgado a los institutos políticos en 2019, ascendente a 4 mil 965 millones 828 mil 351 pesos, representó “una desproporción en las prioridades de nuestro sistema político”, dados los índices de pobreza que existen en México, los cuales alcanzan “cifras alarmantes”, a grado tal que “los programas sociales que se implementan para erradicar este mal no alcanzan”.
INICIATIVA CARECE DE DIAGNÓSTICO: CONSEJERA ELECTORAL
La consejera general del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, reconoció en entrevista con ZETA que si bien las modificaciones hechas hasta el momento en cuestión de presupuesto partidista “han llevado a un incremento injustificado de los recursos”, también es cierto que la pretendida reducción carece de un diagnóstico de sus posibles efectos.
Recordó que la reforma de 2014, con la que se igualó “la forma de financiamiento a nivel federal y a nivel local”, derivó en “un incremento a los recursos que reciben los partidos políticos”. Según señaló, ello “se llevó a cabo sin incluir siquiera una discusión”. Desde su punto de vista, “en el contexto que estamos” también es preciso analizar los alcances o repercusiones que implicaría reducir las prerrogativas. Se requiere prever cómo impactaría el recorte “en las condiciones de competencia”, lo mismo que en el marco de las “fórmulas establecidas constitucionalmente”.
Detalló que ante el hecho de haber “una relación entre los recursos que se reciben anualmente y los recursos que se reciben en campaña (50% más para elecciones presidenciales y 30% más para las intermedias)”, el adelgazamiento del presupuesto llevaría implícita una disminución de los recursos destinados a la contienda, situación que “puede generar una afectación en las condiciones de equidad” o “que haya un financiamiento de otras fuentes y por ende de otros intereses asociados a las contiendas electorales”.
Por lo que a las fórmulas respecta, el análisis respectivo es necesario, pues “la existencia de más o menos partidos políticos no implica que los partidos reciban más o menos dinero en su conjunto”, alertó.
De acuerdo con la entrevistada, de aplicarse hoy la reducción del 50%, “tomando como punto de referencia el 2018, solamente un partido político recibiría más recursos que en 2018, que es Morena; el resto de los partidos políticos recibirían digamos una reducción notable en cuanto a los recursos”.
En caso de que este año se consumen los registros correspondientes, los institutos políticos de nueva creación se verían en una situación mayormente desventajosa; “entrarían con un recurso mucho más disminuido que lo que habrían tenido hace seis años, lo que tuvo por ejemplo Morena hace seis años, lo que tuvo Encuentro Social, lo que tuvo el Partido Humanista”.
Foto: Tomada de Internet.- Pamela San Martín
En resumidas cuentas, la funcionaria del INE manifestó: “Primero lo que tendríamos que preguntarnos es qué problema queremos resolver. Pareciera que el problema que se quiere resolver es que se gasta mucho dinero. Se gasta mucho dinero en relación con qué. Sin duda debemos iniciar una discusión en torno al monto que tendría que entregarse a los partidos, qué fórmula tendríamos que tener, y por fórmula incluso es fórmula de distribución: ¿debemos mantener esta fórmula del 30% igualitario y 70% proporcional?, o se debe buscar una forma de distribución más igualitaria”.
También estimó que si se quiere proceder con la disminución, a final de cuentas deben tomarse múltiples previsiones: “Se va a eliminar el recurso público, pero ¿eso significa que va a poder ingresar más recurso privado? Cuáles son los candados que vamos a poner al recurso privado, cómo vamos a fortalecer la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para que no sustituyamos el recurso público que abierta y oficialmente se da a los partidos políticos por un recurso que puede provenir de gobierno”.
San Martín observó que en caso que el proyecto de decreto esté motivado por el desprestigio que sobrellevan las fuerzas políticas por un problema de representación, entonces debería apelarse a otra gama de medidas, con las cuales los institutos pudieran fortalecerse.
A propósito comentó: “¿Por qué no existe una representación de los partidos? Entre otras cosas, porque lo que tenemos en los partidos son élites que toman las decisiones por el partido”.
En lo respectivo a Morena, consideró oportuno generar mecanismos en el ánimo de evitar que la administración federal destine recursos para conformar una estructura electoral, ante los reclamos del diputado de Acción Nacional, Iván Arturo Rodríguez Rivera, vertidos el año pasado en el sentido de que con la iniciativa de recorte presupuestal, el partido oficial estaba entablando una competencia desleal con el resto de las fuerzas políticas, habida cuenta de contar con cientos de delegados y miles de servidores de la nación concentrados en promover la imagen del Presidente de la República como parte del esquema de implementación de programas sociales (y quebrantando el Artículo 134).
“Me parece que estos son de los pendientes; la Constitución prohíbe que se utilicen recursos públicos de forma parcial o para incidir en la competencia entre los partidos”, sostuvo la funcionaria del INE.
Cuestionó que si el propósito de proceder con la enmienda es “la austeridad como un fin en sí mismo”, en tal caso, “este pareciera ser un fin que puede justificar cualquier modificación sin ver los impactos y los incentivos que se generan”.
Ante todo, planteó que se requiere un uso racional de los recursos públicos, así como la más alta rendición de cuentas por parte de los institutos políticos y fortalecer el sistema de fiscalización “no solo desde la autoridad electoral sino desde los distintos órganos del Estado, llámese Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera”.
Finalmente, Pamela San Martín atajó ser importante que se tenga claro “qué estamos buscando, si la reducción es un fin en sí mismo, o lo que tiene que ser es un fin que lo que busca es generar una carga menor, pero sin afectar el funcionamiento de los partidos”, tomando en cuenta que en su calidad de entes de interés público, “son la principal vía para la participación política de las ciudadanas y los ciudadanos”.
DIPUTADO DE ENCUENTRO SOCIAL PREVÉ MAYOR CONSENSO
El legislador federal por el partido Encuentro
Cámara de Diputados lanza convocatoria para elegir consejeros electorales
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, referente a la elección de consejeros generales del Instituto Nacional Electoral, lo cual se dio con una votación consistente en 443 sufragios.
Este año se deben renovar cuatro espacios en el Consejo General del INE, tomando en cuenta que el periodo de Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco Antonio Baños y Benito Nacif como consejeros electorales está por concluir.
Conforme a la convocatoria respectiva, emitida el 13 de febrero, un comité técnico en el que habrá tres personas elegidas por la Cámara de Diputados y cuatro más designadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, se encargará de seleccionar a una veintena de aspirantes (cinco por vacante).
La Junta de Coordinación, a cargo de Mario Delgado Carrillo, depurará la lista resultante y el 30 de marzo entregará una propuesta de nuevos consejeros, para someterse a consideración del pleno. En caso de que el 31 de marzo las postulaciones no concentren la votación de dos terceras partes de los diputados, el primero de abril se celebrará otra sesión para elegir mediante insaculación. De no concretarse este proceso, el mismo método de selección habrá de repetirse el 2 de abril en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La recepción de documentos de los interesados tendrá lugar entre el 18 y 28 de febrero. La designación del Comité Técnico será el miércoles 26. La remisión de las quintetas por parte de este órgano tendrá lugar el 24 de marzo.
El periodo de los próximos consejeros se extenderá del 4 de abril de 2020 al 3 de abril de 2029.
Para efectos de garantizar la transparencia del proceso (auspiciado por el Poder Legislativo donde, Morena es amplia mayoría) y con el fin de resguardar los datos personales de los aspirantes, la Junta de Coordinación Política “emitirá las versiones públicas a que haya lugar para su publicación, con base en criterios establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”. Eduardo Andrade Uribe
Social, Héctor Cruz Aparicio, opinó que en el actual periodo ordinario de sesiones la propuesta de reducir el presupuesto pudiera contar con mayor consenso, con el visto bueno de diputados de los partidos del Trabajo y del Revolucionario Institucional, así como “algunos otros que se han manifestado en medios de comunicación y que dicen que están de acuerdo con la reducción”, expresó vía telefónica.
Recordó que en 2019, se presentaron varias iniciativas (en el Senado y en la Cámara). “Todas buscaban lo mismo, nada más que con diferentes porcentajes”. En ese escenario, la bancada del PT votó en contra “porque jugó a que traía otra propuesta”.
Se dijo confiado en que en esta ocasión el planteamiento de recorte presupuestario prospere. “En este segundo intento, le veo todas las posibilidades de que sí haya una reducción, yo ahorita me atrevería a decir que será del 50%, o puede tener una leve modificación, ya sea 40 o 30, pero de que va a pasar, va a pasar”.
Previó que el proyecto de Morena, en este caso emanado del Senado de la República, “va a prevalecer” y, una vez que el dictamen correspondiente pase a la Cámara de Diputados, “por el número que hay y las pláticas que ha habido”, se estaría aprobando.
Por otro lado, defendió la consabida iniciativa y los “poquito más de 2 mil 500 millones de pesos” ahorrados, que “pueden servir para más medicinas, mejor equipamiento, escuelas”.
Deploró que existan secretarios partidistas “que ganan más que los funcionarios de gobierno”, con sueldos superiores a 100 mil pesos. A su consideración, es personal que tiene muy alto sueldo “porque sus prerrogativas lo permiten”.
Finalmente, Cruz Aparicio recalcó que la postura de Encuentro Social es de “cero financiamiento” y, conscientes de que no cuentan con los votos para que eso suceda, los miembros de la bancada se van a adherir a la propuesta que mayores posibilidades tenga de salir avante (“la del 50%”).
